Panamá, jueves 10 de septiembre de 2009
Panorama |
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POSIBLE violación de derechos humanos
CIDH investiga a Panamá
La reubicación de comunidades indígenas por la construcción de una hidroeléctrica en Bocas del Toro tiene al país sentado en el banquillo de los acusados.
JOSÉ ARCIAjarcia@prensa.com
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una demanda en contra del Estado panameño por presuntas violaciones de derechos humanos a indígenas ngäbe, afectados por la construcción del proyecto hidroeléctrico Chan 75, en Changuinola, Bocas del Toro.
La CIDH, en su 135 período ordinario de sesiones el pasado 5 de agosto, admitió la demanda al considerar que el Estado panameño presuntamente violó 12 artículos de la Convención Americana de los Derechos Humanos, durante el proceso de desalojo de los indígenas para la construcción del proyecto hidroeléctrico. Asimismo, por haber otorgado una concesión a la empresa AES Changuinola, que construye el proyecto, sin el “libre consentimiento” de las comunidades indígenas.
La decisión de la CIDH se da en repuesta a una demanda en contra del Estado panameño presentada en conjunto por los organismos no gubernamentales Cultural Survival, de Estados Unidos; y Alianza para la Conservación y el Desarrollo, de Panamá; en representación de las comunidades indígenas.
La demanda se basa en que los indígenas fueron desalojados de sus comunidades de manera “forzosa” y no se les permitió el “libre consentimiento” para decidir sobre la construcción del proyecto hidroeléctrico.
El pasado mes de junio, la CIDH ordenó a las autoridades panameñas suspender el proyecto como medida cautelar. Una mes antes, la Organización de las Naciones Unidas emitió un informe, en el que establece que el Estado panameño incumplió normas internacionales sobre derechos indígenas.
Al consultar a la Cancillería de la República sobre el tema, se informó que se gestionaría una versión oficial para hoy. Además, remitieron un comunicado del pasado lunes de 10 de agosto que señala, citando al canciller Juan Carlos Varela, que el Gobierno servirá de mediador entre las comunidades y la empresa.
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