
CABLES SOTERRADOS
Hace mucho tiempo que los ciudadanos de la capital no conocíamos una buena noticia urbana. La empresa de distribución eléctrica Unión Fenosa tiene una propuesta para reemplazar el tendido eléctrico aéreo por una red subterránea entre Vía España, Avenida Federico Boyd, calle 50 y vía Brasil, con un costo de 16 millones de dólares para ejecutarse en cuatro años, lo que implica la recuperación de la inversión a base de una tarifa mínima.
Esta no es la primera vez que la empresa presenta el plan a la Asociación de Servicios Públicos (Asep), que fue rechazado porque implicaba recargos en la tarifa. Además, previamente la iniciativa fue desacreditada por el viceministro de Vivienda, José Batista, por considerar que la inversión no era prioritaria para la ciudad.
Es evidente que la empresa privada no reacciona a estímulos de orden estético o acciones filantrópicas. La propuesta obedece obviamente a un costo benéfico rentable por la administración de la red. Indistintamente de la justificación de la propuesta, bienvenida sea porque puede mejorar el escenario visual de la ciudad y la calidad de vida de los habitantes, “siempre y cuando se aproveche la iniciativa para sumarla en conciencia y coordinación con otras acciones públicas que le corresponden al municipio y al Gobierno central”.
El interés de este artículo es ampliar este tema. Los servicios públicos en la urbe son interdependientes, por lo que debe ser planificado de manera interactiva para que funcionen óptimamente. Este axioma no es una novedad técnica; un grupo de profesionales hemos predicado esto por años. Recientemente, el arquitecto Rodrigo Mejía Andrión en uno de sus escritos sabatinos amplió y redundó sobre el tema.
Para que la propuesta sea una inversión óptima y justifique su costo de 16 millones de dólares y el tiempo de inconveniencias que va a causar su construcción, precisa que el plan sea interdisciplinario. Esto significa que para soterrar la red eléctrica, el municipio debe rediseñar y reparar las aceras, rampas y cordones eliminando letreros, basureros y sobre todo las barreras físicas para los discapacitados; además debe aprovechar esta iniciativa para restituir las aceras y antejardines robados al espacio público para estacionamientos. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) debe reubicar las paradas de buses que han prevalecido por costumbres absurdas y no por razones de orden vial. Le toca al Ministerio de Obras Públicas revisar el diámetro de los giros en las intersecciones de calles, restituir los cordón-cunetas que han sido tapados por múltiples capas de asfalto, instalados para programas de clientelismo político, sin consideración de la obstrucción que causan al sistema. La Dirección de Ornato del Municipio de Panamá debe resembrar todos los árboles que han sido talados ilegalmente o con pretextos legales, restituyendo el paisajismo de estas avenidas con especies nativas de exuberante belleza como guayacanes, acacias y roble sabana.
Urge que el Municipio de Panamá derogue los reglamentos y normas confusas y absurdas que regulan la construcción de aceras, jardines y antejardines en áreas públicas para que, junto con el MOP, la ATTT y el Mivi, elaboren un decreto municipal coherente, serio y conveniente en el que prevalezcan en ese territorio de uso público el interés para la circulación peatonal, particularmente de los discapacitados, prohibiendo el uso en las aceras para estacionamientos, instalación de publicidad exterior, tinaqueros o mobiliario urbano, excepto cuando coincidan con paradas de buses y pasos peatonales.
Es importantísimo que este nuevo decreto defina la norma para instalar los transformadores tipo plataforma que requiere Unión Fenosa para operar la red subterránea, al igual que los postes para la instalación de las luminarias del alumbrado público.
Si no se hace en esta ocasión, lo que hemos estado recomendando por años, con tanta insistencia y que reitero públicamente en este artículo, estaremos malgastando los 16 millones de la inversión y desaprovechando una oportunidad de oro para cambiar la cara del centro de la ciudad en beneficio del escenario urbano, la calidad de vida de sus habitantes y, sobre todo, de los peatones, que son los más afectados por el desorden actual.
La Asep, dirigida por el ingeniero Víctor Urrutia, tiene una oportunidad única para darle curso e iniciativa a esta gestión de orden urbano que ha estado esperando por décadas en el limbo de las prioridades del Ministerio de Vivienda y el Municipio de la ciudad de Panamá.
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