
La Fiscalía Electoral comprobó que varias personas que fueron excluidas del padrón electoral -por parte de los magistrados- por supuestos cambios de residencia dolosos sí viven y tienen derecho a votar en el lugar.
“Este despacho ha podido determinar que muchas de esas personas tienen derecho a votar allí, tienen vínculos reales y en consecuencia tenían derecho a votar en esa comunidad y no debieron haber sido excluidas”, dijo el fiscal electoral Primero, Carlos Díaz.
Los funcionarios electorales visitaron las comunidades de La Mesa, Juan Gil, Carriazo, Loma Bonita, San Miguel y Caña Blanca, ubicadas en las riberas del río Pacora, tomando declaración jurada a 16 personas. No es la primera vez que surgen diferendos entre la fiscalía y los magistrados del Tribunal Electoral (TE).
Hace poco el magistrado del TE Gerardo Solís le devolvió un expediente al fiscal general electoral, Boris Barrios, donde le ordena una indagatoria a un ministro en duros términos. También los magistrados y el fiscal han tenido diferencias, particularmente cuando los magistrados decidieron extender el fuero penal electoral a las primarias de los partidos.
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