TRAYECTORIA

Un cómplice de la dictadura

Hace unos días, medios extranjeros informaron que Aristides Royo, embajador de Panamá en la OEA, pretendía reemplazar a José Miguel Insulza en la Secretaría General de esa organización, una vez Insulza renunciara para presentarse como candidato presidencial en Chile. Supuestamente, Royo contaría con el apoyo de Estados Unidos, Colombia y el propio Insulza.

El lunes se supo que Insulza no aspirará a la Presidencia de Chile en esta vuelta, lo que disipó –por el momento– las pretensiones del representante panameño en la OEA. En el ínterin, sin embargo, las intenciones de Royo, una vez conocidas, ocasionaron gran indignación en Panamá. Sus calificaciones para representarnos en un organismo internacional que tiene la misión de “promover y consolidar la democracia representativa” en la región, según lo expresa la Carta de la OEA (Art. 2), han sido harto cuestionadas, sobre todo en los últimos días.

Royo inició su carrera política a raíz del golpe castrense de 1968, que abolió todo vestigio de democracia representativa en Panamá y persiguió, torturó y asesinó a cientos de personas. En 1972 fue miembro de la comisión redactora de la constitución impuesta por los militares, cuyo artículo 277 declaró a Omar Torrijos “jefe de gobierno” y le otorgó poderes omnímodos, criticados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) en su Informe de país sobre Panamá (1978).

En 1973 Torrijos lo nombró ministro de Educación. En el ejercicio de ese cargo contribuyó a la politización y deterioro del sistema educativo, cuyas consecuencias son cada vez más evidentes. En 1977, fue negociador de los tratados del Canal, incluyendo el tratado Torrijos–Carter de neutralidad, que concede a Estados Unidos un supuesto derecho de intervención en Panamá.

El 11 de octubre de 1978, Omar Torrijos lo hizo escoger “presidente de la República” por la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento. En el Informe de país arriba mencionado, publicado pocos meses antes, la CIDH estableció que el régimen castrense al cual servía Royo ejercía “sus poderes en una forma muy arbitraria, lo cual resulta en graves violaciones a los derechos humanos fundamentales”.

Esas violaciones no cesaron bajo la presidencia de Royo. Durante el gobierno que encabezó, agentes estatales encubrieron a los autores de crímenes de lesa humanidad cometidos previamente, como la desaparición forzada de Rita Wald (1977) y los asesinatos de Jorge Camacho y Demóstenes Rodríguez (1978), dirigentes estudiantiles. Así lo establece el Informe Final de la Comisión de la Verdad (2002). Dichos encubrimientos violan la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y otros instrumentos del Sistema Interamericano que promueve la OEA.

Tras la revolución iraní de 1979, Panamá dio asilo al depuesto gobernante Mohamed Reza Pahlevi –sha de Irán y autodenominado “rey de reyes”– cuyo régimen, como la dictadura panameña, estuvo caracterizado por la represión y la corrupción. La decisión de acoger a Pahlevi produjo protestas ciudadanas que fueron reprimidas con extraordinaria violencia.

Entre otros opositores al régimen, el Dr. Miguel Antonio Bernal, catedrático de derecho y actual candidato a alcalde de Panamá, recibió una monstruosa paliza a manos de miembros de la seguridad del Estado. Las imágenes de esa represión merecen ser divulgadas ampliamente en todos los Estados miembros de la OEA, como testimonio del desprecio del gobierno de turno por los derechos humanos (ver: http://www.youtube.com/watch?v=wmp_GHsWjsM).

Durante su presidencia, que terminó en 1982 tras su despido por el jefe militar Rubén Paredes, Royo tuvo acceso a una partida reservada de 17 millones de dólares. Según el ex contralor Rubén Darío Carles, quien hizo la revelación en 1990 en La Prensa, éste y otros fondos creados durante el régimen militar en varias oficinas públicas “fueron manejados personalmente por los titulares de dichos cargos” y su control “estaba fuera de toda posible verificación oficial”.

La sociedad panameña tiene la legítima aspiración de contar, en la administración pública, con personal idóneo, honrado, con vocación de servicio y sólida formación democrática. Un funcionariado público sin esas calificaciones reduce nuestras posibilidades de desarrollo y menoscaba el prestigio de la nación. Ya es tiempo de que descartemos, del sector público, a los partidarios del autoritarismo, los aprovechadores del erario y los cómplices de la dictadura.

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