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30 ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL SEÑALAN A LA POLICÍA NACIONAL
Los familiares de Valentín Palacio han dicho que desde su captura, el 8 de julio pasado en la Finca 44 de Changuinola, no lo han vuelto a ver.
Juan Manuel Díaz C.Un hábeas corpus en el que se solicita a la Corte Suprema que investigue dónde está el obrero Valentín Palacio, desaparecido durante los disturbios de Bocas del Toro el pasado 8 de julio, fue presentado ayer ante esa corporación de justicia.
El recurso fue suscrito por 30 organizaciones de la sociedad civil organizada contra el director de la Policía Nacional (PN), Gustavo Pérez, quien deberá responder si alguno de sus agentes detuvo a Palacio el día de la refriega, tal como aseguran testigos.
Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana pro Justicia, aseguró que Palacio fue visto por última vez cuando era detenido por los agentes en finca 44 Changuinola, en Bocas del Toro, y que hasta hoy se desconoce su paradero.
Castillo afirmó que las autoridades no han hecho una investigación seria por la muerte de, por lo menos, cuatro personas durante los enfrentamientos, ni sobre la gran cantidad de heridos que perdieron la visión a causa de los disparos de perdigón.
Mientras, el médico Mauro Zúñiga sostuvo que Palacio puede convertirse en el “primer decapitado de la dictadura civil que se ha instalado en el país”. “La falta de seriedad de las investigaciones y el silencio de los funcionarios han creado un ambiente de intranquilidad”, advirtió.
Se consultó a la PN sobre estos señalamientos, y a través de la Oficina de Prensa solo se informó que Palacio no aparece en la lista de detenidos por los sucesos.
En tanto, el fiscal auxiliar, Ángel Calderón, reiteró que por estos eventos se instruyen varios expedientes, entre estos el de los dos obreros muertos, que lo lleva la personería de Changuinola; y otro por incendiarismo, vandalismo, lesiones y otros delitos, que lleva su despacho.
Sobre este último, dijo que no se ha podido avanzar, pues los abogados de los sindicatos han introducido 10 hábeas corpus en la Corte que retrasan el proceso.
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