Panamá, lunes 4 de enero de 2010
Panorama |
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hay 151 caserones en la capital habitados por unas 5 mil 302 personas
Viviendas condenadas, un talón de Aquiles’: Duboy
Las autoridades planean expropiar y demoler los caserones que son un peligro en la ciudad capital. El sector privado rechaza la medida por considerarla ‘abusiva’.
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| Riesgo. 20 cuartos componen la casa 8-28 , ubicada en calle 15 de El Chorrillo. Sus estructuras de madera y zinc están a punto de desplomarse. LA PRENSA/Gabriel Rodríguez1316377 |
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Malema Samanta De León
mdeleon@prensa.com
Un total 151 casas condenadas hay en la ciudad de Panamá. Mil 651 familias, que comprenden una población de 5 mil 302 personas, las habitan en medio de la incertidumbre y el riesgo social que eso significa.
La situación es un talón de Aquiles para las autoridades responsables de velar por la seguridad de los ciudadanos y su desarrollo.
Estos caserones son un peligro para sus habitantes, comentó el ministro de Vivienda, Carlos Duboy, al informar que en este verano 2010 se pondrá en marcha el plan “Techo seguro”, con el que se identificarán las áreas críticas, para luego proceder a reubicar a las personas.
El Ministerio de Vivienda (Mivi), a través del Departamento de Prevención y Mitigación de Riesgo Social, elaboró un informe en el que se detalla la cantidad de casas condenadas en la capital (ver tabla).
El problema es complejo porque estos inmuebles, que corresponden al sector privado, son abandonados por sus dueños; y , a pesar de que son declaradas inhabitables, llegan personas sin sustento a invadirlas, explicó. Frente a esto, las autoridades tienen la responsabilidad de desalojarlas, y el Mivi debe darles soluciones de vivienda.
“No ha habido firmeza para aplicar sanciones más enérgicas que conlleven a una solución más efectiva del problema”, dijo Duboy.
La búsqueda de los dueños de estos inmuebles se hace infructuosa muchas veces, indicó. “Hemos procedido a ubicarlos, pero muchas veces no se consiguen”, agregó. Si no se hacen responsables, el Mivi “procederá a expropiar y a demoler estos inmuebles”, acotó.
Estas casas, a punto de desmoronarse, están siendo demolidas por el Mivi. Unas seis fueron derribadas en los últimos cinco meses de 2009.
“Solo la demolición representa un gasto para el Estado, porque –dependiendo de su tamaño– únicamente en limpieza se van unos 2 mil a 3 mil dólares”, expresó. Una logística que involucra a entes como el Ministerio de Obras Públicas que presta los camiones.
“Reubicamos y tumbamos”, pero después aparece en el lugar un letrero que dice: “Se vende”. “Hay propietarios que se aprovechan de la acción oficial”, agregó.
Punto de vista privado
A juicio de Gaspar García de Paredes, quien preside el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), no hay que generalizar sobre la responsabilidad de los dueños de estas propiedades, porque “no conocemos sus razones para mantenerlas o dejarlas caer”. No obstante, dijo que si una persona tiene un bien, debe velar por cuidarlo y mantenerlo.
“No me parece correcto que permitan el deterioro de la propiedad con la esperanza de que el Mivi, o quien sea, sanee el sitio y eso les facilite su posterior venta”. Eso no es justo para con los contribuyentes que pagan con sus impuestos esa limpieza, agregó. “Esa cuenta debe ser remitida al dueño del inmueble”.
A García de Paredes le parece bien que se ejerzan medidas más fuertes por parte de las autoridades. “La gente debe atender su propiedad, y si no lo puede hacer, debe venderla, donarla o regalarla para que otro asuma la responsabilidad de cuidarla”.
Eso es lo que tuvo que hacer la familia de John Bennett. El empresario contó a este diario que tuvieron un caserón en el corregimiento de Río Abajo, “que recibimos como pago de una deuda pendiente. Solo en agua pagábamos $600 al mes y no había forma de lanzar a nadie. Si arreglabas los servicios, los inquilinos se robaban las partes y las vendían, y dejaban brotar el agua como manantial. Qué les importaba, si no les costaba”.
Para salir de la situación, dijo, terminaron regalando el inmueble. Allí había más de 60 personas. “No recuerdo cuánto pagaban de alquiler, solo que no era rentable”, comentó.
Muchas de estas propiedades son de personas mayores que “con su jubilación y recursos menguantes por la inflación y otros, no les da para invertir ni mantener el inmueble”, señaló.
La presidenta de la Asociación de Propietarios de Inmuebles (API), Norma Thrush, manifestó su rechazo al plan de expropiación por parte de las autoridades.
Este gremio, con anterioridad, ha expuesto su preocupación por la falta de políticas claras y definidas en este y otros temas en materia urbana, y afirma que la mayoría de estos inmuebles está condenado y ocupado ya sea por intrusos o inquilinos que no pagan arrendamiento, y las autoridades competentes no cumplen las órdenes para desalojarlos.
Afirma que el Estado, por medio del Mivi, Banco Hipotecario, de la Caja de Seguro Social y la Caja de Ahorros, entre otros, “es dueño de centenares de casas condenadas y ocupadas”, que si el Gobierno quisiera hacer cumplir eficazmente su función social de dar soluciones de vivienda a los más humildes y necesitados, no tendría por qué “poner el ojo en la propiedad privada, expropiarla u ocuparla”.
Además, esta asociación recomienda a las autoridades que en vez de usar medidas “coercitivas y abusivas sobre la propiedad privada”, dé el mejor ejemplo interviniendo y desarrollando primero sus propiedades.
Vidas en riesgo
La vida de Magali Batista está en riesgo, porque forma parte de una de las 17 familias que residen en el caserón 8A-12 de calle 17, en el corregimiento de El Chorrillo. Ella tiene algo más de 20 años de residir en este inmueble condenado por las autoridades. “No pagamos alquiler ni servicios básicos. Hace mucho que el dueño no viene por aquí”. Magali es consciente del peligro que corre, pero asegura no tener otra opción. Espera ser reubicada pronto por las autoridades.
Igual ocurre en la casa condenada 8-28 de este corregimiento. Solo que en esta, sí se paga el agua –unos $300 al mes, cantidad que se divide entre las 20 familias que allí habitan–.
Sayonara, quien tiene 17 años de vivir en el lugar, explicó que antes pagaban energía eléctrica; sin embargo, el medidor del inmueble explotó y desde entonces no lo hacen. Tampoco pagan alquiler, pero allí las familias están dispuestas a hacerlo de ser reubicadas.
“No somos intrusos”, dicen algunos de los habitantes de los inmuebles 11-26 y 11-28 en San Felipe. Un señor, que pidió reserva de su nombre, comentó que allí los inquilinos han tenido que mantener estos caserones para que sigan en pie desde hace más de cinco décadas.
Se quejan de que se han dado desalojos en otros inmuebles, pero que luego de eso, “no se construye nada en el lugar, quedando la propiedad en abandono”.
En calle cuarta del corregimiento de San Felipe, 17 cuartos componen la casa 5-15 –construida en 1871–. Hay igual cantidad de familias. Algunas tienen 30, 40 ó 50 años de residir en el lugar. Ana Méndez, Neftalí González y Francisco Moreno esperan que esta vetusta casa sea restaurada.
La directora médica del Centro de Salud de San Felipe, María de Jaén, dijo que la situación en este sector “está bastante controlada”, porque algunos dueños han sellado sus propiedades.
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