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tragedia del centro de menores de tocumen

Un gas que resultó ser mortal

La DRP de la PN aportó al expediente de los menores quemados un informe que advierte que el gas Triple Chaser CS no debe usarse en áreas cerradas, por su capacidad de producir fuego. El fabricante del producto alerta de que se trata de ‘granada de pirotécnicos que puede causar lesiones graves o la muerte’, por lo que recomienda ser usado solo por personal autorizado y entrenado.

INSPECCIÓN. Tras el incendio, peritos y funcionarios del Ministerio Público verificaron las condiciones de la celda a donde fueron lanzados los gases lacrimógenos. CORTESÍA1526055

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santiago cumbrera
Unidad de investigación
scumbrera@prensa.com

El gas lacrimógeno Triple Chaser CS, arrojado para sofocar el motín en el Centro de Cumplimiento de Menores en Tocumen el pasado 9 de enero, no debió utilizarse, ya que fue diseñado específicamente para ser empleado al aire libre por su alta capacidad de producir fuego.

Lo anterior se desprende de un informe secretarial que preparó Diana Ortega, investigadora administrativa de la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) de la Policía Nacional (PN), un mes después del incendio en el centro de menores donde se quemaron siete jóvenes, cinco de ellos fallecidos. El informe fue anexado al expediente que adelanta la Fiscalía Primera Superior, a cargo de Geomara de Jones.

En el documento –dirigido a Kauris Amador, directora de la DRP de la Policía Nacional–, la investigadora Ortega cita información de internet en la que se advierte que este producto “no hay que desplegarlo en los tejados, espacios de arrastre o en el interior, por su capacidad productora de fuego”.

Añade, además, que este dispositivo debe ser manipulado con extremo cuidado y cautela, “utilizando las ventajas del viento”. También establece que su empleo se circunscribe “solo a personal autorizado y entrenado”.

De hecho, el fabricante de este producto –Defense Technology Corporation de América, de Estados Unidos– advierte en su sitio web www.defense-technology.com, que se trata de una “granada de pirotécnicos que puede causar lesiones graves o la muerte”, por lo que recomienda usarlo según las instrucciones.

Llama la atención, sin embargo, que el informe no aluda a los protocolos internos de la PN sobre el uso del gas en espacios cerrados.

Las revelaciones del citado informe contravienen el argumento de la defensa de los agentes de la PN, que alegan que el gas lacrimógeno no provocó el incendio.

En cambio, el informe refuerza la tesis de los peritos del Cuerpo de Bomberos y de la Unidad Forense de Explosivos e Incendio del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el sentido de que el siniestro pudo ser provocado por una granada de gas lacrimógeno.

¿No letal?

El subcomisionado Néstor Alfredo Valdés, director Nacional de Servicios Especiales de la PN, aseguró que todos los agentes de la entidad policial pueden usar el gas lacrimógeno Triple Chaser CS, también conocido como El Cazador Triple, toda vez que es considerado un “instrumento no letal”.

Esta explicación consta en su declaración jurada, rendida el 24 de febrero de 2011, en la que sostiene que “todos los policías, en su período de formación como agentes o como oficiales, realizan entrenamiento para el uso de los dispositivos de gas, porque forma parte del pensum académico”.

Este diario no pudo corroborar esa información con los directivos de la Academia de Policía, porque voceros de la institución dijeron que no se darían declaraciones sobre lo sucedido en el centro de menores, ya que el caso estaba en manos del Ministerio Público.

Por el contrario, Valdés insistió en el tema de la capacitación en su declaración: “Una vez graduados aquellos que se destinen a una unidad que le corresponda, principalmente el empleo de este equipo, reciben un entrenamiento adicional para reforzar los conocimientos adquiridos y especializarlos”. Pero al ser cuestionado sobre si el gas Triple Chaser CS –o granada de pirotécnicos– podía usarse en un lugar cerrado, dijo: “No cuento en estos momentos con manuales o normas del uso de este dispositivo como tal”, enfatizando, además, que “el concepto de espacio cerrado puede ser ambiguo e interpretado por cada persona”.

Al ser repreguntado por la fiscal sobre la capacitación de los miembros de la PN en el manejo de herramientas como el gas Triple Chaser CS, Valdés explicó que “…el enfoque del entrenamiento en el uso del gas está orientado a los eventos de orden público... No puedo presentarme como un perito en la materia, no estoy en la capacidad de establecer si las circunstancias de uso son viables o no…”, precisó.

‘Nada escrito’

Según documentación que consta en el expediente, las herramientas utilizadas por la PN para controlar disturbios incluyen granadas CN y CS (gas lacrimógeno Triple Chaser) manual o con adaptador para escopeta, cápsulas 1.5 (CTS 37/38 mm) CN y CS, con fusil 1.5, y gas irritante en rociador.

Estos dispositivos tienen características diferentes y ninguno está supuesto a ser letal, aunque, como sucedió durante los disturbios registrados en Changuinola, en julio de 2010, pueden producir graves daños (ver nota relacionada).

En el caso de los menores, se utilizó el gas lacrimógeno Triple Chaser CS –o granada de pirotécnicos– por instrucción de Luis Ortega, jefe del área este de la Zona de Policía Metropolitana, previa autorización de la directora del centro, Iris Cedeño. Ambos son acusados de homicidio y homicidio en grado de tentativa.

En su declaración indagatoria rendida el 1 de marzo, Ortega explica que el día de los hechos estaba libre, y que al llegar al lugar advirtió a los agentes policiales, a través de los subtenientes Sergio Melara, Ernesto Blake y Luis De La Rosa, que guardaran las armas de fuego en el maletero de uno de los patrullas y que se quedaran solo con la vara policial.

Posteriormente autorizó el uso del gas “por no ser letal”, aclarando que –en su presencia– el subteniente Joel Rodríguez arrojó solo dos dispositivos. Uno, afirma, cayó en la sala preventiva y, otro, en el pasillo.

Sin embargo hubo una tercera lata de gas que, gracias a las impactantes imágenes televisivas, todo Panamá vio que era introducida por un agente de la PN al interior de la celda 6, donde se produjo luego el mortal incendio.

El comisionado Ortega dijo que se enteró de esta tercera lata por los noticieros, y asegura que no fue notificado de esta acción.

Esa tercera lata de gas fue introducida por una rendija a la celda de los menores por el agente Maikol González. A Rodríguez y González se les formularon cargos por homicidio y homicidio en grado de tentativa.

Ortega explicó que el gas lacrimógeno Triple Chaser CS se ha utilizado en la PN por más de 20 años, pero hizo una sorprendente afirmación: “No hay nada escrito” sobre si puede ser usado en lugares abiertos o cerrados, y en su declaración da fe de ello. Por un lado dice que estos dispositivos son usados para controlar las multitudes en lugares abiertos, pero poco después afirma: “…es la práctica usarla en riñas o motines en los centros carcelarios porque no es letal”.

Y si bien “no hay nada escrito”, según afirma Ortega, la capacitación práctica parece ser la metodología de enseñanza utilizada estos días por la Academia de Policía: “En los períodos de formación en este tipo de tema, los entes policiales son encerrados en lugares sin ventilación para efecto de lograr algún tipo de conocimiento del manejo y soportar en alguna medida los efectos químicos. También se usa en riñas, amotinamientos en los penales, y hasta el momento no ha conllevado ningún tipo de efectos o daños a persona alguna”, explicó Ortega, quien tiene 20 años de laborar en la entidad.

Sobre la capacitación en el uso de este material, el primer director de la PN tras el final de la dictadura, Ebrahim Asvat, recordó que durante su gestión (1990-91) el gas lacrimógeno era utilizado por los agentes antidisturbios, quienes eran formados por expertos estadounidenses que hacían énfasis en las características de cada uno de los gases. “En este caso se actuó con premeditación y alevosía”, aseguró.

¿Premeditación, alevosía, falta de capacitación, ausencia de protocolos o negligencia en la cadena de mandos en la PN? Esas son las interrogantes que se requieren contestar.

Por el momento, el jefe de la PN, Gustavo Pérez, y el Ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, guardan silencio.

Exceso de la fuerza: una constante

Entre las violentas protestas de Bocas del Toro por la ya desaparecida Ley 30, y lo ocurrido en el centro de menores de Tocumen hay seis meses de distancia.

Los sucesos de julio de 2010 dejaron un saldo de dos muertos y 700 heridos –50 de ellos con afectaciones permanentes en los ojos por el uso de perdigones–, así como una generalizada indignación por los métodos utilizados por la Policía para controlar las protestas. Incluso la comisión creada por el presidente, Ricardo Martinelli, para investigar los hechos, sugirió cambiar los métodos para controlar manifestaciones, al comprobarse que se usaron perdigones a una distancia menor de 15 metros.

En aquel momento, la Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno que se eliminara el uso de perdigones para restablecer el orden público. No ha sucedido, ya que el ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, asegura que “son un arma necesaria”. En el centro de menores también se usaron perdigones, afectando a cuatro jóvenes; a uno de ellos, en el rostro.

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