Opinión

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EL MALCONTENTO

Entre violencias

Parte fundamental del modelo democrático occidental es depositar el monopolio del ejercicio de la denominada “violencia legítima” en el Estado. Desde la óptica más ingenua heredada de Weber y de otros teóricos, que son cimentadores de los sistemas que hoy vivimos y sufrimos, hay una “violencia legítima” y dado que el Estado se funda en base a un contrato social, parecería lógico que las armas, las fuerzas coercitivas (policía y demás fauna uniformada) y el castigo no estén en manos de grupos privados de interés (terratenientes, iglesias, etc…) sino que sea gestionado desde lo público.

Suena bien. Pero para que esto fuera cierto el Estado debería ser realmente fruto de un acuerdo y los que lo gestionan deberían estar volcados al servicio y al interés público, más allá de sus agendas particulares o de su ideología. No es así.

Los estados occidentales (es en los que sobrevivo y por tanto no me corresponde a mí la crítica a los orientales o a los árabes) son hoy, en el siglo XXI, los principales protagonistas de la violencia, sin apellidos, sin legitimidad, moralmente repudiable. No me refiero solo a las guerras o ataques armados (algo tan burdo que no merece explicación), sino a la violencia cotidiana que nuestros gobiernos y aparatos judiciales ejercen contra nosotros, los ciudadanos, supuestos contratistas de estos servidores públicos. El Estado panameño, como otros, es violento todos los días.

Es violencia directa el estado de pobreza en la que se mantiene un alto porcentaje de la población; es violencia el hacinamiento en las casas y la falta de servicios públicos; la Caja de Seguro Social ejerce la violencia en sus salas de espera y en su negación de medicamentos y auxilio; es violencia la justicia que mantiene a más de la mitad de los reclusos sin juicio en condiciones infrahumanas; es violencia arrebatar las aguas o los montes a los ciudadanos para entregarlos a empresas que cuentan con pequeños ejércitos de seguridad privada; es atraco a mano armada la corrupción diaria y descarada; es violencia someter a nuestros niños y niñas a una educación de mala calidad en aulas indignas y con maestros peor formados; ejerce violencia evidente el Estado en cada retén policial, en que dependiendo del color de la piel del ciudadano y del carro en el que se desplace cambia el tono y las amenazas; es violento toparse con una pareja de linces y sentir miedo; es violencia que las mujeres tengan peores salarios, cero comprensión y estén sometidas a un imaginario excluyente; es violencia que las personas con opción homosexual tengan que esconderse de vecinos y autoridades; es violento nuestro sistema fiscal…

El Estado es violento. Pero jamás escucharemos o leeremos esa calificación en medios de comunicación o tertulias de “entendidos”. Sin embargo, el calificativo violento lo guardamos para los manifestantes que son agredidos, detenidos y tratados como perros por la Policía. Se llenan páginas de textos escandalizados ante la violencia obrera que impide el normal (y violento) desarrollo de nuestra vida cotidiana.

No sabemos quién tiró primero, quién provocó o cómo sucedieron los acontecimientos de la semana pasada en Avenida Balboa y en Calle 50, pero el trabajo ideológico y propagandístico del poder es tan bueno que damos por hecho que fueron los obreros los violentos y que los agentes de policía “tuvieron” que poner orden. Es decir, volver al orden (violento) establecido en que nos suben impuestos directos o pisotean nuestros derechos, pero permanecemos callados y felices porque podemos circular con nuestro carro por las violentas y trancadas calles de la ciudad.

Los empresarios (sujetos que comparten con gusto el ejercicio de la “violencia ilegítima”) protestan y se rasgan las vestiduras sin reflexionar en cómo con los salarios de miseria se ejerce violencia o al revisar las bolsas de sus empleados al salir del puesto de empleo (¿se imaginan que hicieran lo mismo a los clientes en el Club Unión por si se han robado una cucharilla?) humillan y generan odio y violencia.

Criminalizar la protesta ciudadana es una práctica tan vieja como la dictadura. No defiendo a Suntracs ni a ninguna organización en específico, sino a todas al tiempo y sin exclusión. Si los fieles a Don Bosco pueden interrumpir el tráfico durante horas o se cierran calles por unos carnavales que no todos comparten, los trabajadores deberían poder hacer lo mismo; y las amas de casa; y los estudiantes; y los jubilados; y los desempleados. El corte de calles no es el problema, sino la injusta (y violenta) distribución de la riqueza, la falta de oportunidades y los derechos conculcados. Solucionen eso y se acabarán las protestas callejeras. Claro, eso sería una amenaza a su poder y a sus cuentas corrientes. Entendido.

Además en opinión

• El impacto de la corrupción: Tom Rodríguez
• Comentarios sobre el llamado a la unidad: Rafael Spalding
• Entre violencias: Paco Gómez Nadal
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