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LA COMISIÓN DE LA VERDAD, QUE SE CREÓ EN 2001 PARA INVESTIGAR LOS CRÍMENES DE LA DICTADURA, LOGRÓ IDENTIFICAR 8 RESTOS DE VÍCTIMAS DEL RÉGIMEN MILITAR

Desaparecidos de la dictadura, en el olvido

En el Instituto de Medicina Legal hay unos 60 restos sin identificar de víctimas de la dictadura militar que fueron desenterrados por la Comisión de la Verdad.

FOSAS. En el cementerio El Marañón, a metros del antiguo penal de la isla de Coiba, la Comisión de la Verdad descubrió varios restos de personas. Sin embargo, por falta de recursos sólo algunos fueron trasladados a Panamá. El lugar no se preservó para futuras búsquedas y en la actualidad se encuentra abandonado (foto abajo). LA PRENSA/Archivo1407586
ANA GRACIELA MÉNDEZ
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

[email protected]

El tiempo y la tierra consumen los huesos de Cecilio Hazelwood. Desde que fueron identificados por un equipo forense en 2003, han quedado abandonados en la isla de Coiba esperando que los vayan a retirar. Los de Reinaldo Sánchez Tenas, Jerónimo Díaz y Gerardo Olivares ya se los llevaron.

Pero la plata no alcanzó para llevarse a Cecilio Hazelwood. Allí quedó con los otros restos, los que nadie sabe de quiénes son porque el dinero no alcanzó. Los que nadie intenta buscar, identificar.

Los huesos de Cecilio Hazelwood, víctima de la dictadura militar, no son los únicos que quedaron en la isla de Coiba desde que la Comisión de la Verdad terminó su trabajo el 18 de abril de 2002.

Todos los sitios de excavación -más de 30 alrededor de Panamá- permanecen sin custodia. Esto, a pesar de que todavía hay restos de víctimas de la dictadura en ciertos sitios, según revela el informe de la oficina de seguimiento de la Comisión de la Verdad que continuó el trabajo de la comisión y funcionó hasta 2004.

De los restos que se encuentran en la isla de Coiba, algunos están enteros -de pies a cabeza-, como estaban el día en que los militares los sepultaron en el cementerio El Marañón, al lado del penal de la isla. No alcanzó el dinero para exhumarlos, ni lograron identificarlos. Hubo un grupo de restos que sí se llevaron de la isla para identificar en 2003 y 2004.

Esos restos están en el Instituto de Medicina Legal. El “depósito de huesos”. Sin embargo, a pesar de que han sido clasificados y bajo custodia de especialistas, esos restos aún permanecen anónimos.

De todas las osamentas que desenterró la Comisión de la Verdad entre 2001 y 2002, sólo ocho pudieron ser identificadas. Ocho años después, quedan alrededor de 60 restos aún por identificar en el Instituto de Medicina Legal.

La Comisión de la Verdad hizo el traspaso de los huesos que encontró al Ministerio Público en 2005. Según dijo José Vicente Pachar, subdirector de Medicina Forense, la Comisión de la Verdad hizo la entrega de esos restos y después “nunca hubo ni una solicitud” para que se volvieran a analizar ni para que se le diera continuidad al trabajo que ya se había hecho. Según Pachar, el Instituto de Medicina Legal sólo puede hacer los análisis de ADN si el Ministerio Público da una orden oficial para que se hagan.

La procuradora separada, Ana Matilde Gómez, dijo a La Prensa que bajo su gestión se logró que el Ejecutivo le asignara dinero para crear un fondo de unos 45 mil dólares para la identificación de alrededor de 60 osamentas que descansan en cajas dentro de un depósito del Instituto de Medicina Legal.

Gómez admitió que la Iglesia católica presionó para que se hicieran pruebas de ADN a los 60 restos anónimos, con el objetivo de conocer si alguno de ellos pertenece al líder religioso Héctor Gallego, desaparecido el 9 de junio de 1971 bajo la dictadura militar de Omar Torrijos. Pero el trabajo de identificación no se logró completar a pesar de que el país recuperó la democracia hace 20 años.

La Prensa solicitó al Ministerio Público información actualizada sobre el dinero destinado para avanzar con las pruebas de ADN, pero la nueva gestión del procurador Giuseppe Bonissi no contestó el pedido.

Una de las razones por la cual demoró la creación del fondo –dijo Gómez- fue que el dinero venía condicionado a la contratación de Terry Melton, experta forense estadounidense que analizó y confirmó los procesos de identificación de Heliodoro Portugal en 2000.

Pachar, por su parte, reconoció que era necesario contratar a Melton porque la base de datos de análisis de ADN preliminar, que contenía información genética de familiares de víctimas de la dictadura y de los restos clasificados en el Instituto de Medicina Legal, había sido creada en Estados Unidos y que Panamá no disponía del software necesario para cruzar la información.

Al salir Gómez de la Procuraduría el 5 de febrero pasado, el proceso de contratación con Melton -quien propuso un proyecto de análisis e identificación al Ministerio Público- quedó sin finalizar. El costo de cada prueba de análisis de ADN mitocondrial es de alrededor de 300 dólares.

Fuentes del Instituto de Medicina Legal dijeron que en esa institución hay más de mil muestras a las cuales no se les pudo hacer análisis de ADN de paternidad por falta de personal y recursos. Agregaron que si el instituto no tiene dinero para completar las pruebas de paternidad (pruebas más simples que las de ADN mitocondrial, el método necesario para identificar los restos) menos podrá lograr la identificación de las víctimas de la dictadura.

Pero los huesos archivados en el Instituto de Medicina Legal no son los únicos que fueron desenterrados y que han quedado sin identificar. Cuando terminó el trabajo de la Comisión de la Verdad en 2002, todavía quedaban algunos restos en Estados Unidos, que fueron llevados al laboratorio privado Reliagene Technologies y al laboratorio forense del Federal Bureau of Investigation (FBI).

La arqueóloga Loreto Suárez, que colaboró con la Comisión de la Verdad, dijo que allí queda aún un cráneo entero -exhumado en la isla de Coiba- con un orificio de bala en la frente, que restauró Ann Ross, arqueóloga de la Universidad de Carolina del Norte que también ayudó a la Comisión de la Verdad.

Suárez dijo que solicitó la devolución del material que había quedado en Estados Unidos. Pero añadió que nunca se los mandaron y que, al disolverse la Comisión de la Verdad, no supo más de las osamentas. La Prensa solicitó a Reliagene Technologies un listado de los restos que recibieron desde Panamá y que no devolvieron. No obstante, Reliagene Technologies fue vendido hace más de un año a la compañía Orchid Cellmark, que a su vez confirmó que esa información es confidencial.

Ninguna de las fuentes consultadas conocía sobre la venta de Reliagene Technologies, y sólo Suárez dio información sobre los restos que quedaron en Estados Unidos. El Ministerio Público no respondió a La Prensa sobre el registro de los restos enviados a Estados Unidos y que aún no fueron devueltos a Panamá.

LOS SITIOS, EN EL OLVIDO

La Comisión de la Verdad logró explorar más de 30 sitios de excavación, enfocándose en la isla de Coiba y el antiguo cuartel Los Pumas de Tocumen, con el objetivo de encontrar desaparecidos durante la dictadura militar. En el cementerio El Marañón, de la isla de Coiba, a metros del penal, Suárez confirmó que todavía está enterrado Cecilio Hazelwood y muchos otros huesos de víctimas del proceso militar, que comenzó con Torrijos y terminó tras la caída de Manuel Antonio Noriega, en 1989.

El informe de la oficina de seguimiento de la Comisión de la Verdad –una dependencia que se creó tras el informe final que presentó la comisión en abril de 2002- señala que en el antiguo cuartel Los Pumas de Tocumen también quedan restos. El padre Conrado Sanjur, colaborador del Comité de Familiares de Desaparecidos, declaró que tienen información de que aún hay osamentas por desenterrar en el cuartel Los Pumas de Tocumen, principalmente en un área que no se exploró por falta de tiempo y recursos durante los primeros trabajos de excavación.

En la actualidad, las tierras del antiguo cuartel pertenecen, desde 2003, a Tocumen S.A. En el lugar, la empresa que gestiona el aeropuerto internacional realizó varios cambios y modificó el área de Motor Pool, la zona donde se encontraron los restos de Heliodoro Portugal y Ever Quintanar.

Los sitios de excavación, incluyendo el cementerio El Marañón de la isla de Coiba y el cuartel de los Pumas de Tocumen, han quedado sin ningún tipo de custodia por parte de las autoridades.

Gómez dijo que la protección de estos lugares sólo se puede ordenar si hay una investigación abierta y si es “la escena de un crimen que todavía tuviera hallazgos o la presunción de que hubiera otros restos”.

Para el Comité de Familiares, la oficina de seguimiento de la Comisión de la Verdad y especialistas aún hay restos por descubrir en algunos sitios, principalmente en el cuartel Los Pumas de Tocumen y la isla de Coiba.

¿Por qué entonces no se han protegido? ¿Por qué no han excavado más?

Gómez explicó que bajo su gestión se creó una fiscalía especial, liderada por la fiscal Janeth Rovetto, para darle seguimiento a todos los casos documentados por la Comisión de la Verdad. Esto incluía seguimiento judicial, investigativo y de posibles proyectos de excavación. “Si la Procuraduría hubiese recibido información de que era necesario excavar, se hubiese hecho”, dijo la procuradora separada.

Fuentes vinculadas a las investigaciones sobre desaparecidos durante la dictadura dijeron que la fiscal Rovetto sí recibió información sobre los restos que quedaban en el cuartel Los Pumas de Tocumen y en la isla de Coiba, pero que nunca actuó.

El Ministerio Público no ha contestado la solicitud de La Prensa para entrevistar a Rovetto. Según fuentes del Ministerio Público, la fiscalía especial para atender los casos de desapariciones durante la dictadura se cerró.

De acuerdo con los familiares de las víctimas, la gestión de Gómez no hizo lo suficiente para asegurar las identificaciones de los restos ni para seguir buscando a más víctimas de la dictadura militar. Según indicó Maritza Maestre, presidenta del Comité de Familiares de Desaparecidos, Gómez creó la fiscalía especial en 2005 “de pantalla para callar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en referencia al pedido del organismo internacional para que Panamá creara una oficina para tratar los casos de víctimas de violaciones de derechos humanos.

Los familiares, pidió Maestre, quieren una “fiscalía real”, ya que –según Maestre- la fiscalía especial a cargo de Rovetto “sólo ha logrado archivar los casos”.

Sanjur, por su parte, dijo que a Rovetto no se le garantizaron los recursos necesarios para liderar una gestión exitosa. “Rovetto era la única que estaba encargada de los casos de los desaparecidos”, señaló.

Ante las críticas de los familiares, Gómez defendió su gestión, dijo que no tenía los recursos, ni el presupuesto para crear las posiciones y salarios de una fiscalía completa.

Los familiares mantienen una posición distinta a raíz de que bajo la gestión de Rovetto prescribieron 11 casos de desaparecidos durante la dictadura. El criterio cambió luego de que Panamá ratificó la Convención sobre la Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad el 20 de diciembre de 2006. A partir de la firma de ese tratado, esos crímenes se declararon imprescriptibles.

Gómez dijo que la ratificación del tratado ocurrió bajo influencia de su gestión que –según dijo- luchó contra la prescripción. No obstante, los familiares consideran que los esfuerzos contra la prescripción de las causas de la procuradora suspendida fueron “laxos”.

‘QUEDARON EN EL AIRE’

Los familiares admitieron que nunca peticionaron la protección de los sitios de excavación bajo la gestión de Gómez. De acuerdo a Sanjur, cuando terminó el trabajo de la Comisión de la Verdad y todo pasó al Ministerio Público los familiares “quedaron en el aire”. Sanjur explicó que por eso, precisamente, no llegaron a pedir a las autoridades la protección de la isla de Coiba y el cuartel Los Pumas de Tocumen. El religioso agregó que, a pesar de sentir culpa por no haber pedido la protección de los sitios, esa responsabilidad le correspondía al Ministerio Público.

Sanjur afirmó que en mayo de 2010 los familiares pidieron a Bonissi la protección de la isla de Coiba a raíz de que la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) expresó su interés en convertir el área del cementerio y del penal en sitios de atracción turística. Bonissi aún no contestó su pedido, dijo el religioso. La Anam informó que, a pesar de los planes futuros, el cementerio y el penal de la isla siguen igual desde 2004, fecha en que se cerró el penal y finalizó además el trabajo de la Comisión de la Verdad en Coiba.

Pasaron más de 20 años desde que cayó la dictadura, 10 años desde que se encontraron los primeros restos de desaparecidos en cuarteles y cementerios clandestinos.

Sin embargo, aún muchos quedan por buscar y otros por identificar en el Instituto de Medicina Legal.

Huesos anónimos que aún esperan.

Entre el éxito y las divisiones

El trabajo de la Comisión de la Verdad, que nació el 18 de enero de 2001 con la misión de investigar los crímenes de la dictadura, se caracterizó por las luchas internas entre un grupo de miembros y su presidente, Alberto Almanza.

Algunos de sus integrantes calificaron el trabajo de Almanza de “mediocre” y agregaron que con mejor criterio administrativo, la comisión podría haber logrado mejores resultados, más allá de los ocho cuerpos que identificó.

Uno de los desaciertos de la comisión, según este grupo disconforme con Almanza, fue la contratación de la estadounidense Sandra Anderson y su perro ‘Eagle’, encargado de la búsqueda de restos. En su país natal, y tras los trabajos en Panamá, Anderson fue acusada de “plantar” evidencias en los lugares de búsqueda.

Almanza dijo que la comisión hizo “todo lo que pudo”. Conrado Sanjur, colaborador del Comité de Familiares de Desaparecidos, opinó que durante los seis meses originales de vigencia, la comisión “no hizo nada”. Por eso -dijo- se pidió una prórroga que extendió su vigencia a 15 meses. “Y aun así, pasados 15 meses, nada”, añadió.

 


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