Opinion

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EL MALCONTENTO

Los derechos bajo el agua de AES

Qué más da lo que haya dicho el relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, qué más da lo que indique el sentido común, qué importan la vida y el futuro de unas cuantas familias de indígenas cuando lo que está en juego es el diseño energético regional…

AES Panamá no tiene freno. No lo tuvo durante las terribles inundaciones y no lo tiene ahora que anuncia triunfal que empiezan a llenar la represa de Chan 75 en el río Changuinola. Allá, en Charco La Pava siguen viviendo familias a las que las fútiles indemnizaciones no les han llegado o no se han acordado y serán “inundadas” para solaz de gobernantes y empresarios, ejecutivos de tres al cuarto y cómplices empleados que juegan a la responsabilidad social corporativa con una mano y al engaño con las dos.

Amnistía Internacional ha emitido una alerta internacional y es extraño. Es extraño porque hasta hace unos meses Amnistía Internacional no miraba a Panamá, porque Panamá, aparentemente, era un terreno vedado para la violación de los derechos humanos. No es verdad. En Panamá no se han dejado de violar los derechos de los más desfavorecidos nunca, pero ahora la situación es de extrema gravedad. El desprecio del Gobierno al marco internacional de los derechos humanos es solo comparable al desprecio del presidente Martinelli por la palabra empeñada (Véase la violación de los acuerdos con los panameñistas o los anuncios mentirosos de cambios en el Gabinete).

Derechos humanos es un oxímoron en Panamá. Lo que ocurre ahora en el río Changuinola viene siendo denunciado por organizaciones como ACD (Alianza por la Conservación y el Desarrollo) desde hace años, las comunidades han puesto sangre, energía, heridos, detenidos y perseguidos en una lucha por sus derechos que ha sido permanentemente ignorada por los gobiernos. Martín Torrijos hizo de secretario ejecutivo de AES Panamá y Ricardo Martinelli está ejerciendo de CEO de la compañía.

AES Panamá ahoga a la población y miente en cada comunicado público. El canciller Varela, que se había comprometido a buscar una solución negociada al conflicto, compró a una parte de la comunidad, se fotografió con ellos y luego los dejó tirados como se bota un pañuelo sucio. Roxana Méndez, la ministra de la buenaventura, no ha dicho esta boca es mía en sus visitas maquilladas a Ginebra y aún falta que aparezca en el escenario Luis Ernesto Carles para poner cara de niño sin confites y anunciar una nueva y tramposa negociación.

Así ha sido en el río Changuinola (privatizado para alegría de la comunidad internacional), así sigue siendo con las víctimas de la represión de Changuinola, de la que estamos a punto de cumplir un año, así sigue siendo con los naso, convocados a decenas de reuniones de las que salen con tan poca cosecha como entraron.

Estoy seguro de que AES enviará una rectificación. Siempre lo hace, para eso tiene a siervos sin alma que redactan las excusas para lo inexcusable. Pero esto, en realidad no tiene nada que ver con ellos, sino con un Estado débil que ha renunciado a poner las reglas del juego y que, cuando lo hace, toma partido siempre por las empresas y los inversores. En Panamá no hay seguridad jurídica, hay coacción empresarial, mafia dedicada a asegurar beneficios a cambio de coimas y negocios paralelos para los que firman autorizaciones y desmanes.

AES Panamá, Sacir, ICA, Mallol & Mallol o la bendecida Odebrecht deben estar felices de la seguridad jurídica que impera en el país (una cláusula que les asegura beneficio a pesar de hacerlo mal). Los pueblos indígenas y campesinos de Panamá, los ciudadanos que luchan por conservar el patrimonio histórico o los que reclaman justicia para las heridas sangrantes que les dejó una lluvia de perdigones enviada por San Mulino de la soberbia cuentan poco en esta ecuación diseñada para el beneficio de unos pocos y el ahogo de la mayoría.

No hay dónde acudir porque el Gobierno ignora las sentencias internacionales, las medidas cautelares o los llamados de atención, así que solo queda luchar de forma organizada: ciudadanía activa no dispuesta a ver cómo su país y su gente quedan bajo el agua. O eso, o el olvido y la indignidad, la vergüenza de haberse quedado callados ante el atropello sin apellidos.

Además en opinión

• La segunda vuelta es inconstitucional: Mario J. Galindo H.
• La corrupción del asistencialismo: John A. Bennett N.
• Los derechos bajo el agua de AES: Paco Gómez Nadal
• La tecnología del primer mundo: Jorge E. Madrid M.
• Educación, educación, educación…: Ignacio M. Escobar Delgado