
PRIORIDADES
Han sido múltiples los esfuerzos de diálogo que se han realizado para abordar los problemas profundos y arraigados que tiene el sistema de salud de Panamá. En cada uno de ellos se han aportado valiosas ideas en aras de mejorar los problemas de atención y de rectoría en salud que afectan a toda la comunidad del país.
Ninguna de estas iniciativas ha sido tan rica en participación social como la que se emprendió en el marco de la Concertación para el Desarrollo del país, que contó con cerca de 40 organizaciones de pacientes, jubilados, trabajadores, profesionales y técnicos de la salud, empresa privada, Iglesia en sus diferentes denominaciones, partidos políticos, ambientalistas, garantes, economistas, etnias indígenas y negra, abogados, Asamblea Nacional, Ministerio de Salud y Caja de Seguro Social, entre otras, y que fue facilitada por el PNUD.
Es necesario recordar que la Concertación para el Desarrollo surgió como un compromiso del actual gobierno, previo a la decisión mediante referéndum, de ampliar el Canal. Esta iniciativa tuvo el objetivo de estructurar la estrategia para el desarrollo y bienestar humano del pueblo panameño, sostenido por cuatro quinquenios con los excedentes de las utilidades del Canal de Panamá, ante las preocupaciones y temores de sectores de la ciudadanía de que estos fondos fueran desviados hacía la clase política y otros privilegiados de siempre.
En esta estrategia se incorporaron como prioridades, salud, educación, bienestar y equidad.
La consulta a la Mesa de Salud fue producto de la intoxicación masiva por dietilenglicol, que ocasionó la muerte de muchos panameños y de las permanentes quejas de los usuarios que no tienen acceso a citas médicas, cirugías y medicamentos en el momento que lo requieren.
El trabajo realizado por los integrantes de la Mesa de Salud abarca ejes temáticos fundamentales para la solución de los problemas que hoy por hoy persisten y que todo aspirante a conducir los destinos de nuestra nación está llamado a resolver.
El principio básico de la propuesta para transformar el sistema público de salud es el carácter público, sin privatización de los servicios. Se plantea la universalidad de la cobertura de los servicios, reconociendo el derecho de la población, sin ningún tipo de exclusiones, a recibir atención de salud con calidad y humanismo, la implementación de la estrategia de atención primaria que enfatiza las intervenciones que promueven salud y previenen enfermedades, se propone un modelo de gestión administrativa eficiente, con rendición de cuentas y participación social, la gestión por competencias del recurso humano, sistemas de evaluación de los servicios que incorporen indicadores de la situación de salud de las personas y no solo la cantidad de personas atendidas. Se presentaron mecanismos de financiamiento sostenible para el sistema público de servicios de salud, los cuales han sido objetados por algunos sectores, pero pueden ser evaluados para lograr el acuerdo de todas las partes.
Los países que han superado con creces los problemas de sus sistemas sanitarios son aquellos cuya razón de ser es el paciente y la satisfacción de sus necesidades, en los que la inversión en salud es suficiente y adecuada, la gestión administrativa es moderna, ágil y transparente, se desarrollan fuertes programas preventivos, pero además se ha arraigado el compromiso de los políticos mediante pactos, como el de Toledo en España, para garantizar la continuidad entre gobiernos, de los objetivos y metas en salud con una visión de Estado.
Rechazamos la decisión de archivar esta propuesta por parte del Ejecutivo, porque representa no solo indiferencia hacia la solución de necesidades básicas de las personas, pero también la falta de voluntad y el incumplimiento de la palabra empeñada para iniciar un esfuerzo de Estado, que debe ser continuado sin interrupciones ni postergaciones por los sucesivos gobiernos de nuestro país.
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