Opinion

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ADECENTAMIENTO

Fuerza pública y democracia

Repasemos un poco la historia reciente, lo que nunca está de más. Tras el derrocamiento del régimen castrense por la invasión estadounidense, el problema más urgente que enfrentó el Gobierno Nacional fue el del orden público, cuya custodia estaba en manos de una tropa extranjera.

Era menester depositar dicha custodia en manos de un organismo nacional de seguridad, confiable, efectivo, respetuoso de la democracia y subordinado al poder civil legítimamente constituido.

Monumental tarea tenía por delante el presidente Endara, quien inicialmente la encomendó al vicepresidente Arias Calderón, también ministro de Gobierno y Justicia.

El nuevo gobierno comenzó por abolir las Fuerzas de Defensa. Para evitar la concentración del poder, típica de dicha entidad, dispuso separar la fuerza pública en cinco ramas: la Policía Nacional, el Servicio Marítimo Nacional, el Servicio Aéreo Nacional (supeditados al Ministerio de Gobierno y Justicia), el Servicio de Protección Institucional (radicado en la Presidencia de la República) y la Policía Técnica Judicial (dependiente del Ministerio Público).

Se restableció el principio, tan antiguo como la República misma, de que la fuerza pública es agente de la autoridad –no autoridad en sí misma– y ejerce sus funciones de acuerdo con las instrucciones recibidas por los funcionarios del Estado facultados para garantizar la justicia, la seguridad ciudadana y el orden democrático.

El presidente Endara y el vicepresidente Arias Calderón aplicaron esfuerzos para crear una cultura civilista en la fuerza pública, caracterizada por el respeto a los derechos humanos y la obediencia a la autoridad civil. La policía y demás organismos de seguridad serían, en adelante, organizaciones civiles, en las que no habría lugar para la parafernalia castrense. Se procedió, en consecuencia, a suspender el entrenamiento de integrantes de la fuerza pública en academias militares y a eliminar los rangos militares superiores. A fin de mejorar la calidad de la formación policial, se creó la Academia de Policía Presidente Belisario Porras.

Se comunicó a los gobiernos extranjeros que Panamá, por no tener ejército, no admitiría la acreditación de agregados militares en las misiones diplomáticas establecidas en el país. Panamá suspendió también el nombramiento de agregados militares en sus propias embajadas. Como medida de control democrático, se instituyó la práctica de nombrar, en la dirección de la Policía Nacional, a un individuo que no procediera de las filas del organismo (ni, mucho menos, de las extintas Fuerzas de Defensa).

Se hizo un esfuerzo por extraer de los organismos de seguridad los elementos represivos, corruptos y golpistas que procedían del período anterior. Al mismo tiempo, se emitieron directrices encaminadas a mejorar la calidad de vida de los miembros de la fuerza pública, quienes recibieron aumentos salariales. Su jornada laboral se fijó en ocho horas y se puso fin a los nefastos acuartelamientos. Estas medidas de adecentamiento y civilización mejoraron la percepción ciudadana de la fuerza pública y las relaciones entre dicha fuerza y la comunidad. El proceso de reforma no llegó donde debía –muchas tareas quedaron pendientes– pero, al menos, la población dejó de ver en el integrante de la fuerza pública a un enemigo cuya misión era proteger y servir a la mafia y acosar, vapulear y coimear al ciudadano común y corriente.

Con el paso de los años, la orientación civilista de inicios del período democrático ha sufrido un innegable desgaste. Aunque varios son los factores que explican esta erosión –entre ellos los estímulos hacia la militarización provenientes del extranjero– sus consecuencias son claramente negativas para la ciudadanía.

El resurgimiento de una cultura militarista y la usurpación de funciones correspondientes a las autoridades civiles, por parte de los agentes de la fuerza pública no son sucesos convenientes para el pueblo panameño. El hostigamiento de la ciudadanía, las detenciones arbitrarias (en contravención a lo que señala claramente el artículo 21 de la Constitución), el trato inhumano a los detenidos y el despliegue de violencia para controlar las protestas populares son algunas medidas que han causado alarma en la sociedad.

En la actualidad, muchos ciudadanos sienten que deben protegerse, tanto del delincuente como del policía. Esa actitud no es conveniente para el sistema democrático. Urge que los panameños definamos qué clase de fuerza pública queremos y apliquemos las pautas correspondientes para evitar que el militarismo, que tanto daño nos hizo en el pasado, siga entronizándose en los organismos de seguridad.

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