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La procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, dijo ayer que su despacho revisará los indultos a más de 20 reos que otorgó el ex presidente Martín Torrijos, el 30 de junio, en su último día de mandato.
Gómez explicó que aunque los indultos y rebajas de penas son un derecho constitucional que tienen los presidentes de la República, los mismos solo se pueden conceder a personas condenadas por delitos políticos y no por causas comunes.
La jefa del Ministerio Público añadió que nunca fue informada, destacando que por ley se le tiene que notificar para que opine cuando se trata de casos donde el Estado ha resultado agraviado.
De igual forma, señaló que antes de otorgar indultos o rebajas de penas, el Ejecutivo también debe consultar a las personas que resultaron víctimas de los delitos de los que están siendo beneficiados.
También destacó que debe revisar si los beneficiados estaban condenados, porque de lo contrario tampoco pueden ser indultados.
En tanto, la Defensoría del Pueblo calificó como un “comportamiento insano” del Ejecutivo la promulgación de rebajas de penas a personas condenadas por delitos comunes, como excusa para disminuir el hacinamiento carcelario.