Opinion

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ZONA DE DESASTRE

Desafueros de la construcción

1586614Carlos Guevara Mann
opinion@prensa.com

Domingo en la mañana. He permanecido en la capital este fin de semana, contra mi inclinación de salir, desde el mismísimo viernes, de una ciudad crecientemente menos amable y cada vez más hostil, pues hay compromisos que cumplir en esta urbe. Entre ellos, los preparativos de un viaje que me llevará a ciudades un poco más consideradas con el ser humano, el patrimonio cultural y el medio ambiente que ésta, Nuestra Señora de la Asunción de Panamá.

Despierto temprano, pero lo que me ha hecho abrir los ojos no ha sido al canto de la avecilla tropical –el azulejo, el sangre-de-toro, la capisucia que antes abundaban–, como tampoco el sonoro y tranquilizante tañer de las campanas de la iglesia del Carmen. Ha sido el inconfundible estrépito del taladro mecánico que desde las siete violenta la paz social y perturba la tranquilidad pública en este supuesto barrio residencial.

Sí, amigo lector: el taladro, acompañado, por supuesto, de los mazazos, el ruido de los generadores, los chillidos enervantes de las máquinas soldadoras, el estruendo que, minuto tras minuto, causa el descarte de material de construcción y –no podían faltar– los alaridos de los trabajadores, todo lo cual eleva la lectura del ruidómetro –o cómo se llame el bendito aparato que mide la intensidad acústica– a niveles de riesgo, según la Organización Mundial de la Salud y de acuerdo con Rogelio, que tiene por qué saber de esas materias. Esto –recuerdo a usted– ocurre un domingo, día en que, según una antigua disposición municipal, no deben llevarse a cabo ni mudanzas ni obras ni barahúndas ni tumultos que trastoquen el sosiego a que tiene derecho la ciudadanía al menos un día a la semana.

Pongo en el tocadiscos (CD player, para los que por hablar Spanglish ya no entienden el idioma castellano) el Miserere de Allegri, en vano intento por restaurar un poco de quietud en mis modestos predios a través de la ejecución de esas notas sublimes, casi sobrenaturales, cuya ejecución prohibió Urbano VIII fuera del recinto sagrado de la Capilla Sixtina. Pero el ruido abrumador, que penetra ventanas y traspasa paredes, ahoga las súplicas de misericordia (miserere mei, Deus …) que emite el coro del New College de Oxford.

Tendré que recurrir a algo más efectivo (¿el método Silva de control mental?) para aislarme del estropicio y conseguir la inspiración que necesito para terminar la columna a tiempo. A mediodía comienza el programa dominical con mis hijos que incluye, invariablemente, misa, almuerzo, la visita a los abuelos y las compras del supermercado, y para cuya eficaz implementación es preciso iniciarlo a la hora prevista.

Aunque los chicos están a la vuelta de la esquina, habrá que salir con algo de tiempo, pues en una ciudad sometida por constructores codiciosos e irrespetuosos del bienestar colectivo no sabemos cuándo nos encontraremos con que nos han cerrado la calle para entregar equipos, con que el automóvil nos lo han cubierto de una tupida capa de concreto, con que el desplome de una viga destrozó el pavimento o –peor todavía– con que la caída mortal de un obrero no solo puso fin a una vida humana sino, además, obstruyó la circulación por varias horas, mientras el personero municipal se toma su tiempo para hacerse presente y levantar el cadáver, y los agentes del orden público hostigan y detienen a todo el que tenga la mala fortuna de pasar por las inmediaciones, bajo sólida y racional sospecha de haber sido autor intelectual o material de la catástrofe.

Lo que sí puedo asegurar es que al salir encontraré una calle polvorienta, rota y desastrada, cubierta de piedras, arena, madera, caliche, sacos de concreto, clavos que revientan los neumáticos, vigas que causan accidentes entre los peatones y desechos de todo tipo, sobre todo provenientes de la alimentación de los trabajadores, incluyendo –en lamentables ocasiones– los excrementos que les producen la buena (¿o mala?) digestión.

Esta es la otra cara de la construcción, actividad económica sumamente lucrativa para algunos individuos influyentes y sus cómplices, cuyo valor, según la Contraloría General de la República, se estima actualmente en 387 millones de dólares. Por falta de regulación y mala aplicación de la ley este renglón –que podría ser motor de progreso social– produce a la ciudadanía pocos beneficios y múltiples inconvenientes.

Un verdadero compromiso con el desarrollo sostenible exige que se ponga fin a tanto abuso.


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