Opinión |
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SÁTIRA POLÍTICA
El Estado no es una marrana
1246654Ramón Barreiroopinion@prensa.com
Debemos a la sátira política la descripción del Estado como una gran marrana que alimenta con su leche a un grupo enorme de cochinitos, que supuestamente representan a los políticos y demás clientes del poder.
Es una imagen poderosa que critica muchas situaciones de explotación de lo público desde la política; sin embargo, la sátira reproduce también un error fundamental: el Estado no es una marrana, sino un parásito, que bien puede corresponder a la imagen de un pulpo –ya sé que los pulpos no son parásitos, pero concédanme el recurso de hablar de un animal mítico llamado pulpo-parásito.
En la sátira de la marrana, el Estado es una fuente de recursos, o de riqueza, que engloba todos los recursos de la sociedad; alguno podría entender también que el Estado es capaz de crear riquezas y que efectivamente provee de recursos esenciales a la sociedad. Entonces, los cochinitos —partidos políticos— acaparan todas las fuentes de leche y el resto de la sociedad queda excluida de esa gran fuente de maná que es la marrana. El error de la sátira es de principio: el Estado no es una fuente de recursos, es más, no produce nada, solo redistribuye recursos que provienen de la sociedad civil. Así que, si nos quedamos con la imagen de la marrana y sus cochinitos, una interpretación acorde con la realidad económica y política identificaría a la marrana con la Sociedad Civil y a los cochinitos con los distintos apéndices del Estado.
Sin embargo, la sociedad civil tampoco puede ser descrita adecuadamente como una gran marrana. Cada persona productiva incluida en una sociedad genera esos recursos que tradicionalmente metemos en el gran saco de los recursos nacionales. Los apéndices del Estado, ese no tan mítico pulpo-parásito, toma recursos de cada individuo de forma muy distinta, con diferentes intensidades. Es como si cada individuo productivo fuera un cochinito que ya ha desarrollado capacidades para proveerse por sí mismo de alimento y sufriera de parásitos que le impiden desarrollar plenamente dichas capacidades.
La idea de que el Estado es la fuente de todos los recursos es muy persistente en nuestra clase política; el ejemplo más reciente de esta conveniente postura es el debate sobre la titulación de islas y terrenos costeros. El Ministerio de Economía y Finanzas se opone a la titulación, argumentado que los terrenos costeros pertenecen al Estado, no son objeto de apropiación privada y que la titulación no implica sólo la venta de dichos terrenos sino también un “atraco al Estado”. Nuestra Constitución también avala esta postura al declarar que las tierras baldías son propiedad del Estado.
El Estado no puede ser dueño de tierras ocupadas de forma continuada por particulares. Tampoco puede ser dueño de tierras baldías, no ocupadas por nadie, porque la propiedad verdadera requiere la posesión de alguien, y mal puede considerarse propiedad de nadie, y menos del Estado un terreno sin poseedor; este terreno no tiene dueño y el primer poseedor, aquel que le dé uso por primera vez al terreno, será legítimamente el dueño. Este principio de derecho no debería ser tan difícil de entender, visto que generaciones y generaciones de seres humanos han seguido y siguen este principio en la tenencia de la tierra.
El “atraco” que propiciaba la Ley 23, sobre la titulación de islas y terrenos costeros era el de los particulares con derechos posesorios, a quienes no se les reconocía su propiedad a través del otorgamiento de un título, si no pagaban un precio de “compra” al Estado. Las personas que ocupan terrenos en islas y costas ya son propietarias, y lo que reclaman legítimamente es el reconocimiento de sus derechos por el régimen legal vigente. Fue una feliz promesa de campaña decir que durante la presente administración se titularían de forma gratuita todas las tierras con derechos posesorios legítimos. Es hora de cumplir las promesas y dejar a los pulpos-parásitos en el campo de los mitos.
La propiedad es el fundamento más importante del ejercicio de la libertad. Sencillamente, un gobierno que no reconoce y protege la propiedad de los individuos sobre sí mismos y sus bienes es, tanto en la arena económica como en la política, autoritario y opresor. El respeto a la propiedad es la principal defensa de la libertad. Les invito a reflexionar más sobre la importante dependencia entre libertad y propiedad en la presentación del libro Libertad para todos, de nuestro amigo Héctor Ñaupari, este miércoles 12 a las siete de la noche en la Biblioteca Nacional.
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