Panorama |
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EL DEFENSOR DEL PUEBLO PRESENTÓ AYER UN HÁBEAS DATA CONTRA EL MEF Y LA DGI, POR HABER NEGADO LA INFORMACIÓN
Gobierno ayudó a Pycsa: borró su deuda fiscal
Una auditoría fiscal, terminada en noviembre pasado, reveló que las empresas administradoras de los corredores pudieron haber dejado de pagar impuestos por 9 millones de dólares.
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| EL NEGOCIO DE LA AUTOPISTA. El próximo gobierno se comprometió a terminar las auditorías de los corredores, para determinar en qué fecha deben retornar a la administración del Estado. LA PRENSA/Carlos Lemos1223932 |
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Rafael E. Berrocal R.
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
rberrocal@prensa.com
La Dirección General de Ingresos (DGI) encontró indicios en noviembre del año pasado de que las empresas que administran los corredores Norte y Sur, Pycsa e ICA, respectivamente, no pagaron la totalidad de su Impuesto Sobre la Renta al fisco nacional.
Fuentes de la institución revelaron que a raíz de las auditorías realizadas a estas empresas y sus filiales se emitieron resoluciones ordenando alcances fiscales que superaron los 9 millones de dólares.
Según los resultados de las auditorías, ICA había dejado de pagar $2 millones en impuestos, mientras que Pycsa lo había hecho por más de $7 millones.
Tanto Pycsa como ICA confirmaron la información de los alcances fiscales que les aplicó la DGI, pero también indicaron que en ese momento pidieron una reconsideración de los casos.
Luego de la orden de alcance fiscal, las cosas se complicaron para ICA, no así para Pycsa. La DGI pidió la congelación de algunas de las cuentas bancarias de ICA, caso que aún se encuentra en etapa de apelación. Mientras que con Pycsa, el director de Ingresos, Pedro Luis Prados Villar, ordenó en marzo de este año revocar el alcance de forma repentina, algo que causó molestias dentro del personal que llevaba la auditoría en la DGI. Es decir, la cuenta pendiente de Pycsa quedó en cero de una sola firma.
Las resoluciones de revocatoria a favor de Pycsa tuvieron que ser firmadas por una funcionaria que ocupó el cargo de directora provincial de Ingresos de forma interina en marzo pasado.
A Pycsa, la DGI le había emitido siete resoluciones de alcance fiscal, una de ellas por 2 millones de dólares.
El viceministro de Finanzas, José Simpson, aceptó ayer que en noviembre pasado se concluyeron las auditorías fiscales a las empresas que administran los corredores Norte y Sur, pero se negó a dar los detalles de estos resultados.
Simpson dijo que el Código Fiscal le prohíbe hacer pública esta información y que solo podría hacerlo si el contribuyente se lo autoriza.
Corredores hablan
El MEF, que ha guardado silencio por este tema, Pycsa e ICA sí hablaron de los alcances fiscales que le ordenó la DGI en 2008.
ICA ha decidido dar la guerra legal hasta el final, mirando cómo a la otra empresa se le libró de todo reclamo fiscal a tres meses que terminara la administración de Martín Torrijos.
“Ni la empresa ni sus auditores externos están de acuerdo con el supuesto alcance fiscal. Esto ha sido objeto de los recursos legales correspondientes que se establecen en la legislación panameña, mismos que se encuentran actualmente en proceso de definición”, dijo Diego Hernández, representante de ICA.
Confirmó además que la empresa tuvo que pagar una fianza para poder descongelar sus cuentas bancarias tras el secuestro de la DGI.
Por su parte, Gari Bermúdez, representante de Pycsa, aceptó que la DGI le practicó diversas auditorías fiscales a esta empresa y sus filiales, pero que luego la misma institución les revocó el alcance fiscal.
“Tras las resoluciones emitidas por la DGI, se presentaron recursos de reconsideración, los cuales fueron documentados y sustentados en tiempo oportuno y conforme a derecho, por lo que en consecuencia la misma DGI revocó en todas sus partes las resoluciones emitidas, liberando de toda responsabilidad y pendiente fiscal a Pycsa”, enfatizó Bermúdez.
Presentan hábeas data
Hace dos semanas, la DGI le negó al defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, información sobre las auditorías fiscales practicadas a los corredores para conocer cuáles han sido sus ganancias verdaderas.
Vargas presentó ayer un recurso de hábeas data contra el MEF y la DGI ante la Corte Suprema de Justicia como última instancia para hacer que la auditoría sea de carácter público.
“La interpretación del MEF y el director de la DGI es incorrecta, el Estado no puede manejar con ocultismo esta información” dijo Vargas.
El MEF trató esta semana de desvincularse del tema y señaló que le corresponde al Ministerio de Obras Públicas realizar una auditoría integral sobre los corredores para poder determinar sus verdaderas ganancias y la fechas en que estas autopistas deben regresar al control del Estado panameño.
Según la institución, se hizo un primer intento por contratar a una empresa de auditoría para que atendiera este caso, pero la oferta más baja estuvo 300 mil dólares por encima del presupuesto que tenía el MOP para esto.
El ministro designado de Economía y Finanzas (MEF), Alberto Vallarino, aseveró que entre sus prioridades, una vez asuma el cargo, será concluir las auditorías a los corredores Norte y Sur para saber cuándo el Estado podrá disponer de estos proyectos concesionados a dos empresas mexicanas desde hace más de 11 años.
‘Sería poco viable nacionalizarlos’
Rescatar administrativamente los corredores Sur y Norte [nacionalizarlos] sería altamente costoso para el Estado panameño. Así lo ha declarado el ministro de Obras Públicas, Benjamín Colamarco, quien advirtió que solo la indemnización a las concesionarias de las vías rápidas, ICA Panamá y Pycsa Panamá, superaría con creces los 500 millones de dólares.
A esto, agregó, habría que sumarle los mantenimientos diarios y macros que habría que realizarles para garantizar que se brindará un servicio óptimo, continuo y de calidad.
Al respecto, el vocero de Pycsa Panamá, Óscar Delgado, argumentó que –de acuerdo con lo estipulado en el contrato de concesión– el Estado tendría que indemnizar a la empresa por 390 millones 904 mil 693 dólares. Pero, dice el ejecutivo que esta suma podría aumentar, considerando que Pycsa Panamá no ha generado ganancias del corredor, y la cifra que fue planteada en 1995, tendría que ajustarse al valor presente de la obra y sus beneficios.
En cambio, el gerente general de ICA Panamá, Diego Hernández, apuntó que en su caso, la indemnización giraría en torno a todo lo que la empresa dejaría de percibir en concepto de recolección de peaje por los próximos 20 años.
“Según el contrato, nosotros debemos brindar el servicio por 30 años. Apenas llevamos 10, así que se tendría que estimar todo lo que perderíamos en 20 años, incluyendo los supuestos ajustes de tarifas que aplicaríamos a lo largo ese tiempo”, subrayó.
Delgado y Hernández coinciden en que anualmente hay que invertir aproximadamente 4.4 millones de dólares en el mantenimiento de las vías rápidas.
Esto incluye reparación de capas de concreto, pavimento asfáltico, reparación de losas, señalización, canales de drenaje, cerco de servidumbre, luminarias, garitas, sistema electrónico de pago, de registro vehicular y limpieza.
SHELMAR VÁSQUEZ SWEEN