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FUNCIONARIOS INFRACTORES
1293490Betty Brannan JaénWASHINGTON, D.C. –Si nos fijamos en países más serios que el nuestro, encontraremos ejemplos de castigo a corruptos que servirán para inspirarnos, o quizás avergonzarnos, pero que en cualquier caso debieran servir para motivarnos a exigir mucho más de nuestro sistema de justicia.
Comienzo con el caso de George Ryan, ex gobernador de Illinois, quien está cumpliendo una pena de seis años por sobornos, perjurio, extorsión, y fraude. Ryan, de 75 años, perdió su jubilación gubernamental al ser condenado.
También tenemos el caso de Randy Duke Cunningham, un congresista condenado por recibir $2.4 millones en sobornos de dos empresas a las que les conseguía contratos millonarios con el Pentágono.
Ambas empresas –ADCS y MZM Inc.– tuvieron vínculos con Panamá; hasta circuló por internet una foto de Mireya Moscoso (entonces presidenta de Panamá) con Mitchell Wade (entonces presidente de MZM Inc.), tomada durante una recepción. Wade fue sentenciado a dos años y medio de prisión, mientras que Cunningham, de 67 años, está cumpliendo una pena de ocho años. Cunningham tenía la esperanza de que George W. Bush lo indultara antes de salir de la Presidencia, pero esto no ocurrió.
Y en el caso de los durodólares que mencioné la semana pasada, el ex congresista William Jefferson, de 62 años, fue sentenciado el viernes a 13 años de cárcel. Podría darles una lista interminable de ejemplos, pero me detengo allí, aunque no sin subrayar ciertas lecciones.
Primero, he mencionado la edad de cada prisionero porque quiero rechazar la idea de que la vejez pueda ser una válvula de escape para criminales. Me parece particularmente repugnante la llamada “ley Noriega”, que permite que el ex dictador tenga casa por cárcel solo por el hecho de tener más de 70 años.
Esa ley, aprobada solo unos meses antes de que Noriega estuviera supuesto a ser liberado en Miami (en 2007), es otro ejemplo más de cómo la Asamblea (entonces controlada por el PRD) se ocupa más de proteger a sus aliados que de defender los intereses del pueblo, menos aún de velar por la justicia.
En Estados Unidos es perfectamente normal que los condenados de 80 años y más sean enviados a la cárcel. Si vamos a tener mano dura con los jóvenes, tengamos mano dura también con los viejos; estos, precisamente por su edad, debieran mostrar la debida altura.
Segundo, también es normal en Estados Unidos que los funcionarios sean enviados a las mismas celdas que los delincuentes comunes, no más celdas especiales. ¿Por qué Belgis Castro tuvo una celda privada en la Dirección de Investigación Judicial, en vez de ser tirado al calabozo en La Joyita, junto con los delincuentes comunes? Eso sí sería una verdadera igualdad ante la ley. (Para quien me reclame que Manuel Antonio Noriega ha tenido una celda especial en Miami todos estos años, explico que eso se debe a su estatus como “prisionero de guerra”).
Tercero, mientras tengo a Noriega en la mira, lo que la Asamblea sí debiera hacer es aprobar una ley que le anule la jubilación a funcionarios corruptos.
Es inaceptable, por ejemplo, que Noriega haya estado recibiendo su jubilación gubernamental todos estos años; la razón, según me han explicado, es que él tenía derecho a su jubilación según la ley. Si es así, la solución sencilla sería aprobar otra ley que anule ese derecho; es tarde para que esa ley aplique a Noriega, pero por lo menos podríamos asegurar que esta injusticia no siga repitiéndose.
El estado de Illinois, por ejemplo, aprobó en 1955 una ley que le quita el derecho de jubilación estatal a cualquier funcionario condenado de un delito cometido en el ejercicio de su cargo. Así fue como el gobernador Ryan perdió su jubilación.
Esas son solo algunas de las muchas cosas que debemos exigir en la lucha contra funcionarios corruptos. ¿Queremos justicia o no?
• Vivir sin Dios: Xavier Sáez–Llorens
• Del discurso a la realidad: José Blandón Figueroa
• Corrupción y castigo: Betty Brannan Jaén
• Seguridad jurídica, nuestro imán:Rossana Uribe
• Cero en orientación: Juan Carlos Delgado
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La jubilación de la CSS no es potestad del Estado. Esa es una cuenta pagada por el asegurado, asi que el gobierno no tiene nada que hacer con ese tema. Recuerde que en USA hay infinidad de temas que no quisieramos para nuestra sociedad, asi que no aclame ese sistema como la divina pomada.
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