Fiscal electoral alega que los servicios son ad honórem

Elección de asesores atenta contra la ley

Boris Barrios desconoció el contenido de los códigos Judicial y Electoral, cuando buscó asesoría en tres miembros del Partido Panameñista.

PERMANENCIA. Boris Barrios fue nombrado fiscal en mayo pasado, para completar el período de Gerardo Solís. En diciembre se le extendió su nombramiento, por 10 años. LA PRENSA/Archivo1145059

El fiscal electoral Boris Barrios desconoció varias disposiciones legales vigentes, cuando escogió a Alejandro Pérez, Jaime Barroso y Dennis Allen como “asesores”.

Pérez y Barroso están inscritos en el Partido Panameñista, mientras que Allen –que fue magistrado del Tribunal Electoral hasta diciembre de 2006– fue asesor de ese partido y sus servicios fueron pagados con fondos del subsidio electoral.

El Código Electoral, en su artículo 31, prohíbe a los servidores de la Fiscalía Electoral “toda participación en la política”, salvo la emisión del voto.

Así mismo está contenido en el Código Judicial, que su artículo 46 dicta que los cargos del Órgano Judicial y del Ministerio Público son incompatibles con el activismo en política.

“También son incompatibles con cualquier otro cargo o actividad, aunque no sean retribuidos”, señala el mismo artículo.

El fiscal Barrios anunció –mediante un comunicado– que hará una “consulta” con la autoridad “competente”, para que, por la vía de la “interpretación”, se determine si se puede contratar –“bajo pago de emolumentos”– a asesores externos. Con ello busca “evitar perjuicios a las personas que acepten prestar servicios a la entidad”.

Barrios –que cuando fue notario tomó declaración patrimonial al presidente, Martín Torrijos, y a la candidata del PRD, Balbina Herrera– recalcó que no se ha hecho pago alguno y que, hasta la fecha, los asesores externos prestan sus servicios ad honórem, es decir, gratis. “Así lo seguirán haciendo”, prometió.

Alejandro Pérez, en tanto, señaló que a él se le contactó para que asesorara como abogado. Por eso –dijo– se le pagaría mediante un contrato de servicios profesionales.

“La gente piensa que yo soy un funcionario, que estoy en la institución, pero estoy en mi oficina, y la Fiscalía Electoral es un cliente más que yo tendría”, aclaró.

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