Panamá, miércoles 3 de febrero de 2010
Opinión |
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EL CASO NORIEGA
Rectificaciones necesarias
1330293Carlos Guevara Mannopinion@prensa.com
La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos rehusó admitir la apelación que el ex dictador Noriega presentó contra los fallos sobre su extradición a Francia.
Un juzgado federal de circuito (en Miami) y el Undécimo Tribunal Federal de Apelaciones (en Atlanta) ya determinaron que la extradición es legal, pero el ex dictador pretendió insistir ante la Corte Suprema (Associated Press, 25 de enero).
Los abogados de Noriega dijeron que pedirán a la Corte Suprema que reconsidere su decisión. Quieren impedir que Estados Unidos envíe a Noriega a Francia, donde tiene pendiente una causa por lavado de dinero. Basan su alegato en una interpretación sui géneris de la Tercera Convención de Ginebra sobre Prisioneros de Guerra.
Pero los tribunales inferiores competentes ya han sentenciado que dicha Convención de Ginebra no es obstáculo para que Noriega responda ante la justicia francesa por los delitos que cometió en aquella jurisdicción.
A Noriega no le iría mal en Francia, como no le ha ido nada mal en Estados Unidos, según nos lo ha venido informando, con regularidad, la acuciosa corresponsal de este diario en Washington, Betty Brannan Jaén. En el Instituto Correccional Federal de Miami, donde está recluido desde 1990, ha recibido un trato especial, en virtud de su condición de “prisionero de guerra” bajo la citada Convención de Ginebra, que le fue reconocida por el juez Hoeveler en diciembre de 1992.
Panamá ha debido objetar esa debatible decisión del juez Hoeveler. En la guerra de la que adujo ser prisionero, Noriega no disparó ni una sola bala ni comandó un solo soldado. Todo lo contrario: con cobardía inusitada, huyó ante la avanzada de las tropas extranjeras, no sin antes embaucar a algunos de sus seguidores para que, en una acción suicida, defendieran su tiranía frente a la armada estadounidense. Varios de sus subalternos perecieron en ese intento insensato de defender un régimen nauseabundo ante las acometidas del ejército más poderoso del planeta.
Además –como lo recordó hace un tiempo Eduardo Quirós–, el 2 de enero de 1990 el Gobierno de Panamá emitió el Decreto de Gabinete No. 2 de aquella fecha, mediante el cual degradó a Noriega y lo destituyó de la Fuerza Pública. Dicho decreto fue publicado en la Gaceta Oficial No. 21.446 de esa misma fecha y está disponible en esta localización: http://www.asamblea.gob.pa/APPS/LEGISPAN/PDF_GACETAS/1990/1990/21446_1990.PDF
Cuando el día siguiente –3 de enero de 1990– Noriega se entregó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), ya no era soldado. Por lo tanto, no puede ser “prisionero de guerra”.
En interés de la justicia, el Gobierno Nacional debería solicitar una rectificación de esa decisión del juez Hoeveler, para acabar, de una vez por todas, con el mito nefasto de que Noriega fue aprehendido a la cabeza de una valiente jornada de resistencia antiimperialista. Nada más alejado de la verdad. Y, ahora que los medios de comunicación hablan de autorregularse, deberían comenzar por dejar de decirle “general” a un delincuente internacional que no posee rango militar alguno.
En 1998, el supuesto “prisionero de guerra” –cuyos adláteres aún lo enaltecen como el gran héroe nacionalista y cuyas calcomanías circulan en Panamá como si se tratara de la reliquia de un santo– pidió al juez Hoeveler que le rebajara la pena de 40 años impuesta en 1992, habida cuenta de sus servicios prestados a la CIA. Para sustentar tan cínica petición, solicitó la comparecencia, en el juzgado, de tres testigos: Matías Farías, coronel retirado de la Fuerza Aérea estadounidense; Donald Winters, ex jefe de la CIA en Panamá; y Arthur Davis, embajador de Estados Unidos en Panamá entre 1986 y 1989 (Miami Herald, 9 de diciembre de 1998).
Los tres testigos confirmaron que en la promoción de los intereses estadounidenses en América Latina, Noriega “llevó a cabo numerosas buenas obras” [sic], por lo que el juez Hoeveler dispuso rebajarle la pena a 30 años. Infortunadamente, el juez no consideró, en su decisión, el sufrimiento inhumano que Noriega y sus esbirros les causaron a tantas personas en el desempeño de aquellas “buenas obras”.
El Gobierno de Panamá hubiese podido oponerse a ese fallo del juez Hoeveler. Para variar, no lo hizo. Ahora que la justicia está en boca de todos y del Ejecutivo emanan señales inequívocas acerca de la necesidad de mejorar el sistema judicial, convendría que el Gobierno Nacional se abocara, sin más dilación, a la revisión y rectificación de los desatinos cometidos en los procesos seguidos a Noriega en Estados Unidos.
Además en opinión
• La misión histórica de la prensa libre: Paulino Romero C.
• Que escuche Martinelli: Jorge Gamboa Arosemena
• Rectificaciones necesarias: Carlos Guevara Mann
• Decisión en la Autoridad del Canal: Enrique A. de Obarrio
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