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Restauradores y propietarios de inmuebles acusan de incapacidad a las autoridades por el mal manejo de los lugares históricos.
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| Sitios históricos en peligro. LA PRENSA/Eric Batista1167496 |
Las voces que cuestionan la falta de conservación de los sitios históricos aumentan.
La Asociación de Conservadores y Restauradores de Panamá (ACRP) y la Asociación Panameña de Propietarios de Inmuebles (API) culpan a las autoridades de Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura (Inac) por las condiciones en que están el conjunto monumental de Portobelo-San Lorenzo y el Casco Viejo.
“Ha habido una incapacidad de las autoridades de Patrimonio Histórico porque no tienen un plan de conservación y restauración de estos bienes”, dijo Jaime Caballero, presidente de ACRP.
La API, por su parte, cuestionó el hecho de que las autoridades no hacen cumplir las normas. Su ex presidente Ramón López dijo que existe “incompetencia y desinterés”, de parte de las autoridades por conservar los sitios.
La Unesco emitió un informe en julio del año pasado, en el que cuestiona el estado de conservación del Casco Viejo y Portobelo-San Lorenzo. En el documento se pide a Panamá que solicite la inclusión del Casco en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro.
Se intentó contactar a Lineth Montenegro, directora de Patrimonio Histórico, pero no contestó las llamadas a su celular.
Por su parte, el Patronato de Portobelo-San Lorenzo, que tomó posesión el 19 de junio del año pasado, informó, a través de un comunicado, que tiene planes de construir el centro de visitantes del fuerte San Lorenzo, con una inversión que supera los 300 mil dólares.
Parte de los fondos (150 mil dólares) fueron donados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y el resto lo aportaron el Inac y el sector privado.
El centro de visitantes fue anunciado desde enero de 2006, por el entonces director del Inac Reinier Rodríguez. A la fecha, el patronato indica que se ha avanzado en la realización del estudio de impacto ambiental, que será sometido a la evaluación de la Autoridad Nacional del Ambiente.
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