Opinión

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PENA DE MUERTE

Una sed de linchamiento

CONTADORA, R.P. –Nadie cree más fervientemente en la democracia que yo, pero hay algunas cosas que no se pueden decidir por voto mayoritario. Si así de simple fueran las cosas, no necesitaríamos ni Constitución ni leyes para proteger contra esa mentalidad de turba que poco valora los derechos humanos, el debido proceso, y los derechos de las minorías. Por el contrario, reconocer el peligro de la mentalidad de turba y establecer leyes que la frenen es uno de los atributos de las democracias avanzadas, además de ser un indicio de altura filosófica y moral.

Pero cada vez que pienso que Panamá podría estar acercándose a ese nivel de altura, algún hecho deprimente me devuelve dolorosamente a la realidad. Esta semana, el hecho deprimente fue el resurgimiento de un esfuerzo por aprobar la pena de muerte en Panamá. Me opongo a eso no por razones filosóficas o religiosas sino por razones jurídicas y prácticas. La simple realidad es que no podemos tener pena capital en un país donde no hay justicia. No podemos entregar el poder de matar a sus ciudadanos a un gobierno que todos sabemos tendrá que avanzar mucho, mucho, mucho antes de superar la corrupción, la estupidez y la bajeza política. No podemos ni hablar de ejecutar presos hasta tener una Corte Suprema que no nos repugne. Una pregunta: Si el preso fuera hijo suyo, ¿a cuál de esos flamantes magistrados entregaría usted el poder de vida o muerte?

Peor aún, tengo buenas razones para pensar que el porcentaje de panameños que quiere instalar una pena de muerte (59%, según he visto) es igualado o superado por el porcentaje de panameños que admite que Panamá no tiene justicia. En 2004, por ejemplo, cuando también se propuso la pena de muerte en Panamá, las encuestas señalaban que 80% de los panameños respaldaba la “mano dura” e igual porcentaje reconocía que en Panamá “no hay justicia”. ¿Qué nos dice eso, en 2004 y ahora? Que una sed de linchamiento se ha apoderado del país, porque la turba sabe –pero no le importa– que nuestro sistema de justicia es incapaz de distinguir entre culpables e inocentes. (Ver columna del primero de agosto de 2004).

Se nos dice que esta sed de linchamiento se debe a la frustración ciudadana frente a la creciente criminalidad, pero esa frustración no es excusa para tirar toda aspiración de justicia a la basura y rebajarse a la irracionalidad primitiva. Lo racional –como sociedad– sería exigir punto final a la impunidad a todos los niveles, trabajar juntos hacia un país menos desigual, y construir un sistema de justicia que de verdad funcione en vez de la maraña medieval y corrupta de conceptos obsoletos y procedimientos absurdos que tenemos ahora. Todos los años, el informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado señala que en las cárceles panameñas, entre 58% y 65% de los presos no han recibido juicio. Entonces, si ni siquiera podemos enjuiciar a los presos que tenemos en calabozos infernales, ¿cómo vamos a ejecutarlos? ¿Por linchamiento, como en las viejas películas de vaqueros?

Si es así, les ruego recordar que en esas películas viejas, muy frecuentemente el tipo que la turba quería linchar era un pobre diablo que parecía culpable a primera vista pero era inocente en verdad. Si aun en países con sistemas de justicia más avanzados que el nuestro –Estados Unidos, por ejemplo– las pruebas de ADN han comprobado un índice escalofriante de personas condenadas erróneamente, el argumento más poderoso en contra de la pena capital es el potencial de error irreparable.

Tengo entendido que la Presidencia, felizmente, ha rectificado la idea de someter la pena capital a referéndum popular, para proceder con el tema en base a un proceso de consulta. Pero digan lo que digan las encuestas, los panameños pensantes deben darle un rotundo no a la propuesta. Linchamientos no son la solución.

Además en opinión

• Pocas manos, muchas patas: Xavier Sáez–Llorens
• Para combatir la criminalidad: Franklin A. Hernández
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