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DISCREPANCIAS ENTRE MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA

‘Caso dietilene glycol puede viciarse’: Troitiño

La presidenta de la Sala Penal no comparte el criterio de sus colegas Aníbal Salas y Winston Spadafora sobre la competencia judicial

RECONOCIMIENTO. Oficialmente, hay 129 muertos por culpa de los medicamentos envenenados que fabricó la CSS. Una ampliación permitirá incluir 474 casos declarados “negativos” y 70 “no concluyentes”. LA PRENSA/Archivo1254315

 

José Otero
jotero@prensa.com

La decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de devolver al Ministerio Público el expediente sobre las muertes masivas con dietilene glycol, para una ampliación, y sin aclarar la competencia judicial de los imputados, puede causar la nulidad de estas sumarias, opinó la magistrada Esmeralda de Troitiño.

Troitiño, quien preside la Sala Penal, salvó su voto en este fallo en el que sus colegas Aníbal Salas (ponente) y Winston Spadafora ordenaron al Ministerio Público ampliar 14 puntos que, según ellos, deben incorporase para perfeccionar esta investigación. (Ver recuadro).

Troitiño sostuvo que en el referido fallo no se aclaró el estatus legal de los 14 imputados ni a qué jurisdicción le compete investigarlos.

“La Sala está emitiendo una medida ampliatoria, que como quiera que no distingue a los sujetos sumariados, se entiende que alcanza a todos los imputados. Ello revela un evidente conflicto en materia de competencia, que la presente resolución no atiende ni aclara”, sostuvo, la magistrada.

Añadió que resulta vital aclarar este aspecto, toda vez que se trató de uno de los puntos centrales de discusión propuesto por la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, cuando remitió al Órgano Judicial la vista fiscal del caso, el 31 de julio de 2008.

Troitiño advirtió que la incorrecta aplicación del tema de la competencia puede ocasionar la nulidad del caso violentando el principio constitucional básico del debido proceso.

Tras recibir nuevamente este expediente, la Procuradora informó que le corresponderá al fiscal cuarto superior, Dimas Guevara, completar la ampliación del caso.

Guevara, como fiscal superior especial, estuvo a cargo de la instrucción sumarial de este expediente.

Gómez agregó que seis de los 14 puntos que se han pedido ampliar ya están dentro del expediente, aunque dijo entender que este detalle pasara desapercibido para Salas y Spadafora, ya que toda la investigación está contenida en más de 500 tomos.

A su vez, Gabriel Pascual, del Comité de Familiares y Víctimas por el Derecho a la Salud y a la Vida, señaló que los afectados están de acuerdo con enviar el expediente al Ministerio Público, ya que una ampliación permitirá incluir los 474 casos declarados “negativos” y los 70 calificados como no concluyentes.

Así empezó todo

Las sumarias se iniciaron en el 2006 y se logró acopiar 90 mil folios, que ameritaron la revisión de 803 denuncias y la realización de unas 100 diligencias judiciales.

El Ministerio Público acreditó la muerte de 124 personas –cifra que actualmente se elevó a 129, tras el deceso de otras cinco víctimas–, y la afectación directa de por lo menos otras 59 personas.

Al mismo tiempo, de las 23 personas investigadas inicialmente se imputó a 14, de las cuales solo una está detenida. Se trata de Ángel De la Cruz, supuesto dueño de Medicom, la empresa acusada de importar a Panamá el lote de glicerina contaminada con dietilene glycol, que causó las muertes masivas.

Inicialmente, le correspondió a Troitiño ser la magistrada sustanciadora de este caso. En diciembre de 2008, ella puso a circular un proyecto de fallo que definía la competencia de los imputados, como paso previo a la calificación del sumario.

El magistrado Jerónimo Mejía, miembro de la Sala Penal, se declaró impedido de actuar en este caso, por haber sido abogado defensor de uno de los imputados. Fue así como entró Spadafora a conocer el expediente.

No obstante, el proyecto de Troitiño fue rechazado por sus colegas. El 3 de julio del 2009, se procedió con un contrapoyecto, elaborado por Salas, que finalmente ordenó la ampliación.

En su vista fiscal, la procuradora Gómez pidió que se exonerara de cargos al entonces director de la Caja de Seguro Social, René Luciani, y se llamara a juicio al ex director de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud, Pablo Solís, por tratarse de un funcionario con mando y jurisdicción en todo el país.

La jefa del Ministerio Público también solicitó que se compulsaran copias del expediente a las esferas judiciales competentes sobre los otros imputados en este caso.

 


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