Opinión

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POLÍTICA

Rendición de cuentas

Me prometí prestar menos atención a la política criolla —y dirigir una mirada más cuidadosa a las circunstancias de los países donde estaría radicado— mientras durara mi permanencia, por motivos de trabajo, en el Viejo Continente. Evidentemente, no pude cumplir la promesa. Los sucesos de Bocas del Toro fueron tan indignantes que hubiese sido inapropiado permanecer callado frente a ellos. El estallido bocatoreño y sus antecedentes estuvieron caracterizados por prácticas que producen repulsión a los partidarios del sistema democrático: un estilo impositivo, extraño a la democracia; la genuflexión de los diputados, ajena al republicanismo; simulación y ramplonería en el planteamiento de las propuestas oficiales, antítesis de la virtud cívica; la represión militarista, violenta y descontrolada, opuesta al civilismo y al estado de derecho.

Hay que preguntar si el grupo gobernante es consciente de la gravedad de los hechos señalados y del malestar que han producido en la población. Si existen consejeros con un mínimo de lucidez en el entorno presidencial, ya habrán advertido al mandatario que dicho malestar no se superará con disculpas ni el nombramiento de comisiones que rendirán un informe el día en que San Juan agache el dedo.

Si existen dichos consejeros, también habrán explicado al presidente que en los sistemas democráticos —como pretende serlo el nuestro, hasta nuevo aviso— alguien tiene que asumir el costo político de exabruptos como el de Bocas del Toro.

Si no se exigen responsabilidades políticas a los funcionarios directamente involucrados —ministros, directores y jefes policiales— será el propio Presidente quien tendrá que cargar el peso de la repulsa popular por los eventos de julio pasado. Eso sería deplorable, porque erosionaría su credibilidad, cualidad fundamental para el buen gobierno. El tema de la responsabilidad política va de la mano de la rendición de cuentas, que es fundamental para el ejercicio democrático y para asegurar que las tareas gubernamentales se desenvuelvan de acuerdo con un mínimo de entereza y legalidad.

Al respecto, las democracias más adelantadas proporcionan algunos ejemplos que son dignos de examinar.

En Inglaterra y España, donde he estado las últimas semanas, la exigencia de responsabilidades al gobierno tiene expresiones ejemplares. Pocos ejercicios son comparables en eficacia al Question Time inglés, en que todas las semanas, en el Parlamento, la oposición somete al Gobierno —encabezado por el primer ministro, que asiste personalmente al acto— a un duro interrogatorio. Así, se obliga al Gabinete a dar respuestas mínimamente sensatas y creíbles a las preguntas que inquietan a la ciudadanía.

El Congreso español es escenario de indagaciones similares, en que el presidente del Gobierno y sus colaboradores se ven obligados a responder a los cuestionamientos de la oposición.

Recientemente, el presidente Rodríguez Zapatero rindió su informe a la Nación, que fue respondido formalmente, punto por punto, por el líder de la oposición, Mariano Rajoy.

Más allá de las simpatías o antipatías que puedan producir dirigentes específicos (ese no es el punto), lo que resulta remarcable es el nivel de rendición de cuentas que se practica y el aporte que dicha actividad hace al sistema democrático para evitar excesos y abusos de poder.

Nuestro sistema político, de estricta separación de poderes —que se diferencia del sistema parlamentario imperante en los países señalados —también provee espacios idóneos para la exigencia de cuentas al Gobierno. El principal de ellos, por supuesto, es la Asamblea Nacional, que tiene facultades adecuadas para celebrar audiencias sobre asuntos de interés público e interrogar a funcionarios del ramo ejecutivo. En un régimen funcional, la asamblea ejerce estas facultades con autonomía y el Gobierno las respeta, porque reconoce que la interpelación de sus actividades conduce directamente al mejoramiento de las políticas públicas.

Sobra decir que nada de eso ocurre en Panamá, donde el modelo político que llama la atención de los sectores políticos es el de la sumisión al poder Ejecutivo, no el de pesos y contrapesos que es parte fundamental del sistema democrático.

Tristemente, no estudian las prácticas imperantes en las democracias más avanzadas. Emulan, eso sí, las tácticas de regímenes autoritarios y corruptos, lo que es sumamente lamentable.

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