Panorama |
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Polémica por acuerdo con cruceros
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| LUJO. En la última temporada, pasaron por Panamá unos 200 cruceros. LA PRENSA/Archivo1224689 |
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Quizá sea el último escándalo de la “Patria Nueva” que prometió hace casi cinco años Martín Torrijos. El segundo vicepresidente, Rubén Arosemena, firmó dos acuerdos en nombre del gobierno con las empresas de cruceros Royal Caribbean Cruises y Carnival Corporation, sin tener el aval de las demás instancias del Ejecutivo. Así lo dejó en evidencia una comunicación que envió a las navieras, el pasado 25 de junio, el ministro de la Presidencia, Rafael Mezquita.
El acuerdo, rubricado el 1 de agosto de 2008, obligaba al país a pagar –a las dos empresas– cuatro dólares por cada uno de los pasajeros mayores de 16 años que llegaban al país en sus lujosos barcos, sin importar si bajaban o no a tierra.
Pero el pasado jueves, el convenio se cayó: Mezquita envió una comunicación escrita a las dos empresas, en la que les avisó que el acuerdo no tenía validez legal porque no había pasado por una serie de requisitos obligatorios.
En la misiva, Mezquita detalló los cuatro puntos legales que no cumplió el acuerdo rubricado por Arosemena: contrato administrativo, visto bueno de la Autoridad de Turismo de Panamá, refrendo de la Contraloría, y la contemplación del gasto en el presupuesto.
¿Firmó Arosemena el acuerdo sin comunicarle al Presidente? ¿El gobierno recién se enteró esta semana del compromiso monetario con Carnival y Royal Caribbean? Arosemena dijo ayer a este diario que el ex viceministro de Comercio e Industrias (Mici) Manuel José Paredes estaba al tanto de toda la negociación y que, incluso, el tema se discutió de manera informal durante una reunión de Gabinete el 6 de marzo de 2008. “No hay misterio, yo llevé el tema al Gabinete”, aseguró.
Desde el gobierno dejaron entrever que el político del Partido Popular no comunicó los detalles de las negociaciones al jefe de Estado. Y que, en plena transición, se enteraron del entendimiento, dijo un alto funcionario del Ejecutivo.
Lo cierto es que ahora las dos empresas quieren facturar por cada pasajero que llegó al país y, claro, no lo podrán hacer. “Las empresas pensaban que con ese acuerdo se podía facturar, pero ese contrato no tiene validez jurídica”, aclaró el propio segundo vicepresidente.
Mezquita dijo, por su parte, que las dos empresas podrán reclamar el dinero al Estado, pero advirtió que la protesta no contaría con “ningún sustento jurídico”. “Al no ser formalizado, no tiene validez”, agregó.
El convenio –dijo Arosemena– buscaba continuar una política de fomento turístico que se inició durante la gestión de la ex mandataria Mireya Moscoso. Y agregó que como parte del trato, las dos empresas se comprometían a hacer publicidad del país en el exterior. Según la carta que se le envió a las empresas con sede en Estados Unidos, el acuerdo era hasta 2012.
Según cifras oficiales, 320 mil personas –entre tripulantes y pasajeros– llegaron al país por los puertos de Colón y Panamá en unos 200 cruceros durante la última temporada que culminó el 21 de abril pasado.
Será el gobierno electo el que decida si avanza o no con los acuerdos. Este diario intentó, sin éxito, conocer la versión de las empresas.