Opinión

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GOBIERNO

Expectativas frustradas

El ejercicio del poder público en Panamá manifiesta ciertos rasgos negativos. Los más evidentes son la ineptitud o mediocridad administrativa, la corrupción institucionalizada y una tendencia autoritaria heredada de la dictadura militar. Al respecto, podemos establecer diferencias analíticas útiles –sobre bases fundamentadas– entre los distintos gobiernos posteriores a la invasión estadounidense de 1989.

La ineptitud y la corrupción son fenómenos difíciles de medir. Aun así existe, entre otros indicadores, el Índice de Percepción de la Corrupción, compilado por Transparencia Internacional y disponible para Panamá desde 2001 (http://www.transparency.org/).

La calificación promedio obtenida en los años de Mireya Moscoso fue de 3.5. En los años de Martín Torrijos, bajó a 3.3. En otras palabras, la percepción de corrupción, de por sí preocupante (cercana a 0, que indica percepción de alta corrupción), se acentuó bajo el más reciente gobierno del PRD.

El impulso autoritario, presente en todos los gobiernos, también es más evidente bajo las administraciones del PRD. Los gobiernos no-PRD mangonearon la función legislativa menos que las administraciones del partido de los cuarteles.

Por ejemplo, no asumieron facultades legislativas extraordinarias, abominable degeneración del sistema democrático, constitucionalizada mediante la ley fundamental impuesta por los militares en 1972 y mantenida felizmente desde entonces por el sector político. Los gobiernos del PRD las obtuvieron de una Asamblea complaciente en 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2005, 2007 y 2008.

Las administraciones en que no intervino el PRD pretendieron menos control sobre los medios de comunicación. El primer gobierno perredista siguiente a la invasión nombró un procurador que se dedicó a perseguir el periodismo independiente. En su afán de silenciar la crítica, el segundo gobierno perredista utilizó el presupuesto estatal como ninguno de sus predecesores, destinando a gastos de “publicidad” al menos 101 millones de balboas (La Prensa, 18 de julio de 2010).

Los gobiernos no-PRD evitaron nombrar a cercanos colaboradores de la dictadura, vinculados a graves violaciones a los derechos humanos, en cargos públicos de alta jerarquía. Y, aunque ciertamente reprimieron las protestas populares, sus actividades represivas no causaron la muerte de ningún manifestante.

Algo distinto ocurrió en 1995, cuando cuatro obreros murieron durante manifestaciones contra la política laboral del gobierno de Pérez Balladares (La Estrella de Panamá, 10 de mayo de 2010). En protestas sindicales durante el gobierno de Martín Torrijos perecieron al menos dos obreros a manos de agentes de la Policía Nacional (Frenadeso, 8 de junio de 2008).

Ante estas realidades incontrovertibles, en 2008-2009 muchas voces conscientes pidieron la unión de la oposición para evitar la continuidad del PRD, con la consecuente acentuación de la corrupción y la tendencia autoritaria. Sobre las bases señaladas, la expectativa era que un gobierno de la oposición sería menos corrupto y represivo que uno del PRD.

Al momento de emitir su voto, ninguno de los 952 mil 333 ciudadanos que respaldó en las urnas a la Alianza por el Cambio se hubiese imaginado que, a poco más de un año en el poder, el gobierno de esa coalición incorporaría a las filas estatales a entusiastas servidores de la dictadura, montaría un aparato de espionaje, anularía la separación de poderes, combatiría el periodismo independiente y reprimiría brutalmente unas protestas causadas por la ineptitud y arrogancia de funcionarios del propio gobierno, con deplorable saldo de muertos y heridos.

Ninguno de los miles de civilistas que apoyó a Martinelli y produjo su triunfo se hubiese imaginado jamás que una administración compuesta por individuos que lucharon contra el régimen militar ejecutaría una sanguinaria jornada de represión en el 23 aniversario del “Viernes Negro” de la dictadura.

Por la mente de ninguno de los miles de panameñistas que favorecieron con su voto a la Alianza por el Cambio hubiese pasado jamás que la cúpula de un partido reprimido y perseguido a lo largo de su historia sería cómplice de violaciones a los derechos humanos como las que se suscitaron hace unos días en Bocas del Toro.

Urge que el gobierno nacional, elegido por una mayoría de votantes que exigía y esperaba menos autoritarismo y corrupción en el ejercicio del poder, corrija su rumbo, antes de que sus acciones conduzcan a escenarios de desobediencia civil y violencia social.

Además en opinión

• Al oído izquierdo del Sr. Presidente: Rubén Darío Paredes
• Cultura de orden y limpieza: Maurice Belanger
• Expectativas frustradas: Carlos Guevara Mann
• Petróleo en las huellas: Stanley Heckadon–Moreno
• El engendro de Martinelli: Ricardo Bermúdez A.