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22 FAMILIAS DE BAHÍA HONDA, AL SUR DE VERAGUAS, fueron lanzadas y sus casas destruidas

Denuncian a gobernador

La denuncia ante el Ministerio Público incluye cargos por abuso de autoridad y extralimitación de funciones.

DESTROZOS. Un campesino de Bahía Honda, en Soná, observa su vivienda luego del lanzamiento de que fue objeto junto con otras 21 familias, y que fue encabezado por el gobernador de Veraguas. ESPECIAL PARA LA PRENSA/V.E. Rodríguez1343790
VÍCTOR ELISEO RODRÍGUEZ
SONÁ, VERAGUAS

nacionales@prensa.com

Un grupo de campesinos residentes en el corregimiento de Bahía Honda, distrito de Soná, interpuso una querella penal contra el gobernador de Veraguas, José Noriel Acosta, por abuso de autoridad y extralimitación de funciones.

Relatan los querellantes que el funcionario ordenó, sin previa notificación, el desalojo de 22 familias que ocupaban tierras en la servidumbre de mar en esta zona costera del Pacífico.

El pasado 22 de febrero, mediante Resolución No. 5 de esa fecha que lleva la firma del gobernador Acosta, y que indica que se procede por instrucciones del presidente, Ricardo Martinnelli, el funcionario, en compañía 40 unidades de la Policía Nacional, procedió al desalojo de estas 22 familias.

El procedimiento fue violento, ya que les destruyeron y quemaron sus ranchos y viviendas de cemento en los sectores de La Quilla, El Panamá, El Mamey, Playa Blanca y La Caleta.

Ayer, el hecho de que el gobernador Acosta ordenara el desalojo sin antes notificar a las familias de esta decisión, provocó que el grupo de campesinos se presentara a la Fiscalía Superior del Segundo Distrito Judicial de Coclé y Veraguas a interponer el citado recurso legal.

Sin debido proceso

Tomás Tristán, abogado de los afectados, explicó que la denuncia contra el gobernador Acosta se sustenta en el hecho de que el funcionario ordenó el desalojo sin respetar el debido proceso al que tienen derecho.

Actualmente, los campesinos esperan una respuesta de las autoridades de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre el tema de derechos posesorios.

El jurista dijo que el gobernador Acosta, al momento del desalojo, nunca pidió una justificación u opinión de los campesinos que mantienen derechos posesorios de ocupación de esas tierras.

En su lugar, procedió con el lanzamiento a pesar de que las autoridades competentes para ejecutarlo en primera instancia son el alcalde del distrito de Soná o el corregidor del área, quienes no fueron notificados de ello.

Sin notificación

Adrián Montilla Ortega, vocero de los campesinosde Bahía Honda, denunció que ellos se vieron sorprendidos por la acción del gobernador de Veraguas, dado que no les notificó con anticipación que debían salir del área y menos al momento de ejecutar el desalojo de las familias se les permitió el derecho a defenderse.

Montilla calificó de “injusta” la actuación de Acosta, debido a que las familias que residen en esa servidumbre de mar nunca han vendido sus tierras ni las han invadido.

Por el contrario, señalan que estaban a la espera de que la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del MEF se pronunciara sobre los derechos posesorios que están en trámite, ya que todos tienen más de 15 años de ocupar el litoral.

Se intentó obtener la opinión del gobernador Acosta, pero el funcionario comunicó a través de su secretaria que “estaba ocupado” y no podía atender el tema del desalojo ordenado a las 22 familias en el corregimiento de Bahía Honda.


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