MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA

La prevención contra la delincuencia

La tendencia alcista de los índices delincuenciales en Panamá tiene alarmada a la sociedad. A diferencia de otros países de la región, en los que la delincuencia es parte de la vida diaria, en Panamá este flagelo se constituye en un cuerpo extraño no tradicional en la imaginaria social, sobre todo, en la de aquellos panameños mayores de 40 años.

La inseguridad lleva a la sociedad a exigir más vigilancia y presencia policial y “mano dura” en la lucha contra el crimen, pero esto no resuelve el problema de fondo. Enfrentar la criminalidad conlleva una serie de acciones que deben estar concatenadas y que deriven de políticas bien estructuradas por el Estado, como lo sería una política criminológica y de seguridad ciudadana o humana. Cuando hablamos de diversas acciones, hacemos referencia a que la represión policial no es el único ingrediente para combatir la criminalidad. Es una parte del esfuerzo, pero no la solución. Según José Ingenieros la prevención tiene más importancia que la represión misma.

La delincuencia como fenómeno, no surge espontáneamente, es producto de varios factores: carencia de educación, falta de corresponsabilidad de los padres con sus hijos, producto de hogares desintegrados; de una necesidad de subsistencia, y de la injusticia. Esto es un caldo de cultivo para ir fraguando la formación de futuros delincuentes en entornos difíciles.

La delincuencia persistirá en la medida en la que el Estado descuide la educación de los jóvenes y deje de darle seguimiento a las causas de la deserción escolar. Los hombres y mujeres forman su personalidad dentro de la sociedad en que viven, por lo que la educación es un proceso continuo de adaptación del individuo a la sociedad. La inadaptación social es el resultado de desequilibrios diversos entre la personalidad y el medio.

Esto hace más complejo el problema y nos permite entender por qué las acciones punitivas de la Policía no bastan. Tras estudiar el problema de las maras en Centroamérica, observo que la mano dura o mano durísima, no han resuelto el problema; peor aún, lo han agravado.

Para una sociedad como la nuestra, muy poco acostumbrada a estos problemas, hay poco entendimiento de este asunto que no sea únicamente la represión. Y es lógico esto cuando todos los días vemos la comisión de delitos horripilantes.

Por supuesto que se requiere más respuesta policial en las calles, pero no para reprimir, sino para prevenir. Tiene que haber mano firme en la aplicación de la justicia y una política de readaptación social. Sea cual fuere el régimen de delitos y penas vigentes, es indispensable la organización sistemática de las cárceles, conforme a un plan conjunto, y sus condiciones de reforma y seguridad deben adaptarse a las categorías de los sujetos. Mencioné que es imperativo el desarrollo de una política criminal que permita enfrentar las acciones delictuosas que amenazan la cohesión y desarrollo armónico de nuestra colectividad. En esa dirección nos encaminamos en el Ministerio de Gobierno y Justicia, pues hemos desarrollado y aprobado –por la Comisión de Justicia y Paz– un documento que se constituirá en el marco conceptual para el desarrollo de la política de seguridad, de la cual tenemos ya un proyecto que someterá el ministro Arcia a la sociedad civil.

Estas políticas deben complementarse con mecanismos de coordinación interinstitucional, para lograr las metas y resultados deseados. En pocas palabras, tender puentes de comunicación entre las instituciones involucradas: las autoridades de cumplimiento de la ley, el Ministerio Público y el Órgano Judicial. Por supuesto, con la participación de la sociedad civil.

La política criminal es, en consecuencia, una parcela de la política jurídica del Estado, que a su vez es parte de su política general. La programación y realización de una correcta y coherente lucha contra la delincuencia, depende del apoyo y fomento de los estudios tendientes a describir el sistema de reacción social y a determinar los lineamientos y los medios más eficaces.

Como vemos, esta lucha va más allá de las acciones policiales, que sin duda son importantes, pero no definitivas.

Para combatir el crimen, el Estado debe abocarse a una política de prevención, con todos los recursos disponibles.

Paralelamente, las instituciones policiales deben ser reforzadas para convertirse, no solo en agentes represivos sino preventivos.

Además, quienes delinquen deben ser capturados, procesados y condenados, todo ello dentro de una política penitenciaria orientada a resocializar.

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