Opinion

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TRAGEDIA DE TOCUMEN

Un grito por una verdadera reforma

James L. Cavallaro y María Luisa Romero
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El incendio en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen, aparentemente causado por el lanzamiento de bombas lacrimógenas, ha acabado con cinco vidas. Testimonios indican que los policías se burlaron de los jóvenes que luego resultaron quemados. El Gobierno responde con promesas de mejorar las condiciones carcelarias, incluyendo la construcción de más plazas en los centros de detención.

Para aquellos no familiarizados con las dinámicas penitenciarias, la promesa de más y mejor infraestructura parece ser la respuesta apropiada para resolver los problemas penitenciarios panameños. Si bien, en cierto sentido las reformas en la infraestructura mejorarían la situación, la construcción de más cárceles es una respuesta deficiente que parece estar creando un patrón desafortunado en Panamá.

Durante los últimos cinco años, la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard ha estudiado y documentado las condiciones de vida en los centros penitenciarios para adultos en Panamá. En 2008, publicamos un análisis exhaustivo en el que documentamos no solo hacinamiento y condiciones insalubres sino fallas institucionales profundas.

Advertimos que los que custodiaban dentro de la mayoría de los centros eran policías, en vez de profesionales civiles debidamente entrenados para esta labor. Documentamos testimonios de personas privadas de libertad que indicaban cómo estos policías lanzaban bombas lacrimógenas dentro de las celdas de los reclusos: nosotros mismos observamos las evidencias de esta práctica inhumana. Llamamos la atención sobre las marcadas desigualdades en el tratamiento de los reclusos, propiciadas por parte de la administración y de aquellos encargados de su custodia.

Ofrecimos una amplia gama de recomendaciones necesarias para que Panamá cumpla con los estándares internacionales y con sus propias leyes domésticas. Estas recomendaciones fueron producto de dos años de investigación a lo largo del país, que incluyó entrevistas con cientos de reclusos, con autoridades penitenciarias y judiciales, con miembros de la sociedad civil y con otros expertos en el tema. El desarrollo de infraestructura fue, sin duda, una de esas recomendaciones. Pero solo una de las más de 40 que hicimos. Advertimos que los problemas de fondo que existían en la administración penitenciaria no serían resueltos simplemente con la construcción de más centros. Este mismo argumento se lo presentamos a la ministra Méndez y su equipo durante una reunión el pasado diciembre.

Una reforma exitosa del sistema penitenciario requiere tomar medidas vigorosas. Medidas, por ejemplo, como la destitución de oficiales corruptos y de custodios o policías que ejerzan un indebido uso de la fuerza en contra de personas que están obligados a proteger; el establecimiento de pautas y exigencias de transparencia en la administración de los centros penitenciarios; el establecimiento de directrices para la readaptación social de las personas privadas de libertad, que incluyen que los reclusos tengan derecho a una educación adecuada y salgan de las cárceles con oportunidades concretas de encontrar trabajos decentes que les permitan tener una vida digna; la inversión de tiempo y recurso humano para asegurar que los administradores, trabajadores sociales y custodios estén bien entrenados. La construcción de cárceles es muchas veces una respuesta más fácil y menos controversial.

No dudamos del compromiso y la buena fe demostrados por la ministra Méndez y su equipo en cuanto a reformar el sistema penitenciario. Una academia de formación penitenciaria y mejores programas de rehabilitación son pasos en la dirección correcta. Pero nos permitimos dudar del énfasis que el gobierno le está otorgando al tema de la infraestructura carcelaria. Este énfasis ha fracasado en otras partes de la región, como en Brasil, donde las autoridades del estado de São Paulo iniciaron una construcción masiva de centros penitenciarios en la década de 1990, solo para que el hacinamiento y la violencia llegaran a niveles exorbitantes una década después, lo que culminó con un levantamiento carcelario en mayo de 2006 que llevó a la paralización de la ciudad más grande de Sudamérica.

Todo indica que una infraestructura distinta o hasta mejor no hubiera prevenido la tragedia en Tocumen. Mejor entrenamiento y preparación, mecanismos eficaces de fiscalización y control de abusos, así como más compromiso y seriedad por parte de aquellos que custodiaban a estos jóvenes reclusos hubieran llegado mucho más lejos. Exhortamos al Gobierno nacional a que aprenda las debidas lecciones de esta experiencia. Fue una tragedia advertida por muchos que no se puede volver a repetir.


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