Opinión

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DEMOCRACIA

Lección ejemplar

El 26 de febrero, la Corte Constitucional de Colombia emitió la sentencia No. C-141/10, mediante la cual declaró “inexequible en su totalidad la Ley 1354 de 2009, por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional” que hubiese abierto las puertas a una segunda reelección del presidente Uribe.

La decisión aludida constituye una importante lección de constitucionalismo democrático, lo mismo que una defensa fundamental contra el absolutismo y la perpetuación en el poder. En América Latina, éstos son males endémicos, de cuya influencia nefasta –tristemente– los panameños aún no logramos sustraernos.

En su reciente fallo, la Corte Constitucional sentenció: “Entre los distintos elementos que configuran toda democracia se encuentra el respeto de los procedimientos formales previstos para el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana. Para la Corte Constitucional, más que meros ritualismos, tales formas están instituidas en garantía de las reglas fundamentales de la democracia representativa y de participación y son componentes sustanciales del principio democrático”.

Agregó el tribunal que los vicios incurridos en el trámite de la propuesta de referéndum –y el procedimiento legislativo que la aprobó– no constituyen “meras irregularidades formales” sino “violaciones sustanciales al principio democrático, uno de cuyos componentes esenciales es el respeto de las formas previstas para que las mayorías se pronuncien”. Los sectores influyentes de nuestro país, que tanta afición manifiestan por Colombia (sobre todo por su gobierno de tendencia autoritaria), harían bien en leer este breve e histórico pronunciamiento, que restituye, en parte, la tradición constitucional y democrática colombiana que el uribismo ha intentado desarticular.

No es válido el argumento según el cual en situaciones “urgentes” (definidas como tales según el criterio sui generis de los gobernantes de turno) es necesario quebrantar la Constitución y la ley. No solo es inválido: es sumamente peligroso. Es ése el mensaje que la Corte Constitucional envió a los colombianos, a los latinoamericanos y al mundo entero.

En contraste, el ex presidente soviético Mikhail Gorbachev publicó el domingo (13 de marzo) una columna en The New York Times, en la cual alega que bajo circunstancias especiales, “en las cuales la existencia del Estado está en riesgo, no es siempre posible actuar según las normas. En esos momentos es preciso adoptar medidas decisivas, firmes y hasta autoritarias”, afirmó el ex mandatario.

Semejante y craso error de juicio en el cual se apoyó Gorbachev es lo que llevó a Rusia a la autocracia mafiosa que impera hoy en ese país. Habría que preguntarle, directamente, si ése es el desenlace que anhelaba para Rusia cuando emprendió la perestroika a finales de la década de 1980 y si acaso no percibe que la vulneración de los procedimientos vigentes, en un momento de “crisis”, conduce irreparablemente a futuras y caprichosas violaciones que terminan por erosionar –o erradicar– el sistema democrático.

En todo esto hay aprendizajes importantes para los panameños, especialmente para la denominada “clase política”. Según las principales evaluaciones internacionales, Panamá es hoy más democrática que Rusia, Colombia y la mayoría de los países del mundo.

A diferencia de lo que piensan algunos grupos oligárquicos (o sus asesores extranjeros de instintos cavernarios), ésa es la mejor credencial que podemos presentar en el extranjero, la que más prestigio otorga, la que más confianza inspira. No es ni el eficiente manejo del Canal, ni el grado de inversión por obtener, ni la libre circulación del (devaluado) dólar, ni la baja inflación (cosa del pasado, más aún tras la desatinada aprobación del aumento al ITBMS por la Asamblea Nacional).

Ninguno de esos aspectos es irrelevante, pero ninguno supera en importancia a la naturaleza democrática del régimen político vigente, el cual, a pesar de sus numerosas insuficiencias, lagunas y defectos, es –hasta ahora– más competitivo y pluralista que en cualquier otro momento de nuestra historia y que en la mayoría de los Estados contemporáneos.

Por ello, las actuaciones de quienes ejercen funciones públicas deben estar dirigidas a fortalecer el carácter democrático del sistema de gobierno, no a menoscabarlo. En ese esfuerzo, deben inspirarse en el constitucionalismo democrático, no en el narcoparamilitarismo, la mafiocracia y el autoritarismo lamentablemente instituidos por los sectores de poder en Colombia, Rusia y otros Estados.

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