se margina de entrega de rehenes

Iglesia aclara misión

La Conferencia Episcopal de Colombia dice que no quiere ‘entorpecer’ el proceso de liberación de los rehenes.

GARANTES. La senadora de oposición Piedad Córdoba propuso al Centro Carter, las Naciones Unidas o a un dirigente europeo como garantes de la entrega de los rehenes.AP1147139

El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Rubén Salazar, dijo ayer que la Iglesia católica se marginará del proceso para la entrega de seis rehenes en manos de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) si ese grupo se opone a su presencia.

El presidente colombiano, Álvaro Uribe, dijo el pasado lunes que autorizará la presencia de un delegado de la Iglesia, que puede ser designado por los prelados del país o directamente por el papa Benedicto XVI, en calidad de garante de la anunciada entrega de los secuestrados.

“Mi sorpresa es porque para las FARC nosotros no somos los mediadores más oportunos. Pienso que en este contexto en que se han movido las FARC, para ellos no es bienvenida la intervención de la Iglesia católica. No sé en qué podría consistir el papel de la Iglesia en esta labor de liberación”, dijo Salazar.

“No queremos entorpecer nada. Nos interesa que los secuestrados sean liberados. Si nosotros nos convertimos en obstáculo, nos haremos a un lado, porque no buscamos protagonismo”, agregó.

Las FARC anunciaron el pasado 21 de diciembre que dejarán en libertad al ex gobernador del departamento de Meta Alan Jara, al ex diputado regional del departamento de Valle del Cauca Sigifredo López, a tres policías y un militar.

El Gobierno respondió diciendo que dará las garantías y que los rehenes deben ser entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja, pero las FARC dijeron que el organismo humanitario es “insuficiente” y plantearon la actuación de “alguna personalidad democrática de un país hermano o de la comunidad internacional”. La senadora Piedad Córdoba, cuya presencia en el proceso fue planteada por las FARC y recibió el visto bueno del Gobierno, considera que el Centro Carter, las Naciones Unidas o un dirigente europeo o latinoamericano pueden actuar como garantes.

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