derechos posesorios

Asamblea insistirá en proyecto de titulación

Una subcomisión se encargará de hacer consultas y se espera tener un borrador para votar el proyecto la próxima semana.

COMISIÓN DE HACIENDA. Los diputados Demetrio Tapia, Marcelino Mudarra, Pedro Miguel González y Freidi Torres. LA PRENSA/Jorge Fernández1134612

Pese a la advertencia que hizo el presidente, Martín Torrijos, de que vetará el proyecto de ley que busca titular las islas y costas si se aprueba sin consenso, el diputado Pedro Miguel González dijo ayer que continuará la discusión hasta que la iniciativa pase el primer debate.

Para ello creó una subcomisión que se encargará de recoger, de forma permanente esta semana, todas las inquietudes y sugerencias para elaborar un borrador de proyecto que debe ser aprobado en primer debate la próxima semana. “Me comprometo a llevar a votación el proyecto antes del 31 de diciembre”, dijo González.

La oposición, tanto al proyecto original como a las modificaciones –según dijo González–, también viene de parte del contralor general de la República, Carlos Vallarino, y del ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander.

A ellos se suman los candidatos presidenciales de la oposición, Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli, quienes han dicho que la venta de las islas y costas es un negociado del gobierno, que el propio presidente Torrijos le sacará provecho.

González, quien preside la Comisión legislativa de Hacienda, pidió a los defensores del proyecto que asistan a los medios de comunicación a hacer la lucha y que hablen con los candidatos presidenciales, ya que ellos solos no pueden.

También dijo que hay diputados de oposición que están pidiendo que se suspenda la discusión por el costo político, pero que él lo llevará a cabo. Igualmente manifestó que había recibido sugerencias de que el proyecto fuera enviado a la Concertación Nacional para el Desarrollo para su consenso.

En tanto, el productor agropecuario de la región de Azuero y dueño de derechos posesorios Abel Domínguez dijo que pese a que la ley le hace justicia a pequeños propietarios de costas y parcelas insulares, no se garantiza un freno al “juega vivo” de los políticos e inversionistas porque no hay estudios socioeconómicos en las áreas de costas e islas. Opinó que lo adecuado es legislar sobre los tribunales agrarios, como lo propuesto por la Corte Suprema de Justicia, y luego sobre este tema.