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Cinco jóvenes han muerto y no hay una sola persona detenida

Insisten en salida de Mulino

Pese a los reclamos de la sociedad civil, el ministro dice que no renunciará al cargo porque no es el responsable del incendio.

INVESTIGACIÓN. Hasta ahora solo hay dos uniformados acusados por el delito de homicidio doloso. LA PRENSA/Eric Batista1500543

José Raúl Mulino, ministro de Seguridad, anunció que no piensa renunciar, porque no tuvo “nada que ver” con el incendio del pasado 9 de enero en el Centro de Cumplimiento de Menores.

Eso no es lo que piensa la sociedad civil organizada y el opositor Partido Popular (PP), que reclaman su pronta salida.

Ayer, la Asamblea Ciudadana –que aglutina a 18 organizaciones gremiales, ambientales y de derechos humanos– pidió la renuncia de Mulino y del director de la Policía , Gustavo Pérez. No es la primera vez que lo hacen: ya pasó el 28 de agosto de 2010, cuando exigieron la salida de ambos después de la “masacre” de julio pasado en Changuinola.

“Estos funcionarios han enviado un mensaje equivocado a la Policía, que ha provocado toda esta cadena de abusos policiales. No solo debe castigarse a los autores materiales de estos crímenes, sino a los que con su discurso han alterado el objetivo de la institución policial”, señaló la Asamblea Ciudadana en un comunicado divulgado ayer.

La Asamblea también cuestionó la situación de “abandono” en la que están las familias de los siete jóvenes quemados (cinco de ellos ya fallecieron).

“Algunos no tienen recursos para enterrar a sus hijos y el Gobierno no está ayudando. Otros esperan la mejoría de sus hijos con poca información médica y ningún apoyo psicosocial”, recalcó la Asamblea Ciudadana.

Roxana Méndez, ministra de Gobierno, dijo que solo una de las familias aceptó ayuda económica; el resto la rechazó.

Mulino ha dicho que no piensa irse.

“Yo renunciaría al cargo si fuera el responsable del incendio... No tengo nada que ver con eso. Esa es la actuación de todos los días de las personas”, dijo ayer, en el noticiero de Telemetro.

“No tengo por qué acoger como buenas las peticiones que hace la oposición, de que debo renunciar”, agregó.

Milton Henríquez, presidente del PP, dijo que Mulino debería divulgar los nombres de los oficiales que estaban a cargo de la seguridad del Centro, y bajo las órdenes de quién estaban. También qué sanciones disciplinarias se han aplicado.

“Si no hace eso, es porque está asumiendo la responsabilidad política de lo sucedido”, sostuvo.

Gustavo Pérez, por su parte, ha guardado estricto silencio desde que ocurrió la tragedia, hace ya 16 días. Los dos policías imputados tampoco han hablado y se han acogido al artículo 25 de la Constitución, que les exime de declarar en su contra.

La renuncia de Pérez también es solicitada por los familiares de las víctimas. “La institución tiene una cultura de represión que atenta contra los derechos humanos”, señaló Carlos Herrera Morán, abogado de las familias de cuatro de los cinco jóvenes ya fallecidos.

Herrera anunció que hoy presentará una denuncia penal por el homicidio de Víctor Méndez, de 17 años, el menor que falleció el pasado sábado. Según la autopsia, tenía congestión pulmonar, sepsis y quemaduras de tercer grado en el 56% del cuerpo.

Críticas al Presidente

Los familiares de las víctimas han cerrado filas contra la directora del Centro de Cumplimiento de Menores, Iris Cedeño, los custodios y policías que estaban de turno el día del incendio.

“No mostraron la capacidad necesaria para atender este caso”, dijo Exnar Castillo, padrastro de Christian Mora, uno de los dos jóvenes sobrevivientes que continúan hospitalizados en la sala de cuidados intensivos del hospital Santo Tomás.

Denia Frías, tía de dos de los cinco que ya fallecieron (Víctor Jiménez y José Frías), dijo estar dispuesta a hacer “lo que sea” para que esta tragedia no se repita.

Tampoco creen en las condolencias del presidente, Ricardo Martinelli.

“Tuvo que haber cinco muertos para que el Presidente hablara. Debió ser más categórico y ofrecer sanciones administrativas. Le faltó contundencia. La verdad, yo esperaba más”, expresó José Luis Ordoñez, padrastro de Eric Batista, la primera víctima del incendio, quien falleció el 11 de enero pasado.

Teresa Rentería, madre de Frías, dijo que procura no ver las noticias ni nada que le recuerde esa tragedia, para así no escuchar la voz de su hijo pidiendo ayuda. Aun así, se interesó por el discurso en cadena nacional de Martinelli, el sábado en la noche. Ahora se arrepiente de haberle prestado atención.

Dijo que el Presidente parecía estar leyendo, porque sus palabras no nacían de él.

La Asamblea Ciudadana también duda de la sinceridad del Presidente –que ahora está en Suiza–, cuando este dice que a los responsables les caerá “todo el peso de la ley”. Recordaron que en 18 meses de gobierno promovió la Ley 74 de 2010, que otorga privilegios a los agentes investigados por un delito, e indultó a 120 policías procesados por delitos comunes, y no políticos como dicta la Constitución.

(Con información de Eduardo Mendoza, Juan M. Díaz y Mónica Palm).

Citan, otra vez, a directora del penal

La ministra de Gobierno, Roxana Méndez, anunció que la fiscal primera superior, Geomara de Jones, solicitó la ampliación de la declaración jurada de la directora del Centro de Cumplimiento de Menores, Iris Cedeño.

Hasta ahora no se le han imputado cargos a Cedeño, quien –al igual que otros cuatro funcionarios­ fue trasladada del Centro y asignada a otras tareas. Méndez no precisó a dónde.

La ministra también informó que se evalúa a 280 aspirantes al cargo de custodio. Ahora mismo hay 450 custodios en todas las cárceles; ella quiere reclutar 400 más.

“Seremos estrictos. Necesitamos personas con moral y condiciones físicas”, dijo.

Para agilizar el proceso se han flexibilizado los requisitos: ya se admiten candidatos con tatuajes y orificios en los lóbulos, siempre que estos no tengan relación con pandillas, informaron en el Sistema Penitenciario.

La ministra comentó que han realizado dos reuniones para coordinar la “transición” de policías a custodios en las cárceles.

Por ley, la Policía solo debe encargarse de la seguridad externa de las cárceles; de la interna se ocupan los custodios. Aún no se sabe si la salida de los policías se dará primero en La Joya y La Joyita, o en el resto de los penales del país.

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