Opinión

Regresar al inicio Enviar a un amigo Imprimir Enviar correcciones

ASAMBLEA DE DIPUTADOS

Deplorable subordinación

Casi caigo para atrás –¡Plop!– como Condorito, cuando escuché al diputado Rogelio Baruco, de Cambio Democrático, sugerir que –en última instancia– es el mandatario de la Nación quien decide cuál de los diputados preside la Asamblea Nacional. Según El Panamá América (1 de abril), los periodistas le consultaron a Baruco sobre “quién escogería al próximo presidente del Órgano Legislativo”.

El diputado respondió con una pregunta – “¿Quién es el que manda en este país?”– insinuando que en una república presidencialista es normal la intervención del jefe del Ejecutivo en la toma de decisiones que competen exclusivamente a otro órgano del Estado. Tan extraordinaria ocurrencia ha de ser un anticipo de las lluvias de creatividad que caerán sobre el país una vez se implemente la transformación curricular por la erudita ministra de Educación, Lucinda Molinar.

Agregó Baruco que la participación del Presidente de la República en el asunto señalado “no puede interpretarse como una intromisión de un órgano del Estado en la gestión de otro, sino que se trata de la armónica colaboración que dispone la Constitución Nacional”. Semejante interpretación habría de merecerle, por su sensacional aporte al desarrollo de la humanidad, la colocación de su estatua en el Panteón de París.

Por instantes, la trifulca de los diputados por la presidencia de la Asamblea Nacional pareció casi tan intensa como alguna reyerta entre pandillas como “La Bagdad” o “La PRD”. Con razón: peleaban por un botín. Los emolumentos del presidente y vicepresidentes de la cámara no son nada despreciables, aún después de la rebaja a 10 mil balboas mensuales dispuesta el año pasado por el actual presidente de la cámara, el diputado Varela.

Además, está el presupuesto de 56 millones de balboas en 2010 y quién sabe cuánto en 2011. Con tantos millones pueden hacerse muchos nombramientos, compras y contrataciones.

Pero no es el gatuperio entre los diputados lo que interesa. A fin de cuentas, la diferencia pronto quedó zanjada al acordarse que el diputado José Molina será el próximo presidente. Molina tiene más méritos que Baruco: ha sido elegido en tres ocasiones, cada una por un partido distinto. Todo un récord de reelección y transfuguismo contra el cual Baruco (diputado novato) no puede competir.

Lo que importa es el daño que las lamentables actuaciones de los integrantes de la Asamblea le causan al sistema político. Al no legislar con independencia de criterio y al rescindir su obligación de escrutar los actos del gobierno, la Asamblea contribuye directamente a la concentración del poder y la falta de transparencia, lacras que agobian a la población e impiden el desarrollo del país.

El “modelo de representación” instituido en Panamá en las postrimerías de la dictadura militar –y recuperado a partir de la “torodictadura” –es el siguiente. Quienes cada cinco años son elegidos diputados (o concejales) renuncian al ejercicio de su función representativa a cambio de las prebendas que les entrega el Ejecutivo.

Las dádivas los enriquecen y les permiten financiar sus campañas electorales. En 1999, 2004 y 2009, casi la mitad de los diputados que aspiraron a la reelección lograron permanecer en sus cargos. Los que no logran reelegirse se arrastran ante el gobernante de turno para que los nombre en el sector público o, en el menor de los casos, se van a casa con suficiente dinero en el bolsillo para no tener que esforzarse demasiado el resto de sus días.

Ese “paradigma representativo” que tenemos en Panamá es nocivo para el sistema democrático. Por la forma en que se conducen –antes y ahora– pareciera que los diputados no son conscientes de los perjuicios causados por su conducta. Sus dañinas actuaciones contribuyen a desacreditar y degradar, cada día más, el régimen político.

En una democracia presidencialista, le corresponde a la Asamblea colaborar a que las decisiones y actuaciones del Gobierno redunden en beneficio de la sociedad. El oficialismo tiene el deber de contribuir a mejorar las propuestas del Ejecutivo.

Eso incluye advertir al Gobierno sobre lo que no es viable o conveniente para el país –como, por ejemplo el aumento del ITBMS al 7%, que los diputados aprobaron sin razonar. La oposición, a su vez, debe fiscalizar permanentemente los actos del Gobierno.

¿Será mucho pedirles a los miembros de la Asamblea Nacional?

Además en opinión

• Del vicioso círculo de la transparencia: Fernando Berguido
• Arquitectura para la paz: René Quevedo
• Deplorable subordinación: Carlos Guevara Mann
• ¿Qué papel le toca jugar al Gobierno?: Omar Zambrano
• Mascotas, celulares y canasta básica: Hirisnel Sucre S.