Panamá, miércoles 2 de septiembre de 2009
Opinión |
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SERVIDORES PÚBLICOS
Un cambio democrático
1257796Carlos Guevara Mannopinion@prensa.com
Una característica del sistema democrático es que responde a las inquietudes, peticiones y demandas populares. El régimen democrático contiene procedimientos que permiten a los gobernantes establecer la naturaleza de dichas solicitudes y calibrar su importancia, de forma tal que las más urgentes puedan atenderse prioritariamente y las demás puedan resolverse oportuna y satisfactoriamente.
El derecho de petición, estatuido en la Constitución Política (Art. 41), es uno de dichos procedimientos. Dice: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones y quejas respetuosas a los servidores públicos por motivos de interés social o particular, y el de obtener pronta resolución.
El servidor público ante quien se presente una petición, consulta o queja deberá resolver dentro del término de treinta días. La Ley señalará las sanciones que correspondan a la violación de esta norma”.
Como tantas otras disposiciones panameñas, esta es letra muerta. Tradicionalmente, los funcionarios públicos han estado para todo menos para atender “peticiones y quejas respetuosas”.
Pero cuando el pueblo –harto del abuso y cansado del atropello– recurre a la protesta, aparecen en la televisión iracundas “autoridades” que con gran indignación acusan a los manifestantes de intransigencia, extremismo, ignorancia y terrorismo. Y una que otra vez les echan a la policía para que los maltrate y aporree, como en el caso de los envenenados con “dieti-Alleyne glicol” y sus familiares (quienes, además de todos sus injustificados padecimientos, tuvieron que aguantarse los galletazos del Team Martín y su máquina del robo).
Muchos problemas pudiesen resolverse en los pupitres de los funcionarios públicos –y no con cierres de carreteras o manifestaciones públicas– si los susodichos funcionarios exhibiesen un poco más de conciencia, diligencia e interés por ejercer sus cargos con un mínimo de profesionalismo. El señor Mario Quintero –por ejemplo– no hubiese tenido que encadenarse, hace unas semanas, a las instalaciones de la Caja de Seguro Social en Santiago de Veraguas si los empleados de dicha organización hubiesen resuelto, a tiempo, el problema habitacional que ellos mismos le ocasionaron (El Panamá América, 29 de julio).
La atención a las peticiones ciudadanas en Panamá es un problema muy serio y las condiciones de vida no mejorarán en el país hasta que los empleados públicos adquieran conciencia de sus deberes y funciones. Esta es una verdad de Perogrullo, por lo que –tras el despotismo e ineptitud del gobierno recién concluido– quise calibrar la disposición de algunos personajes de la nueva administración de responder a las inquietudes que se les presentan.
Seleccioné, a tales efectos, a tres funcionarios de alta jerarquía: el ministro de Agricultura, Víctor Pérez; la ministra de Educación, Lucinda Molinar; y la directora general de la Lotería Nacional de Beneficencia, Delia García. Al primero quería ponerlo al tanto de ciertas irregularidades cometidas en la Reforma Agraria. Quiero informar a la segunda acerca de graves insuficiencias en ciertos programas escolares y el desastroso estado de algunos planteles, de lo cual –aparentemente– no hay noticias en el Ministerio. Y con la tercera deseo hablar acerca de las actividades de promoción cultural de la institución que dirige. Todos son temas de relevancia, que ameritan la atención de los funcionarios señalados.
Llamé a los tres despachos el martes 21 de julio. En la fecha en que escribo estas líneas (31 de agosto), ya he podido conversar con el ministro Pérez, quien enseguida dio instrucciones para investigar los casos que le mencioné. De parte de la directora García he tenido varias llamadas, pero aún no ha sido posible concertar una cita.
A la ministra Molinar le he reiterado la petición, sin que hasta el momento haya recibido respuesta alguna. Hubiese esperado que el despacho dirigido por quien durante años se desempeñó como comunicadora social –y, en el ejercicio de esas funciones, repetidamente requirió respuestas de muchos dirigentes del Estado– atendiese con prontitud las solicitudes presentadas, directamente o a través de alguno de sus colaboradores.
Obviamente, los empleados públicos de cierta posición no pueden reunirse con todo el que les pida una cita ni atender personalmente toda inquietud. Pero sí pueden delegar la atención de las solicitudes recibidas y garantizar que los procedimientos necesarios para resolverlas funcionen adecuadamente. Ése es parte del cambio democrático que la ciudadanía, cansada del atropello y la satrapía de tantos funcionarios corruptos e incompetentes, espera en este quinquenio.
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