Opinion

Regresar al inicio Enviar a un amigo Imprimir Enviar correcciones Compartir

ENANISMO MENTAL

Actuaciones carnavalescas

Mucho revuelo causó, en días pasados, la publicación de las fotografías de un funcionario del servicio exterior durante la celebración del Carnaval. Tal fue el alboroto que se vio compelido a renunciar. Lamentablemente, como suele suceder en nuestro medio, la discusión sobre el tema permaneció en la superficialidad, sin entrar a considerar el meollo del asunto.

Es lastimoso que el debate público se interese tanto por lo escandaloso, lo farandulero y lo intrascendente. Poco espacio hay para tratar los temas que verdaderamente importan y analizar sus implicaciones para el desarrollo del país.

No cabe duda de que el personaje aludido cometió una imprudencia al disfrazarse de manera poco cónsona con su condición de representante del Estado panameño. Si la sanción social generada por su actuación formase parte de una actitud ciudadana sistemática contra las malas ejecutorias de los funcionarios, la agitación causada por su desacierto tendría sentido democrático.

Sin embargo, como comentó un amigo, el panameño fustiga a un servidor público por el (desatinado) disfraz que elige ponerse para festejar el Carnaval (en el contexto, por cierto, de un jolgorio histórico y generalizado), pero se cruza de brazos o voltea la cabeza ante actuaciones mucho más graves e inapropiadas de otros individuos al servicio del Estado. Más que fariseísmo, estamos frente a un caso patético de enanismo mental.

Si del servicio exterior se trata, tenemos a nuestro haber todo un repertorio de conductas censurables. En una ocasión, un embajador, alcoholizado hasta la coronilla, desaguó en público durante una recepción diplomática en una república sureña. Como era familiar de un tirano, las noticias de su actuación fueron recibidas en Panamá con risotadas groseras propias de gorilas.

Podría decirse que, como ese incidente ocurrió en tiempos de dictadura, no había mucha oportunidad para expresar la repulsa ciudadana. Lamentablemente, en tiempos de democracia también han ocurrido casos reprobables, sin que se produzca en la ciudadanía una indignación mínimamente comparable a la que se generó con motivo de los sucesos de Las Palmas de Gran Canaria.

Hace unos cuantos años, un funcionario del servicio exterior estuvo envuelto en una conspiración para traficar una valiosísima pieza arqueológica precolombina. El sujeto fue descubierto y encausado por las autoridades estadounidenses, pero su parentesco político con el mandatario de turno lo salvó de enfrentar la justicia como correspondía.

Semejante incidente motivó, a lo sumo, un comentario sin consecuencia. En nuestro medio “casi de primer mundo”, es peor disfrazarse de mujer que atentar contra el patrimonio cultural de la humanidad.

Evidentemente, no son solo los miembros del servicio exterior cuyas ejecutorias perjudican el prestigio del país o el bienestar de la colectividad. El aprovechamiento de los recursos del Estado en beneficio propio –por ejemplo– es un mal generalizado que involucra a funcionarios de todos los niveles y extracciones sociales.

En Panamá, quienes participan en actividades de esa índole no solo no reciben el castigo que les corresponde de acuerdo con la Ley. Lo más insólito es que se hacen acreedores, no del vituperio, sino del elogio de la sociedad. Aparecen frecuentemente en las páginas sociales, donde se presentan como parangones de probidad y honorabilidad. Al mismo tiempo, quienes se esfuerzan por conducirse dentro de los parámetros de la integridad son premiados con la indiferencia o, peor todavía, con la burla de sus conciudadanos.

Quienes ejercen inadecuadamente un cargo público –o se aprovechan de él en beneficio propio– causan un perjuicio grande a la sociedad, no solo en términos del daño directo que ocasionan con su comportamiento. De forma indirecta, contribuyen a menoscabar la confianza ciudadana en el sistema democrático. Ese es, probablemente, el efecto más grave de su conducta.

En una democracia frágil e incipiente, como la nuestra, es fundamental que los funcionarios aporten, con sus actuaciones, al fortalecimiento e institucionalización del sistema político. Tristemente, no es eso lo que vemos en Panamá. Si la opinión pública estuviese más al tanto de este asunto –que es lo fundamental– y menos preocupada por quién se disfrazó de qué durante el Carnaval, podríamos comenzar a revertir el deterioro que las actuaciones de los servidores públicos ocasionan al régimen democrático.

Además en opinión

• Impugnación de la candidatura a rector: Edgardo Molino Mola
• Soberanía nacional, poblaciones indígenas y cambio climático: Rafael Negret
• Actuaciones carnavalescas: Carlos Guevara Mann
• Deshojando margaritas: Dicky Reynolds O’Riley
• ¿Qué hacer con la inflación?: Olmedo Beluche