Opinión

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CLASIFICACIÓN

Democracia y separación de poderes

En democracia se vive mejor. Al menos eso dicen las estadísticas. Por razones morales e instrumentales, vale la pena que defendamos y promovamos el sistema democrático.

El índice de desarrollo humano (IDH), un indicador que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo compila anualmente, intenta medir la capacidad de los Estados para crear un ambiente en que las personas “puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses”.

Los primeros 20 lugares del IDH 2009 –que corresponden a los países con mejores condiciones de vida– tienen en común regímenes democrático-liberales: Noruega, Australia, Islandia, Canadá, Irlanda, Holanda, Suecia, Francia, Suiza, Japón, Luxemburgo, Finlandia, Estados Unidos, Austria, España, Dinamarca, Bélgica, Italia, Liechtenstein y Nueva Zelanda. Si estamos en busca de modelos que seguir, es a esos países adonde debemos mirar, antes que a otros del vecindario, con menos desarrollo humano y contenido democrático que Panamá.

Un régimen democrático–liberal es aquel que, además de renovar sus autoridades regularmente mediante elecciones libres, garantiza la práctica de los derechos civiles, políticos y humanos y asegura el ejercicio constitucional y limitado del poder.

Freedom House, una ONG internacional dedicada a la promoción de la democracia liberal en todo el mundo, clasifica anualmente a los Estados, según su tipo de régimen, en tres categorías: Estados libres (democracias liberales), parcialmente libres (democracias electorales) y no libres (Estados autoritarios). La clasificación de Freedom House, que se lleva a cabo con base en criterios bastante rigurosos, tiene amplia aceptación mundial.

A pesar de todas las insuficiencias de su régimen político, plagado de clientelismo y corrupción, Panamá ha mantenido su lugar entre las democracias liberales del mundo, ininterrumpidamente, desde 1994. Se trata de un logro nada despreciable. No podemos darnos el lujo de perderlo.

Panamá tiene la cuarta democracia liberal más longeva de América Latina, después de Costa Rica, Uruguay y Chile. Otros países –como Colombia y Venezuela– instituyeron regímenes democráticos antes que Panamá, pero su contenido liberal –de respeto por las libertades ciudadanas y la separación de los poderes– sucumbió ante los embates de dirigencias autoritarias y liderazgos con inclinaciones absolutistas.

En los años transcurridos desde el desalojo de la dictadura militar, Panamá alcanzó rápidamente importantes metas democráticas. Desde entonces se ha respetado la alternancia en el ejercicio del poder ejecutivo, producto de elecciones populares. Si tomamos en cuenta que hasta el ocaso del militarismo el fraude electoral fue la tónica de nuestras elecciones presidenciales, se trata de una conquista significativa.

Las libertades ciudadanas –en particular la libertad de expresión– generalmente se respetan y las más flagrantes restricciones a su ejercicio, heredadas del período militar, han ido derogándose lentamente.

Estas observaciones no significan, en absoluto, que nuestro sistema político ha alcanzado su cenit evolutivo o que podemos dormirnos en los laureles. La democracia panameña está asentada sobre bases sumamente precarias, socavadas por la corrupción y una tendencia autocrática que prevalece en los sectores políticos.

Su marco jurídico, proveniente de la dictadura, es inadecuado a nuestras circunstancias e inconveniente al logro de mayores niveles de desarrollo. Las elecciones para diputados, alcaldes y concejales se caracterizan por su exagerado clientelismo y no están exentas de fraude.

La negación de derechos económicos, sociales y culturales es evidente. La concentración de facultades en el Ejecutivo es, más que inapropiada, altamente peligrosa.

Peor aún, los órganos constituidos para controlar el ejercicio del Poder Ejecutivo son bastante inoperantes. No hay control por los órganos paralelos del Estado, tales como la Asamblea Nacional, el Poder Judicial, el Tribunal Electoral, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo.

La única limitación al ejercicio del Poder Ejecutivo radica en las consultas populares, una vez cada cinco años o cuando al Presidente se le antoja convocar a un referéndum para reelegirse inmediatamente. Fue así, por ejemplo, como pudo el pueblo detener las ambiciones de un mandatario de perpetuarse en el poder, porque ni la Asamblea Nacional ni la Corte Suprema de Justicia se atrevieron a atajar sus pretensiones inconstitucionales.

Los sucesos acontecidos desde hace unas semanas indican que estamos en una coyuntura delicada. En aras de un mayor desarrollo para todos los panameños, a los gobernantes y a la ciudadanía compete defender el sistema democrático y sus principales instituciones, como la separación de poderes y las garantías constitucionales.

De lo contrario, corremos un riesgo muy serio de retroceder a un primitivismo político ya superado que, sin embargo, abunda en países vecinos y nos acecha permanentemente.

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