Opinion

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EL PRECIO A PAGAR

El caso Gómez Nadal repite errores del caso Gorriti

Al final de los años 90 critiqué muy duramente al gobierno de Ernesto Pérez Balladares por su persecución del periodista peruano Gustavo Gorriti. Los lectores de cierta edad recordarán que Gorriti –periodista talentoso y tenaz, cuyo trabajo ha ganado innumerables premios internacionales– era el director asociado de este diario y dirigió varias investigaciones periodísticas que enfurecieron al gobierno.

Ese gobierno respondió con una serie de tácticas diseñadas para sacar a Gorriti del país, sacarlo del periódico, meterlo preso, o sencillamente callarlo. Fue una batalla larga, de la que yo escribí por lo menos 15 columnas, todas durísimas en contra del gobierno torista.

Pues bien, hoy no podré ser menos dura con el gobierno de Ricardo Martinelli, que ha hecho con el periodista español Paco Gómez Nadal lo que Pérez Balladares jamás se atrevió a hacer con Gorriti, arrestarlo ilegalmente y expulsarlo militarmente del país, acción que flagrantemente viola todas las protecciones del debido proceso, estado de derecho y libertades fundamentales.

Con otra muestra del autoritarismo desbocado que ha desilusionado profundamente a todo el que en algún momento pensó que eso lo habíamos dejado atrás para siempre, este gobierno ricardista insiste en hacer gala de su irrespeto a la ley y de sus violaciones de derechos fundamentales.

Al escribir esto el viernes, se ha anunciado la derogación de la odiada ley minera. Por lo menos en eso el gobierno ricardista ha rectificado su actuación, como hubiera hecho cualquier gobierno mínimamente responsable, en vista de que las encuestas mostraban un repudio masivo de la ley (75% en contra, señaló el mismo presidente Martinelli).

Lo que no está bien es que la derogación ha venido acompañada de comentarios ofensivos, en los que los funcionarios gubernamentales arrogantemente describen a los indígenas como unos ignorantes que se dejan manipular. Haré tres breves señalamientos en rechazo de esa postura: 1. He entrevistado a líderes indígenas que me impresionan por su inteligencia y logro académico; los funcionarios actuales no siempre me hacen tan buena impresión. 2. Si el 75% de los panameños se opone a la minería, no estamos hablando de un pequeño sector manipulado. 3. Mi colega Lina Vega, una mujer muy inteligente, ha mantenido una posición ferozmente en contra de la ley minera en su columna semanal, Pintada de Verde.

Por ello, encuentro ridícula la acusación de que la oposición indígena a la ley se debió a que Gómez Nadal andaba “instigando”. No sé de dónde el gobierno desempolvó una ley que prohíbe “instigar a la comisión de un delito”, pero no veo prueba de que Gómez Nadal cometió ese delito en los videos que se han diseminado. Tampoco veo que a Gómez Nadal se le dio oportunidad de adecuadamente examinar los cargos y las pruebas en su contra para de allí presentar una defensa jurídica en consulta con sus abogados. No se le dio oportunidad de responder formalmente a la acusación de que carecía de credenciales para ejercer el periodismo (credenciales que nadie tiene, porque datan de leyes que en 20 años no se han aplicado). Y mucho menos se le dio oportunidad de impugnar legalmente la decisión oficial de expulsarlo inmediatamente del país.

En otras palabras, no se le brindó el debido proceso, derecho fundamental que no depende de ser ciudadano o extranjero. Si Gómez Nadal lleva su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), creo que el Gobierno panameño saldrá mal parado allí, como ocurrió en el caso Gorriti.

Creo que los medios y organismos internacionales también golpearán duro al gobierno, como ocurrió con Gorriti; ya han comenzado con hacerlo. Creo que el gobierno también recibirá golpes en el informe anual del Departamento de Estado sobre derechos humanos, que sale pronto, y cuando el Congreso debata la ratificación del tratado de promoción comercial (TPC).

En síntesis, creo que el gobierno de Martinelli pagará un precio por esto. Esa es la lección del caso Gorriti.

Además en opinión

• El menos malo: Xavier Sáez-Llorens
• Un ejemplo indígena de civismo: Carlos E. Rangel Martín
• El caso Gómez Nadal repite errores del caso Gorriti: Betty Brannan Jaén
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• La pobreza no para de crecer: Ricardo A. González Chan K. L.