Panorama |
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Alcaldía sostiene que Icomos no está legitimada para actuar
Un permiso a escondidas
Antes de abandonar El Hatillo, Juan Carlos Navarro dio su aval a la construcción de un edificio que viola las normas del Casco Antiguo.
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| LEGADO. Aunque ya están fuera de la Alcaldía, las acciones de Navarro y Salas tendrán consecuencias -por lo que se aprecia, negativas- en el futuro del Casco Antiguo. LA PRENSA1227782 |
mpalm@prensa.com
Antes de abandonar su despacho, el ex alcalde Juan Carlos Navarro reconoció el permiso de construcción del PH Plaza Independencia, pese a las advertencias de que esto violas las normas de conservación y restauración en el Casco Antiguo.
A través de su suplente, el hoy ex vicealcalde Iván Arrocha, rechazó un recurso presentado por Icomos Panamá, en contra de una orden del ingeniero municipal Jaime Salas, para que continúen los trabajos en el PH.
La decisión –tomada a escondidas– no es consecuente con lo dicho y hecho por Navarro, que públicamente ha querido distanciarse de las acciones de Salas, pero en privado hace otra cosa.
La excusa para rechazar el recurso es que Icomos no es “parte” del proceso, por lo que no tiene legitimidad “de personería” para actuar.
Pero Navarro debería saber que ese es un argumento que no reconoce la Corte Suprema, precisamente porque él, cuando era director de Ancon, acudió a ese Órgano para que se le reconociera su derecho a oponerse a una concesión en Darién.
El antecedente
En 1993, la Sala III de la Corte falló a favor de Ancon, luego de que Inrenare (hoy reconvertido en Anam) no admitiera la oposición presentada por la Asociación contra una concesión forestal a Madera Pacaro, S.A.
La Sala consideró entonces que Ancon está legitimada para actuar y pedir medidas de reparación, “en procesos en los que se persiga la defensa de intereses colectivos o difusos”.
Al rechazar el recurso de reconsideración de Icomos, Navarro desconoce un derecho que invocó para sí mismo y que avaló la Corte.
“Quince años después, Navarro como alcalde confirmó un rechazo a una participación parecida”, dijo Ramón R. Arias, abogado de Icomos Panamá.
La burla
Desde el principio, Navarro le dio vueltas a los intentos de Icomos para que el PH Plaza Independencia se ajustara a lo que dicta la ley en materia de conservación y restauración de inmuebles.
En una oportunidad, el ex alcalde les atendió en su despacho. Ocurrió el 5 de mayo pasado, dos días después de las elecciones. Navarro recién se reintegraba a su puesto, después de haber estado en licencia, haciendo proselitismo. En esa reunión estaba también Jaime Salas.
“Navarro dizque quería ver cómo nos ayudaba con el tema de la suspensión”, recordó Hildegarde Vásquez, que participó del encuentro, como parte de Icomos.
Salas defendió el derecho de Ripard Holding Corp. –promotora del PH– a construir su edificio, argumentando que todo era legal. Vásquez recuerda que en un momento, Navarro interrumpió a su ingeniero municipal. “Le dijo ‘cállate, Jaime, déjame hablar”, señaló.
Eso, en apariencia. La realidad era otra.
Sucede que ni Navarro ni Salas le informaron a Icomos que el día antes de la reunión, o sea el 4 de mayo, Ingeniería Municipal ya había levantado la suspensión de los trabajos del PH.
Navarro –al igual que Salas– insiste que una carta de la ex directora de Patrimonio Histórico Linette Montenegro certifica que el PH tiene los planos en orden. La carta tiene más de seis meses. Para ellos parece tener más validez ese documento que uno más reciente, también de Montenegro, de fecha 3 de abril, en el que pide la paralización “indefinida” de las obras, ya que se encontraron irregularidades en la obtención de los permisos.
Otro detalle está en la fecha del fallo de Iván Arrocha, en que rechaza el recurso de reconsideración de Icomos.
Según el documento, la decisión se tomó el 22 de mayo pasado. Lo firmó Arrocha en una fecha que se presume coincide con un viaje de Navarro a Estados Unidos.
Sin embargo, no fue hasta la semana pasada que se conoció la decisión.
Ni Icomos, como denunciante, ni La Prensa, que ha estado pendiente de la decisión, conocían el hecho.
Hay más: la decisión de Arrocha está contenida en un documento con la numeración 344-STL, mientras que una decisión similar, adoptada por Salas tres días antes (el 19 de mayo), tiene una numeración superior, la 469-STL. Las fechas no son consecuentes con el orden de las numeraciones.