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Evalúan caso de la hidroeléctrica chan-75

CIDH celebra audiencia

Representantes indígenas dijeron que bajo el gobierno de Martinelli hay nuevas posibilidades de una solución amistosa.

Respondiendo a una petición hecha por el gobierno de Martín Torrijos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró ayer una audiencia sobre la orden de suspender el avance del proyecto hidroeléctrico Chan-75.

En la audiencia, representantes indígenas de las comunidades afectadas por la obra denunciaron que el Estado panameño ha incumplido la orden de suspensión, mientras que un funcionario de la Cancillería panameña dijo que Panamá no ha obedecido la orden porque la medida cautelar no cumple con el reglamento de la CIDH. El organismo rechazó este argumento en forma tajante. “La medida cautelar está vigente y la CIDH espera que el Estado panameño la cumpla de buena fe”, sentenció el comisionado Víctor Abramovich, quien presidia la audiencia.

Según el viceministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega Fábrega, representante del Gobierno panameño, el problema fundamental es que el gobierno anterior puso en manos de la empresa la responsabilidad de negociar con las comunidades afectadas, lo cual dio lugar a “toda clase de cosas”.

Según los representantes indígenas, los ngöbes –cuyas tierras serán inundadas– viven bajo agresiones y amenazas de muerte, y no todos han sido incluidos en el proceso de diálogo.

“Ellos [el gobierno] no han respetado los derechos del pueblo indígena, porque el interés del gobierno es construir la represa”, acusó Bernardino Morales, representante de la comunidad de Guayabal.

A pesar de estos argumentos, los representantes indígenas reconocieron que bajo el gobierno de Martinelli hay nuevas posibilidades de una solución amistosa, aunque solicitan que se cumpla con la orden de suspender la obra y que se revisen todos los “acuerdos” ya obtenidos.

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