Opinion

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INFORME

¿Panamá en la CIDH?

Guillermo Cochez, embajador de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), reveló su interés en ser elegido miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la OEA (La Prensa, 8 de mayo). La participación de un conciudadano en esa Comisión debe coincidir con un mayor compromiso del Estado panameño con la protección y promoción de los derechos humanos, según las orientaciones que proveen el Sistema Interamericano y el Sistema de las Naciones Unidas, a los cuales pertenece Panamá.

Ambos sistemas suministran importantes guías para garantizar una vigencia más eficaz de los derechos humanos en los países miembros. Entre los temas que atiende, la CIDH se ocupa de promover una mayor independencia del Poder Judicial y mejorar la situación de derechos humanos de los menores, las mujeres y los pueblos indígenas. En esos renglones, Panamá –como otros Estados miembros del Sistema Interamericano– tiene adelante un camino por recorrer.

Al respecto del Órgano Judicial, el Informe de la situación sobre la libertad de expresión en Panamá, emitido en 2003 por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, señala lo siguiente:

“En varias democracias de América Latina existe una debilidad de las instituciones públicas encargadas del control de las conductas y funciones de la autoridad con relación a sus ciudadanos. Por ejemplo, en muchos países el Poder Judicial no ha actuado en forma independiente del poder político, denegando o emitiendo sanciones tibias a los responsables de abusos y/o conductas corruptas, obstaculizando así la investigación exhaustiva de casos contra instituciones gubernamentales u otros sectores de poder económico”.

Sobre los derechos de los menores –en particular, los privados de libertad– la CIDH deploró los sucesos en el Centro de Cumplimiento de Menores el 9 de enero pasado y reiteró el deber del Estado “de prevenir, investigar y sancionar las presuntas violaciones al derecho a la vida e integridad personal, en particular cuando los hechos ocurren en centros penales” (CIDH, 18 de enero de 2011).

Al respecto de los derechos de los pueblos indígenas y el derecho a la protesta, en agosto de 2010 la CIDH expresó su preocupación “por los graves hechos de violencia ocurridos en una manifestación que tuvo lugar el 8 de julio de 2010 en Changuinola”. En esa ocasión, la Comisión recordó al Estado panameño “su deber de ejercer el control de las manifestaciones dentro del marco de respeto de los estándares interamericanos de derechos humanos” y lo conminó a “investigar los hechos violatorios de derechos humanos con arreglo al debido proceso, hasta su pleno esclarecimiento, así como juzgar a los responsables y reparar las consecuencias de las violaciones” (CIDH, 3 de agosto de 2010).

La libertad de expresión es un tema de particular interés para el Sistema Interamericano de derechos humanos. En su Informe Anual correspondiente a 2010, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, dependencia de la CIDH, enumeró varios casos de acoso y condenas contra periodistas panameños.

También expresó su preocupación por el punto de vista del Ministerio Público, favorable a la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 196 del Código Penal, “que despenaliza parcialmente los delitos contra el honor, en relación con informaciones acerca de altos funcionarios del Estado”. La Relatoría recordó al Estado que las “presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”, tal cual lo establece el Principio No. 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión del año 2000.

Estos son solo algunos de los temas que un comisionado panameño en la CIDH estaría ética y moralmente obligado a promover. Desde su creación en 1959, la CIDH no ha tenido ningún integrante de Panamá. Sería, entonces, oportuno contar en esa Comisión con un miembro panameño, siempre y cuando ese conciudadano estuviese comprometido con la misión de la CIDH y poseyera la integridad, energía y vínculos necesarios para persuadir al Gobierno Nacional de la importancia de impulsar una agenda de derechos humanos consecuente con los postulados del Sistema Interamericano y el Sistema de las Naciones Unidas.

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