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Una nueva arista se desvela en la polémica surgida a raíz de la destitución, el pasado 19 de diciembre, de la jueza de Niñez de Colón, Alba Aponte Vernaza, por supuestas faltas a la ética en un proceso de reglamentación de visitas de menores de edad.
Se trata de las posibles vinculaciones que tiene la magistrada del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, Marcela Gómez de Antinori –una de las dos magistradas que firmó la destitución de la jueza Aponte– con Ariosto Ramos, uno de los impulsores de la queja que provocó la salida de la funcionaria del sistema judicial el pasado 19 de diciembre de 2008.
Ramos, según documentos obtenidos, fue designado por Gómez de Antinori como abogado sustituto en un proceso penal en el que ella, la hoy magistrada, era la defensora. La designación de abogado sustituto fue presentado en diciembre de 2001 ante la Personería Quinta Municipal de Panamá, según los mismos documentos.
A juicio de los abogados de Aponte Vernaza, la magistrada Gómez de Antinori debió declararse impedida de conocer el proceso disciplinario promovido por Ramos que culminó con la destitución de su representada. Contrario a ello, la magistrada y su colega del Tribunal de la Niñez, Judith Cossú, firmaron la sanción disciplinaria de destitución contra la jueza Aponte. Este diario, empero, no pudo obtener una reacción de la magistrada Gómez de Antinori.
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