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Cena requirió visto bueno de Henríquez: Mici
La ministra de Comercio dijo que para aprobar la extensión del contrato hasta julio, el Consejo pidió constancia de que el ministro designado lo aprobaba.
MARIANELA PALACIOS
Eliana Morales
panorama@prensa.com
La ministra de Comercio e Industrias, Gisela Álvarez de Porras, destacó ayer que su despacho rindió a la Contraloría “sendas cuentas” sobre el programa “Impulsa Panamá”, en mayo, y desmintió que el salario que se paga a la unidad coordinadora del programa cueste 4.8 millones de dólares, como se planteó ayer en algunos medios locales.
“Son 350 mil dólares por un contrato de año y medio que se paga a un grupo de más de 10 personas”, aclaró.
Sin embargo, en una carta enviada el pasado jueves 24 de junio, el contralor, Carlos Vallarino, pide que le suministre información a través “de la rendición de cuentas”, de los ingresos y los gastos que se ejecutaron en el programa.
Al ser consultada sobre las razones por las que solicitó al ministro designado, Roberto Henríquez, que respaldara el refrendo al contrato de la empresa GFA Consulting, y que está vinculada al ministro de Gobierno y Justicia designado, José Raúl Mulino, la ministra dijo que eso fue a pedido del Consejo Económico Nacional (Cena).
Según la ministra, la solicitud a Henríquez obedeció a que, para extender la vigencia de una adenda del contrato 141 hasta julio –y garantizar una efectiva transición del programa– dependía del refrendo del Contralor. “El Cena nos planteó que, para poder aprobar eso, debíamos dejar saber que Henríquez estaba al tanto del proceso y que tenía una opinión favorable”.
El medio de esta polémica, el nuevo gobierno reiteró ayer su respaldo al programa “Impulsa Panamá”, y de hecho explicó que una vez Henríquez asuma el cargo, solicitará los refrendos pendientes.
El programa, que brinda asesoría y financiamiento a 174 empresas panameñas para mejorar su competitividad, es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo que, según un comunicado del nuevo gobierno, supervisó la licitación pública realizada en la presente administración, y con la cual GFA Consulting, ligada a Mulino, ganó el contrato.