Página del Lector

[FOTODENUNCIA] Queja ciudadana

LA PRENSA/Maydée Romero

Los escombros que quedaron tras la demolición de una casa, ubicada en un terreno adyacente a la avenida La Pulida, ocupan parte de una acera e impiden el libre paso de los peatones. Esta situación ha despertado las quejas de algunos vecinos por temor a que se registre algún accidente. Los residentes piden que las autoridades correspondientes conversen con el dueño del lote para que proceda a la limpieza.

 

 

Vocero de Rivage Tower hace aclaración

1 DE JUNIO.

En relación a la foto denuncia titulada “Una muestra del poco importa en la construcción” (La Prensa 29/5/2009), respondo, como representante de Rivage Tower, por el bien que se merece la comunidad, aunque es evidente que la noticia va más hacia la empresa concretera. Nos parece positivo que se cuide la ciudad en donde todos vivimos, porque al final es la única manera de lograr que tanto los ciudadanos como las empresas respeten la propiedad pública. En este caso en particular, la información de la foto denuncia publicada es incorrecta, por lo tanto, pienso que deben o investigar más o hacer la respectiva corrección. La foto muestra dos camiones, uno detrás de otro, en una calle de una sola vía. Ninguno de los dos había descargado, ya que esto se hace dentro de la obra. Ambos esperaban por descargar, por lo tanto, es imposible que el operador limpiara concreto.

El operador estaba en ese momento limpiando ya sea su camión o las ruedas, mas no concreto que aún no había sido descargado, limpiaba polvo o tierra en las llantas por ganar tiempo. La obstrucción a la alcantarilla no es por la obra de construcción del proyecto Rivage Tower, y adjuntamos la citación del municipio en donde, en dos ocasiones, ha exonerado a la constructora. La obstrucción, al igual que en muchos otros puntos de la Avenida Balboa, se debe más que todo a la construcción de la cinta costera. Trataremos de tomar fotos, cuando vuelva a llover de forma abundante, para que se pueda constatar que, incluso, las alcantarrillas de las aceras –donde no hay obras– se tapan. El problema no es tan sencillo de resolver. En varias ocasiones los obreros del Ministerio de Obras Públicas han trabajado en el área, y han logrado destapar unos tramos y otros no, y así sucesivamente. Les enviaremos nuevos documentos que exoneran a la constructora de cualquier responsabilidad en las obstrucciones.

Joe Esses Rivage Tower Corp.

 

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Apoyan el retiro del Parlacen

9 DE JUNIO.

Hago referencia al artículo publicado por el Dr. Omar Jaén Suárez (La Prensa 9/6/2009), bajo el titular “Panamá y el Parlacen”, en el cual su autor hace una relación de los orígenes del Parlacen y de los infructuosos esfuerzos del ex canciller Gabriel Lewis Galindo, y por él mismo, como vicecanciller bajo el gobierno de Guillermo Endara, para impedir que Panamá ingresase a ese organismo. Señala el autor que la oposición de ambos a esa iniciativa del entonces legislador Gerardo González se basaba en el hecho de que “… dicho organismo no servía en nada los intereses de Panamá, no tenía ninguna real función legislativa, era un foro costoso de discusión bizantina y sobre todo refugio, por la inmunidad parlamentaria, de algunos dirigentes regionales acostumbrados a la impunidad”. Quienes ahora defienden la participación de Panamá en el Parlacen intentan compararlo con el Parlamento Europeo.

Al hacerlo ignoran que ambos surgieron con fines distintos y tienen funciones diferentes. Aparte de que su razón de ser dejó de existir con la pacificación de Centroamérica, el Parlacen no tiene función vinculante para sus países miembros. En cambio, ha servido como refugio de delincuentes y políticos fracasados. Entre mis archivos he rescatado un artículo publicado hace varios años por I. Roberto Eisenmann, Jr., bajo el titular, “Parlacen: sello público de ladrones”, en el cual su autor apunta que a sus miembros “aunque no parlamentan nada, se les adjudica inmunidad… y un alto ingreso que, entre sueldos, dietas y viáticos, suma 4 mil 150 dólares mensuales”. Para dar sustento a lo expresado por Eisenmann, algunos de los miembros del Parlacen han sido acusados de acoso sexual, peculados millonarios y otros delitos de corrupción. Al respecto de ese órgano canceroso, resulta reconfortante que el Presidente electo haya prometido que sacará a Panamá del Parlacen. Otros ex presidentes de la región, como Francisco Flores, de El Salvador, y Alfonso Portillo, de Guatemala, prometieron retirar a sus países del organismo, pero no lo hicieron. Confiamos en que Martinelli lo hará.

Franklin Castrellón Periodista

 

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Critican la forma de mercadear publicación

9 DE JUNIO.

Gran desagrado me causa que La Prensa haya usado la ignorancia de la joven que participó en un concurso de belleza, para comercializarla. Ni disimulando con la publicación del Atlas Mundial Ilustrado, resulta aceptable sacarle provecho al ridículo y triste papel de la joven al ser preguntada sobre Confucio. El mensaje que envía el anuncio que aparece en el diario lo interpreto como que la ignorancia paga, es buen negocio. Si la joven y sus familiares desean lucrar con el triste papel que hizo, y no les importa que sea objeto de burla nacional e internacional, es asunto de ellos. Imagino que las gorras, camisetas o lo que sea que van a vender llevará el mensaje: “Ser ignorante paga bien”.

Pero que el diario La Prensa se sirva de la ignorancia para mercadearla, es un mensaje negativo y de lamentar. Es ofensivo para la mujer panameña; deja muy mal parada la calidad de la educación en Panamá y aunque es cosa sabida, nunca ha sido motivo de chiste, sino de pesar. Como panameña, y como mujer, rechazo la clase de mercadeo en los medios de comunicación que más que la capacidad intelectual y la inclinación por el estudio, le dan valor a la ignorancia, la chabacanería, las nalgas al aire, y los pechos tamaño balón de fútbol.

Berna Calvit Comunicadora social

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MENSAJES POR MAIL

PREOCUPACIÓN
¿Ahora, Quién defenderá al pueblo?

Después de haber escuchado en un medio televisivo la intención o exposición de motivos de cerrar o anular la Defensoría del Pueblo en la República, me conmocioné totalmente. No es justo que, por establecer que le cuesta 4 millones de balboas anuales al Estado y por no tener una jurisdicción coactiva, merezca ser cerrada. ¿Conoce este diputado la finalidad y justificación del defensor del Pueblo? La Ley No. 7 de 5 de febrero de 1997, con la que fue creada, establece las finalidades y la intencionalidad de un defensor del Pueblo. Una de ellas me parece las más relevante: la de inquirir sobre actos, hechos u omisiones de la administración pública, incluyendo al Órgano Ejecutivo, a los gobiernos locales y a la fuerza pública, que pudieran haberse realizado de forma irregular.

Obviamente, esta institución es una herramienta eficaz para todos los ciudadanos, pero más para aquél que no cuenta con los recursos –que bien pueden ser económicos o intelectuales– o para quienes no gozan de influencias políticas o de padrinos. Señores, hay mucha gente humilde y de estratos sociales medios que desconoce a dónde ir para formalizar una queja contra los funcionarios que –cuando ostentan un cargo– niegan el derecho a una parte por ser amigo de la otra; o cuando en esas áreas de difícil acceso, el funcionario cree ser un “patriarca”, cuyas decisiones no son debatibles; peor, si es uno de menor jerarquía que no aplica el derecho y que toma decisiones incoherentes que luego son ratificadas por su superior. Qué decir si en estos casos solo se admite la reconsideración, cuando sabemos que ningún funcionario reconsidera su actuar.

¿Y qué hablar de los detenidos? Hay tantos casos que podría mencionar, que no me alcanzaría el espacio. Y ahora, que los derechos humanos toman en nuestro país más relevancia, ya que en el Código de Procedimiento Penal eleva al mismo rango constitucional los tratados internacionales de derechos humanos, verbigracia, ahora que necesito el ente (defensor del Pueblo) que es el integrador de las normas internacionales sobre los derechos humanos al ordenamiento jurídico interno, es que lo quieren anular o dejar sin efecto. Resulta increíble que se pida la extinción de la institución de la Defensoría del Pueblo, con los alegatos de dinero o de no ser sancionador. Queremos ser un país desarrollado, pero si hoy eliminamos esta institución –que se encuentra en todas las legislaciones mundiales– y a un paso de tener nuevos funcionarios en la República por el cambio de gobierno, ¿qué nos espera? ¿quién podrá defendernos?

Indira V. Ruiz S. Abogada y docente

 

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[CORRECCIÓN]

Comentan información sobre ley de responsabilidad fiscal

10 DE JUNIO. Creo que muchos lectores del diario La Prensa pudieron caerse de espaldas al abrir la edición del miércoles 10 de junio y encontrar, en la página 6A, el titular “Habrá reforma fiscal antes del 1 de julio”. Nadie esperaría que un cambio legal relacionado a nuestros impuestos pudiera apresurarse en algo más de dos semanas para su aprobación por la Asamblea Nacional saliente, antes del 1 de julio.

Qué alivio fue descubrir que ese titular no se compaginaba con la noticia, porque esta, en vez de tratar una “reforma fiscal”, consideraba una reforma a la “ley de responsabilidad fiscal” previo a la toma de posesión del nuevo gobierno. La noticia menciona al ministro designado de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, afirmando que las reformas proyectadas a esa ley “guardan relación con la crisis mundial y la economía panameña” y que con ellas “se ampliará el tope de endeudamiento de las finanzas públicas (de 1% a 3% en relación con el producto interno bruto)”.

No dijo, sin embargo, cuándo dará a conocer ese proyecto. Aunque los temas que desarrolla la ley son trascendentales para la economía nacional, todavía no se conoce qué tanto abarcarían las reformas adelantadas por el ministro. Por la enorme importancia del tema y el respeto a la transparencia en la administración pública, es urgente que el proyecto se divulgue con suficiente anticipación al debate que reciba en la Asamblea Nacional. Su inmediata publicidad debe ser una prioridad de las autoridades, tanto entrantes como salientes, para amplia información de la ciudadanía.

Marco L. Jurado Empresario y economista