Opinión

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ABUSOS

Proteger y respetar, no reprimir o intimidar

WASHINGTON, D.C. –El deber de una Policía es proteger, no reprimir, y el deber de un gobierno democrático es respetar las libertades ciudadanas, no serrucharlas.

Esas observaciones vienen al caso porque estoy escribiendo esto el viernes en la tarde, cuando las últimas noticias desde el istmo hablan de enfrentamientos violentos en Bocas del Toro y Panamá. Leo que hay al menos un muerto y decenas de heridos; los antimotines repartieron perdigones y gases lacrimógenos. Esta misma semana, las noticias desde Panamá también han informado de periodistas encarcelados, retenidos, heridos, desnudados e intimidados.

Parece que poco hemos aprendido desde aquel viernes negro en julio de 1987. La dictadura nos echaba a sus dóberman en una forma que debió descontinuarse en democracia, y no ha sido así. Desde el gobierno de Guillermo Endara comencé a criticar que la Policía panameña usa fuerza excesiva para reprimir manifestaciones cuando su deber es usar la mínima fuerza posible, y aquello ha seguido igual en todos los gobiernos desde entonces. Siempre alegan como defensa que los manifestantes están tirando piedras o que hubo alguna violencia, cuando hay tácticas policiales para lidiar con esas situaciones sin recurrir a perdigones. Los gases lacrimógenas deben usarse como un último recurso, no el primero.

Por eso mismo es peligroso que la nueva “ley chorizo” otorgue a la Policía un permiso prácticamente ilimitado para disparar a matar. Rechazo que esto sea justificable como protección contra la inseguridad; lo que necesitamos es una policía más eficaz, no más abusiva.

También me preocupan los casos del columnista Paco Gómez Nadal y el periodista Carlos Núñez. El de Gómez Nadal (un español quien en estas páginas ha criticado severamente al gobierno de Ricardo Martinelli) me recuerda al de Gustavo Gorriti (un peruano que en este diario dirigió investigaciones muy irritantes al gobierno de Ernesto Pérez Balladares). En el caso de Gorriti, se le lanzaron represalias que intentaban expulsarlo del país; el caso de Gómez Nadal parece una repetición de la misma táctica, que es repugnante para todo el que crea sinceramente en libertad de pensamiento y expresión.

Pero más allá de defender principios, el lado pragmático del asunto es que el caso Gorriti le costó caro al gobierno de Pérez Balladares. Se convirtió en una causa célebre que fue tema de cobertura global, de editoriales en The New York Times, y de audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los aliados del torismo eventualmente lograron sacar a Gorriti del periódico y del país, pero el daño a su imagen internacional fue alto. El gobierno de Martinelli haría bien en no repetir el error.

El caso de Carlos Núñez es aun más escalofriante, porque él está preso. Lo han encarcelado por una condena de calumnia e injuria. Otra vez, esto es algo que he venido criticando desde tiempos de Guillermo Endara, quien acusó penalmente de calumnia a varios (incluyendo un caricaturista de este diario). Endara eventualmente retiró los casos, pero la difamación siguió siendo cosa penal en Panamá (aunque bajo Martín Torrijos se eliminó que sea penal cuando la persona supuestamente difamada es un funcionario).

En países civilizados se considera un barbarismo que la difamación se resuelva por vía penal, no civil. La CIDH se ha pronunciado claramente al respecto y otros países latinoamericanos en el hemisferio han rectificado su legislación. Pero en Panamá, como si no importara que acusaciones de difamación se usen para amenazar a periodistas, los funcionarios siempre se han refugiado en la excusa de que “nadie va preso” por calumnia en nuestro país. El caso Núñez comprueba que eso no es cierto y que todos, no solo periodistas, estamos a riesgo de un encarcelamiento injusto cuando se vive en un país sin justicia.

Como editorializó The New York Times en el caso Gorriti, “El periodismo independiente solo es posible donde haya un poder Judicial independiente”.

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