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Corte suprema de justicia

Controvertido nombramiento

La ministra Alma Cortés dijo que no se tomó en cuenta a la sociedad civil, porque con las reformas constitucionales ‘tienen mucho trabajo que hacer’.

designado. El nombramiento de Harry Díaz González debe ser ratificado por la Asamblea Nacional antes del 30 de abril, cuando terminan las sesiones ordinarias. LA PRENSA/Archivo1542613

Nuevo magistrado de la Corte Harry Díaz González Abogado de 50 años de edad, cuenta con una maestría en Tulane University Law School, Nueva Orleans, Louisiana. Ha ejercido el derecho en la práctiva privada y ha dictado clases en universidades. Se ha desempeñado como fiscal de Cuentas (enero de 2011 hasta hoy), coordinador legal del Viceministerio de Finanzas (Jul. 2009-Dic. 2010), viceministro de Educación (Feb.-Ago. 2004), director de Asesoría Legal de la antigua Autoridad de la Región Interoceánica (Feb. 2000-Ene. 2004) y secretario general de la Zona Libre de Colón (May. 1996-Oct. 1997).

Harry Alberto Díaz González De Mendoza es una persona “muy allegada” al mandatario, Ricardo Martinelli, comentaron fuentes cercanas al ahora designado por el Ejecutivo para reemplazar a José Abel Almengor como magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Ha ocupado cargos públicos durante las últimas cuatro administraciones presidenciales (ver perfil).

Aunque no milita activamente en partidos políticos, se le conocen sus vínculos con el Molirena.

Es nieto de Temístocles Díaz, fundador de ese partido, ahora en el gobierno.

Díaz debe ser ratificado por la Asamblea Nacional para llegar a la Corte. Ya en enero de este año pasó por esa prueba cuando fue ratificado unánimemente como fiscal de Cuentas.

Su mayor prueba será superar los señalamientos de que su nombramiento viola la Constitución, al haber sido viceministro de Finanzas en este período; también se le cuestiona su poca experiencia en el derecho penal y, además, el hecho de que su designación no pasara por el filtro de la sociedad civil.

Sin consulta

Para el vicepresidente ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Carlos Gasnell, “el Ejecutivo, al parecer, sigue sin entender el clamor popular que exige un proceso que garantice una consulta amplia al momento de seleccionar a un magistrado de la Corte”.

“Desconocieron el procedimiento del Pacto de Estado por la Justicia y dejaron sin efecto su propio procedimiento para designar a una persona que, si bien ha demostrado ejecutorias en diferentes puestos públicos, en sus últimos nombramientos demuestra que forma parte del círculo de confianza del Presidente y del Órgano Ejecutivo”, enfatizó Gasnell.

El exvicepresidente de la República y excanciller Samuel Lewis Navarro dijo que aunque Díaz ha demostrado independencia en los cargos públicos que ha ejercido, no le sorprende para nada el método que utiliza el gobierno para lograr sus objetivos, demostrando irrespeto a lo que prometió en la campaña política.

Decisión ponderada

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Alma Cortés, consideró, a su vez, que no se tomó en cuenta la opinión de la sociedad civil para este nombramiento porque, “con las reformas a la Constitución, la sociedad civil tiene mucho trabajo que hacer”.

Dijo que el Consejo de Gabinete ponderó la trayectoria de Díaz en el campo del derecho, y su hoja de servicio en el sector público para aprobar el nombramiento.

Debate

Horas antes de la designación de Díaz se generó en el país una controversia en relación con la legalidad o no de su nombramiento.

Y es que Díaz fungió varias veces como viceministro de Finanzas encargado en este período de gobierno –una de ellas, según Decreto Presidencial número 6, del 20 de enero de 2010–, lo cual le impediría ejercer el cargo de magistrado.

Tal impedimento, según las fuentes, está contenido en el artículo 203 de la Constitución, que entre otros aspectos dice: “no podrá ser nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia [...] quien esté ejerciendo o haya ejercido cargos de mando y jurisdicción en el Órgano Ejecutivo durante el período constitucional en curso”.

Sobre ese particular, el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Rubén Elías Rodríguez, dijo que Díaz no solo está imposibilitado por haber sido viceministro, sino que, además, lo imposibilita constitucionalmente el ser actualmente fiscal de Cuentas, que es un cargo con mando y jurisdicción, y de libre nombramiento y remoción por parte del Ejecutivo.

“Su nombramiento sería una violación de la norma constitucional”, dijo, al tiempo que aclaró que no duda de la honorabilidad ni de la capacidad profesional del nuevo magistrado”, indicó.

Por otra parte, el constitucionalista Edgardo Molina Mola se pronunció sobre el caso –tras realizar un “análisis superficial” de este– y opinó que el artículo 203 de la Constitución no le aplica a Díaz, porque este nunca fue viceministro titular de Finanzas , sino ocasional ,y el cargo de fiscal de Cuentas no está adscrito al Órgano Ejecutivo.

Sobre esto último, la Ley 67 de 2008, que creó el Tribunal de Cuentas –y en este la Fiscalía de Cuentas–, deja claro en el artículo 5 que se trata de una entidad “independiente en lo funcional, en lo administrativo y presupuestario”.

Mientras tanto, el artículo 21 señala que el fiscal de Cuentas será nombrado por el Órgano Ejecutivo para un período de 10 años, y el artículo 24 dice que “podrá ser suspendido o removido de su cargo por el pleno de la Corte por faltas o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”.

No obstante, en la Ley 66 de 2010 se reformó el artículo 24 y quedó que el fiscal de Cuentas “podrá ser suspendido o removido de su cargo por la autoridad nominadora”. Es decir, un cargo de libre nombramiento y remoción del Ejecutivo.

Promesa incumplida

En medio de la coyuntura signada tras la renuncia de Almengor, la Alianza Ciudadana pro Justicia envió a los medios un comunicado fechado el 18 de abril, en el que recordó que la sociedad civil ha insistido en la necesidad de reformar el método de escogencia de los magistrados durante los últimos 10 años.

Según la nota, en 2003, tras la firma de la Declaración Ciudadana del Centenario por la Justicia y el Estado de Derecho, se definió el que debería ser el perfil de los nuevos magistrados y, entre esas características, encabezaba la lista el que tuvieran “independencia de criterio frente al gobierno de turno”. Asimismo, no haber pertenecido a partidos políticos en los últimos tres años anteriores a su designación, y ausencia de conflicto de interés.

Luego, en 2005, con la firma del Pacto de Estado por la Justicia, se acordó que el Ejecutivo crearía una comisión de evaluación integrada por el Colegio Nacional de Abogados, las universidades, las asociaciones de magistrados y la sociedad civil, a fin de establecer un método de participación plural, a través del cual los ciudadanos tuvieran la oportunidad de objetar o no a los aspirantes antes de que el Consejo de Gabinete hiciera la designación. Nada de eso ocurrió con la designación de Díaz.

(Con información de Irene Hernández, Carlos Vargas, Rafael Luna Noguera y José Otero)

Ejecutivo derogó norma que obligaba a hacer consultas

La nominación como nuevo magistrado de Harry Díaz se concretó ayer sin la convocatoria de la Comisión Especial de Credenciales que creó el gobierno en septiembre de 2009, con la idea de que la sociedad civil participara en el procedimiento de escogencia.

Para ello, el Consejo de Gabinete aprobó el martes la Resolución 67, que, a su vez, derogó la Resolución de Gabinete 121 del 18 de septiembre de 2009 y la Resolución 133 del 13 de octubre de 2009, que precisamente reglamentaban “el procedimiento para acordar los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sus suplentes, con sujeción a la Asamblea Nacional”.

El argumento del gobierno fue “garantizar el carácter expedito e ininterrumpido en el funcionamiento de la administración de justicia”, y se fundamentó en el numeral 2 del artículo 200 de la Constitución, que faculta al Presidente para nombrar a los magistrados de la Corte.

Ya en 2009, el presidente, Ricardo Martinelli, cuestionó la labor de la Comisión Especial de Credenciales, y llamó “embaucadores” a sus miembros.

Además, nombró a Alejandro Moncada Luna sin que este se hubiese inscrito en la comisión o figurado en la lista de aspirantes a las dos vacantes que se abrían en la Corte en aquella época, una de las cuales fue ocupada por José Abel Almengor.

Rafael Luna Noguera
José Otero

Sociedad civil acudirá al MP

La Asamblea Ciudadana y la Alianza Ciudadana pro Justicia, que reúnen a más de 80 grupos de la sociedad civil panameña, anunciaron que en los próximos días presentarán nuevas denuncias contra el exmagistrado José Abel Almengor, acusado de participar en el supuesto complot contra Ana Matilde Gómez.

Noris Vega dijo que los miembros de la Asamblea se reunirán después de Semana Santa para discutir el tema, aunque adelantó que es un hecho la presentación de una nueva denuncia ante el Ministerio Público (MP).

Carlos Lee, de la Alianza, acotó que esa agrupación va a “mantener la exigencia de que haya una investigación profunda sobre estas denuncias, que son graves e involucran a altos funcionarios que siguen activos”.

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