Hoy por Hoy

La iniciativa del nuevo gobierno de presentar un proyecto de ley para desalojar a todo concesionario que presente morosidad con el Estado –como el escandaloso caso de Jean Figali, en Amador– es una imperiosa necesidad. Por años, este empresario se ha negado de forma sistemática a cancelar la cuantiosa deuda –de millones de dólares– que mantiene con el Estado. Postergar eternamente el pago de su deuda, lo ha logrado gracias a la actitud permisiva de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que nada hacen para resolver los casos relativos a esta concesión. El mensaje que envía el gobierno es claro: nadie puede estar por encima de la ley. La burla de la que hemos sido objeto todos los panameños con esta absurda actitud de los magistrados, solo ha servido para patrocinar la impunidad. En buena hora decide la nueva autoridad actuar como tal, pues parece que este país carece de todo orden y que aquí solo reina el juega vivo. Nada más alejado de la verdad: los panameños exigimos justicia y demandamos de los funcionarios actuar frente al abuso.