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MINISTRO MEZQUITA NO DESCARTA QUE OTROS AGENTES TAMBIÉN ESTÉN VINCULADOS A ESTE escándalo

Caso Murcia: detienen a dos altos jefes del SPI

Un informe de uno de los agentes destituidos reveló que Almengor, tercero en mando en el SPI, recibía 50 dólares diarios por aprobar la operación.

LA ESCOLTA. La fotografía muestra el momento en que Rodrigo Ureña y Fernando Aguilar custodiaban a Mireya Moscoso cuando era Presidenta del país. El miércoles, ellos dos y Arles Araúz fueron destituidos por brindar servicios a David Murcia de forma ilegal. LA PRENSA/Archivo1177005
Rafael E. Berrocal R.
Santiago Fascetto
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

investigacion@prensa.com

El polémico prisionero colombiano David Murcia logró penetrar las más altas esferas del Servicio de Protección Institucional (SPI), el ente especializado que se encarga de la seguridad del Presidente de la República.

Ayer, la junta de disciplina del SPI detuvo en su centro de operación en Corozal a dos de sus altos jefes, Joseph Antoine y Luis Almengor, ambos por estar vinculados a la red de agentes que le dio servicios de protección a Murcia sin autorización presidencial, como adelantó ayer La Prensa.

En el caso de Almengor, tercero en mando dentro del SPI –y a quien se le llama Sapo Parao dentro de la institución– también se le ordenó la separación de su cargo hasta que culminen las investigaciones que adelanta una comisión de alto nivel que ahora preside el ministro de Gobierno, Dilio Arcia.

Mientras que a Antoine se le abrió el proceso y hasta anoche no había sido separado del cargo, aunque sigue detenido en Corozal por su supuesta vinculación a este nuevo escándalo que enfrenta el gobierno de Martín Torrijos a unos tres meses de que termine su mandato.

Antoine era el jefe de personal y encargado de darle las asignaciones a las unidades del SPI, la ficha adecuada para cubrirles las espaldas a los agentes de esta institución que le daban la seguridad a Murcia de manera ilegal: Fernando Aguilar, Arles Araúz y Rodrigo Ureña.

La Prensa logró, a través de un integrante de la junta disciplinaria del SPI, obtener parte del informe que presentó Ureña al ser destituido el pasado miércoles cuando confesaron que habían trabajado para Murcia en su tiempo libre.

El informe revela que Ureña solicitó permiso a Almengor para darle el servicio a Murcia en su tiempo libre, y este se lo aprobó a cambio de 50 dólares por cada día.

Murcia le pagaba a los SPI 200 dólares diarios por cuidarle las espaldas, un negocio que se extendió por 40 días. En el momento que se destapó el escándalo Murcia-SPI, los agentes de seguridad Aguilar y Araúz estaban asignados a la escolta de Mireya Moscoso como ex presidenta; mientras que Ureña pertenecía a la avanzada de protección del presidente Torrijos.

El desahogo

“En la noche de ayer [miércoles], en una reunión con el Presidente yo le dije: Mire Presidente, la verdad es que yo no voy a poner mis manos en el fuego por nadie aquí. Yo no voy a justificar a nadie”, dijo ayer el ministro de la Presidencia, Rafael Mezquita, tratando de desahogarse por el escándalo de una institución que está bajo su jurisdicción.

Mezquita indicó que le recomendó a Torrijos hacer una investigación ante la posibilidad de que otros miembros del SPI también estuvieran involucrados con Murcia. “Yo no voy a estar protegiendo ninguna sinvergüenzura”, recalcó el ministro de la Presidencia tras aceptar que fue La Prensa la que le informó de que los agentes del SPI sí habían brindado servicios de seguridad a Murcia, hoy detenido en la cárcel La Picota en Bogotá, Colombia, por supuesto blanqueo de capitales. “Gracias por advertirme”, dijo Mezquita a un canal de televisión.

Un millonario en Estados Unidos

DMG tenía un patrimonio de 10 inmuebles en Estados Unidos y manejó una cuenta de inversión en Merrill Lynch, que acumuló 2.18 millones de dólares.

Nueve propiedades están en Miami, Florida, y una en Half Moon Bay, California. Todo fue confiscado a petición de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que este miércoles formuló cargos de lavado de dinero producto del narcotráfico a David Murcia y a otras seis personas de su organización. La cuenta de inversión está a nombre de Blackstone International Development. En el Registro Público panameño aparece una sociedad con ese nombre, desde 1997. La fiscalía sostiene que entre el 11 de marzo y el 9 de mayo de 2008 se realizaron ocho transferencias, que sumaron 2.18 millones de dólares, por instrucciones de Murcia y su abogada Margarita Pabón. La fiscalía cuantificó los clientes de DMG en 400 mil personas.

MÓNICA PALM

 

 

Herrera, Velásquez, Martinelli y Cortez quedan sin coraza legal

El Tribunal Electoral (TE) les levantó el fuero penal electoral a los candidatos presidenciales Balbina Herrera, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y a Ricardo Martinelli de la Alianza por el Cambio.

Igual medida adoptó en el caso del candidato a la Alcaldía de Panamá, Roberto Velásquez, del PRD, y a la subsecretaria general de Cambio Democrático (CD), Alma Cortez. La información la confirmó Humberto Castillo, vocero del Tribunal Electoral. El denominador común de todos los casos es David Murcia Guzmán, preso en Colombia e investigado en Panamá por blanqueo de capitales.

La decisión se tomó en Sala de Acuerdo, el pasado miércoles en la tarde, a petición de la Procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez.

La primera denuncia fue contra Herrera y Velásquez, y fue presentada por Luis Eduardo Camacho el 9 de marzo. Murcia había dicho que las campañas de Herrera y Velásquez tocaron sus puertas en busca de financiamiento. De hecho, al día siguiente ahondó más y dijo que dio $3 millones a la campaña de Herrera y $3 millones a la campaña de Velásquez.

La denuncia contra Martinelli y Cortez la presentó Herrera el mismo 10 de marzo –horas después de conocerse las nuevas revelaciones de Murcia–, y buscaba que se investigara a Martinelli porque el Súper 99, de propiedad de su adversario, fue proveedor de Comercializadora Virtual S.A., empresa de Murcia.

Por esto, Herrera acusó a su contendor de ser “narcocandidato”. Contra Cortez, la candidata oficialista pidió la investigación alegando que esta es abogada de Ernesto Chong Coronado, tesorero de DMG, la empresa de Murcia.

La candidata oficialista, Balbina Herrera, señaló ayer que no teme que la investiguen. Agregó que del caso se encargarán sus abogados y su jefe de campaña, Héctor Alemán.

Roberto Velásquez, por su parte, dijo que se debe investigar, pero consideró el caso como un complot político para dañar su candidatura.

En tanto, Ricardo Martinelli coincidió con Herrera en que se investigue. Agregó que Murcia fue claro en que dio 6 millones de dólares para el PRD.

Alma Cortez, dijo desconocer de las investigaciones y los motivos de la candidata. “Esperamos lo que nos digan las autoridades para saber la ruta a seguir”, agregó.

El Ministerio Público adelanta dos procesos contra Murcia (captación ilegal de dinero y blanqueo de capitales), así como los casos denunciados por Camacho y Herrera.

Estos dos últimos casos están en la Subsecretaría General de la Procuraduría, a cargo de Kenia Purcell.

KEMY LOO PINZÓN


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