Polémica por contratación directa

Contrato de Ocean Pollution ‘obvió’ trámites

Arjona consideró que la antigua Autoridad Portuaria debió licitar el servicio de recolección de sustancias en el mar, y no contratar directamente a una empresa.

EXCLUSIVIDAD. Ocean Pollution es la única concesionaria que recoge vertidos en el mar. LA PRENSA/Víctor Arosemena1145702

Se puede decir más alto pero no más claro. A criterio del magistrado Adán Arnulfo Arjona, la Autoridad Portuaria Nacional (reconvertida en la actual Autoridad Marítima de Panamá o AMP) no tenía facultad para otorgarle directamente a Ocean Pollution Control (OPC) la concesión para recoger sustancias contaminantes en las aguas panameñas, como se hizo en octubre de 1997.

Arjona resaltó que no hay evidencias de que la contratación estuvo precedida de una licitación o, en todo caso, de una autorización para que se celebrara por vía directa, como dicta la ley.

“Una atenta lectura [del contrato] parece indicar que su monto excede la suma de dos millones de dólares, por lo que requería la autorización del Consejo de Gabinete, trámite que fue obviado”, recalcó.

Según Arjona, el contrato “otorgó derechos y prerrogativas exagerados al concesionario”, pero este magistrado es minoría. Sus colegas en la Sala III de la Corte tienen otra opinión.

Winston Spadafora y Víctor Benavides –este último, actuando como ponente– fallaron que los funcionarios involucrados –en aquella época, los directores de la Autoridad, Hugo Torrijos y Rubén Reyna–, no incurrieron “en desviación de poder”, punto en que se apoyó la demanda de la Contraloría.

Procurador ignorado

El fallo es contrario a la opinión del procurador de la Administración, Oscar Ceville, que en noviembre de 2005 también pidió anular el contrato “por ilegal”.

De hecho, el contrato fue suspendido brevemente, el 16 de marzo de 2006, en un fallo que contó con la ponencia de Spadafora, el aval de Arjona y el salvamento del entonces magistrado Arturo Hoyos. A finales de febrero de 2007, la suspensión fue levantada, pues la empresa probó que era la única capaz de recolectar las sustancias contaminantes vertidas –accidentalmente o no– por los barcos en aguas territoriales panameñas.

Ceville llamó la atención de que los beneficios que obtiene OPC son un secreto, ya que el contrato no aporta elementos que permitan establecer a cuánto ascienden sus ganancias. También consideró que la Autoridad solo tiene facultad para otorgar concesiones para construir instalaciones portuarias, y no para la prestación de servicios de limpieza y descontaminación marina.

Una tasa a la medida

El fallo de Benavides y Spadafora también reconoce como válido el cobro de una “tasa” a los usuarios por parte de OPC.

“La esencia jurídica de una tasa –consideró la Contraloría– conlleva una prestación de un servicio público a favor de la persona que se ve obligada a satisfacerla”. Y Ocean Pollution, agregó, no cuenta con el equipo ni los recursos necesarios para la prestación del servicio.

“A ello añade que la tasa la debe cobrar el Estado y no un particular, beneficiándose a plenitud”.

La conexión

OPC fue creada el 14 de enero de 1997 e inscrita en el Registro Público dos días después. El contrato fue concedido a OPC oficialmente en octubre de 1997. En ese entonces y hasta hoy, OPC era presidido por Jovan Vukelja Matthews y actuaba como secretaria Virginia Sánchez de Pirro, una sobrina de la ex vocera presidencial Dorita de Reyna, esposa de Rubén Reyna, quien era sub administrador de la Autoridad Portuaria Nacional cuando se otorgó la concesión a esta empresa.

Sánchez también trabajó como asesora legal de su tío Rubén Reyna cuando este pasó a ocupar el puesto de administrador de la AMP.

Hoy, Rubén Reyna es socio de Vukelja en varias otras sociedades, como Ocean Pollution Control Overseas Inc. –creada en 2006– y en la que el ex funcionario aparece como secretario.

Además, Reyna es socio de Vukelja en Enviromental Solution Group Inc. S.A., –creada en 2006– en la que el primero figura como presidente y el segundo como vicepresidente. También, son socios en las sociedades Mundo Mar Inc., y Redes Técnicas de Panamá, S.A., ambas creadas en 2003, en las que Reyna es presidente y Vukelja, secretario.

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