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MANIFESTANTES Y POLICÍAS HERIDOS. IGLESIA Y DEFENSORÍA INSISTEN EN EL DIÁLOGO

Protesta sigue; Gobierno no cede

Al menos 14 manifestantes fueron detenidos y 12 quedaron heridos por perdigones. La Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica insisten en el diálogo.

LA PRENSA/Gabriel Rodríguez

Agentes antidisturbios avanzaron en formación compacta para desbloquear la vía a la altura de Viguí, Veraguas.1517242

Las reformas al Código de Recursos Minerales dejaron ayer más heridos, cuando la policía, a diferencia de los días anteriores, decidió enfrentar a los manifestantes y romper los bloqueos que estos mantenían en distintos puntos del interior del país.

Al menos 12 indígenas heridos por perdigones; 15 policías golpeados, y una bebé de dos meses y dos mujeres afectadas por los gases lacrimógenos fue el saldo del tercer día consecutivo de las protestas convocadas por la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y el Derecho del Pueblo Ngäbe Buglé y Campesinos.

Adicionalmente, al menos 14 indígenas detenidos durante las refriegas fueron trasladados a David.

El ministro de Salud, Franklin Vergara, dijo anoche en TVN que no hubo fallecidos, salvo la víctima fatal de un accidente que sufrió un vehículo pick up en la vía que conduce de Soloy a Boca del Cupé, que transportaba a indígenas que participarían en las protestas. Siete personas resultaron heridas en este hecho.

EN CHIRIQUÍ

Al igual que el jueves y el viernes, la Coordinadora ordenó el cierre de la carretera Panamericana desde San Lorenzo hasta Las Lajas, a las 10:00 a.m. En todo ese trayecto se desplegaron, por lo menos, ocho barricadas: una mezcla de llantas, troncos y hierros. La protesta debía extenderse hasta las 6:00 p.m. Transcurría sin mayores sobresaltos, hasta que llegaron los antimotines.

Primero llegaron a San Lorenzo, poco después de las 3:00 p.m. Los periodistas contaron, por lo menos, 150 agentes. Venían equipados con máscaras antigás, escudos, escopetas, y acompañados por un camión rociador de agua a presión. Quitaron las cuatro barricadas que había en ese poblado, y lanzaron indiscriminadamente bombas lacrimógenas y perdigones. Los manifestantes se resistieron. Lanzaron piedras con sus manos o ayudados con biombos o resorteras, sus únicas armas. Así golpearon a cuatro policías, que fueron conducidos a un centro asistencial.

Dos horas después, los antimotines se dirigieron a San Félix. En San Lorenzo dejaron 12 indígenas heridos con perdigones.

Clementina Pérez, dirigente del grupo, se quejó porque a sus compañeros no se los llevaron al hospital, sino detenidos al cuartel de David.

Cuando los policías arribaron a San Félix, eran poco más de las 5:00 p.m. Llegaban con más saña: el reparto de bombas y perdigones les tocó a manifestantes, indígenas, civiles y menores de edad por igual.

Una bebé de dos meses fue una de las afectadas por los gases. Los periodistas (que enseñaron sus carnés de prensa para que no los reprimieran) mediaron para que los policías permitieran que su padre la sacara de ahí y buscara atención médica. Dos señoras también fueron desalojadas.

Los antimotines, indiferentes, continuaron lanzando gases. Se metían en casas y potreros, a “corretear” a sus presas. Rompían vidrios, pateaban muebles, proferían insultos. “Pareciera que la orden era disparar a lo que fuera”, dijo un civil afectado.

A esas alturas ya Rogelio Montezuma, uno de los líderes de la Coordinadora, pedía a sus compañeros que no se resistieran, que abrieran paso, que evitaran el enfrentamiento... Casi nadie le hizo caso. Cuando los antimotines se marcharon de San Félix para avanzar hacia Tolé, los manifestantes volvieron a colocar sus maltrechas barricadas.

Entre tanto el obispo de la diócesis de Chiriquí, José Luis Lacunza, dijo que emisarios del Gobierno llamaron y le indicaron que no dialogarían con la Coordinadora.

EN EL HOSPITAL

A las 8:45 p.m., 15 policías golpeados llegaron al Hospital Chiriquí, mientras que al cuarto de urgencias del Hospital Rafael Hernández llegaron, desde Horconcitos, tres indígenas con heridas de perdigones en diferentes partes del cuerpo.

VERAGUAS

La situación también fue crítica en Veraguas. Por más de dos horas, unos 40 agentes de Control de Multitudes de la Policía Nacional arrojaron gases lacrimógenos a la multitud de indígenas –entre la que había niños y ancianos– que respondían tirando botellas de vidrio, lanzando con biombos y con la mano piedras de río, y palos

Hombres y mujeres ngäbes resultaron afectados por los gases lacrimógenos lanzados por las unidades antidisturbios, quienes llegaron al puente sobre el río Viguí una hora antes de que la Interamericana fuera reabierta, tal como había sido anunciado en horas más tempranas por la Coordinadora.

En un acto desesperado, unos 500 conductores que estuvieron atrapados en el tranque que se originó desde las 10:00 a.m., intentaron cruzar la carretera llena de piedras. Los policías les dieron paso a 12 conductores y los vehículos resultaron con los vidrios quebrados.

A las 7:30 p.m. la Policía se retiró del lugar sin reabrir la vía. Minutos antes de retirarse, los uniformados dispararon perdigones –que no dejaron heridos– y detuvieron a dos indígenas con piedras en las manos.

Los indígenas aseguraron que no saldrían de la vía hasta que sus dos compañeros retenidos fueran liberados.

MARTINELLI HABLA

El presidente, Ricardo Martinelli, reiteró que “esto [la oposición a la minería] pareciera que fuera político, porque hay personas con otros intereses, extranjeros, que no quieren que aquí en Panamá echemos hacia adelante y que por política están haciendo lo imposible para crear el caos y el desasosiego en Panamá”, expresó. Su declaración se dio después de la publicación en varios medios de un comunicado pagado en el que el Gobierno Nacional reiteraba “por mil quinientas y una vez” que no explotaría cerro Colorado. Este anuncio –en el que se señaló a “Frenadeso, ecologistas y extranjeros” provocadores de los enfrentamientos– generó inmediatamente críticas (ver gráfico).

El cacique Máximo Saldaña coincidió con Martinelli en que hay “grupos infiltrados que por su actitud violenta le hacen daño a la imagen del pueblo indígena”. Sin embargo, no se refirió a grupos políticos, sino a “los radi-cales vinculados a la Coordinadora”. Este grupo había criticado su participación en el acuerdo gubernamental de no explotar cerro Colorado, alegando que no consultó con el pueblo indígena. “Es extraño que la Coordinadora pretenda ahora desconocer a las autoridades que ellos mismos señalaban que el Gobierno debió consultar antes de presentar la Ley 8”, dijo Saldaña.

EXIGEN DIÁLOGO

La Iglesia católica, a través del arzobispo José Domingo Ulloa, reiteró el llamado a un diálogo sincero y sin precondiciones para buscar una solución al conflicto  minero. Igualmente, la Conferencia Episcopal, presidida por José Luis Lacunza, pidió que en los próximos días el Gobierno designe una comisión para conversar con los indígenas.

La Defensoría del Pueblo también mostró su disposición a mediar en la crisis, si las partes así lo deciden. “El Gobierno no ha aprendido nada de lo que ocurrió en Changuinola. Las autoridades están obligadas a conversar con estos grupos de panameños que están en las calles manifestándose y evitar hacer acusaciones que no ayudan a encontrar un clima y condiciones para que haya un diálogo abierto y participativo, a fin de solucionar este tema que crea intranquilidad y repercusiones en el país”, dijo Ricardo Vargas, defensor del Pueblo.

(Con información de José Otero, Flor Bocharel, Yaritza Mojica, Zabdy Barría y Sandra Rivera).

DETIENEN A PACO GÓMEZ; GOBIERNO AMENAZA

La Policía detuvo ayer al periodista español Francisco Gómez Nadal y a otras 15 personas, cuando se organizaban en la Plaza 5 de Mayo para expresar su rechazo a las reformas al Código de Recursos Minerales.

Los detenidos, en su mayoría, son activistas de la organización Human Rights Everywhere, en la que milita Gómez. En total, seis mujeres y diez hombres (ocho ngäbes y un kuna). Todos intentaron evitar ser conducidos a la subestación de El Chorrillo, donde fueron separados, por género, en dos cuartos.

A las 7:51 p.m. la Presidencia divulgó un correo para anunciar que a Gómez se le detuvo por “incitar a la violencia”. No dice los motivos que condujeron a la privación de libertad de las otras 15 personas. El comunicado sostiene que a los extranjeros les está prohibida la participación “en todo tipo de actividades políticas o protestas”, por lo que se amenaza con expulsar al periodista español. Para eso aplicarían el artículo 71 del Decreto Ley 3 de 2008, que dice que el Servicio Nacional de Migración podrá expulsar al extranjero que “haga apología de delito o incite al odio racial, religioso, cultural o político” o “sea una amenaza para la seguridad colectiva, la salubridad o el orden público”.

No es la primera vez que el gobierno de Ricardo Martinelli intenta librarse del también columnista de este diario, un duro crítico de su gestión. El 4 de julio pasado, cuando se disponía a viajar a Colombia, los agentes del aeropuerto le informaron que no podía regresar al país. Gómez se quedó y canceló el viaje.

A El Chorrillo llegó Raimundo González Muñoz, abogado de la Defensoría del Pueblo, dado que a Gómez no se le permitía reunirse con su equipo legal. A las 8:00 p.m. se reunió con sus abogados y recibió alimentos.

Anoche, mientras los abogados de Gómez presentaban ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de hábeas corpus, para evitar que sea deportado “de manera subrepticia” en la madrugada, el periodista español fue trasladado a la sede de la Dirección de Investigación Judicial.

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