RETOS DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN

El cambio civilista

El triunfo de la Alianza para el Cambio presenta una nueva oportunidad para instituir definitivamente al civilismo democrático como fundamento del sistema político panameño. Este proyecto, iniciado hace 20 años, no ha podido terminarse debido a varios factores, entre ellos el divisionismo opositor, el control del Estado ejercido por el PRD y la falta de voluntad de una dirigencia cuyo compromiso civilista flaqueó ante las tentaciones del poder.

Ha quedado claro que la unión civilista hace la fuerza para derrotar al PRD. Esta enseñanza de las elecciones del 3 de mayo no debe olvidarse jamás. El apoyo del 60% del público votante concedido a Ricardo Martinelli le da a su gobierno una legitimidad electoral importante que debe servir para promover los cambios necesarios.

Es necesario adoptar la llamada “segunda vuelta” electoral, propuesta en 1993 por Guillermo Cochez, entonces diputado a la Asamblea Nacional. Nunca más deben gobernar este país fuerzas que no logren, en las urnas, un apoyo superior al 50% de los votos válidos emitidos.

En dicha “segunda vuelta” se enfrentarían los dos candidatos más votados, en caso de que ninguno alcanzase más de la mitad de los votos válidos emitidos. Así sucede en otros países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú República Dominicana y Uruguay.

La segunda vuelta contrarrestaría cualquier tendencia divisionista en los partidos civilistas, impediría el ascenso al poder de un candidato apoyado por sólo una minoría del electorado y fortalecería la legitimidad del gobierno.

El control democrático de la Fuerza Pública, ejercido en los Estados civilizados por el Ejecutivo, la Asamblea Nacional y el sistema judicial, debe instituirse cuanto antes. No podemos seguir permitiendo los excesos de los servicios de seguridad, incluyendo su corrupción e irrespeto a la ciudadanía, expresado en acciones como la coimería permanente y la golpiza propinada por el SPI a las víctimas del dietilene glycol y sus familiares, en julio de 2007.

Afortunadamente, el presidente electo ha designado un ministro de Gobierno y Justicia de sólida trayectoria civilista. Bajo la jefatura suprema del jefe del Ejecutivo, corresponde al ministro de Gobierno supervisar y controlar los tres servicios más numerosos: la Policía Nacional, el Servicio Aeronaval y el Servicio de Fronteras.

El próximo gobierno deberá asegurar que los miembros de dichos servicios obtengan entrenamiento adecuado a las labores civiles que desempeñan y poner fin al adiestramiento militar que reciben algunos de ellos en academias de la región. La formación castrense lo único que hace es propalar el militarismo, que pone en riesgo el ejercicio del poder por los mandatarios del pueblo.

Como ha sido explicado un sinnúmero de ocasiones, más recientemente por Roberto Eisenmann (La Prensa, 8 de mayo): la inseguridad ciudadana no se resuelve con estrategias militares. Para superarla se requiere una Fuerza Pública no coimera, debidamente formada según los conceptos más actualizados de la seguridad humana.

Sigamos el ejemplo de los países más democráticos de Europa, Norteamérica y la cuenca del Pacífico, cuyos mayores niveles de bienestar social, desarrollo y prosperidad han sido alcanzados sobre la base de una sólida institucionalidad democrática caracterizada por una clara división entre las funciones militares y policiales.

Los antidemocráticos decretos de seguridad dictados en agosto de 2008 por Martín Torrijos deben ser reemplazados por una legislación moderna y adecuada a nuestra realidad. La desmilitarización y neutralidad del Estado panameño, la seguridad humana, la transparencia y la eficiencia democrática deben servir de guía en la revisión de las normas relativas a la seguridad pública.

En el Consejo de Seguridad, dependencia del Ejecutivo, debe existir una unidad que esté atenta a cualquier peligro golpista dentro de la Fuerza Pública. Además, para erradicar el militarismo de nuestro medio –otra tarea inconclusa desde 1989– deben eliminarse las prácticas y actitudes militares en los servicios de seguridad, incluyendo símbolos, uniformes, innecesarios ejercicios de combate, rangos, acuartelamientos y conmemoraciones históricas que tienen que ver con la extinta Guardia Nacional o las fenecidas Fuerzas de Defensa.

Sobre todo, es fundamental promover entre los integrantes de la Fuerza Pública el respeto a la ciudadanía y a las autoridades legítimamente constituidas, comenzando por el Presidente de la República y siguiendo por los gobernadores, alcaldes y corregidores, quienes muchas veces son objeto del desdén de una Fuerza Pública que se cree por encima de ellos. El presidente Martinelli y el ministro Mulino tienen importantes metas por delante.

Además en opinión

• Sugerencias al nuevo gobierno: Camilo R. Cedeño C.
• El pragmatismo político: Carlos A. Voloj Pereira
• El cambio civilista: Carlos Guevara Mann
• La municipalización de la salud: Mario Aixel Rodríguez Stanziola
• Confucio y el confuso estado de la educación: Anaika Castillo